Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
414
8, apartado 3). Sin embargo, esta condición no debería legitimar al Estado que ha expresado
su voluntad de no recibir informaciones automáticamente, a no respetar dicha
obligación alegando la falta de reciprocidad del intercambio.
El principio de reciprocidad introduce una cláusula «anti-free-riding». Los Estados miembros
informarán a la Comisión de las categorías de renta y de patrimonio respecto de
las cuales dispongan de información (art. 8, apartado 2), y si un Estado no comunica al
menos una categoría, se le puede considerar interesado en no recibirlas 25 .
Finalmente se establece el «intercambio espontáneo» (art. 9), que se realiza a iniciativa
de un Estado miembro que comunica a la autoridad de otro Estado informaciones útiles
para la estimación de los impuestos. La comunicación espontánea es facultativa en todos
los casos en que las informaciones se consideren útiles para otra administración (art. 9,
apartado 2) y obligatoria cuando se den específicas condiciones (art. 9, apartado 1) que
reúnan «motivos fundados» que indiquen una situación fiscalmente anómala.
Dicha «obligación» de transmisión espontánea se refuerza al establecerse un término
(ausente en la antigua Directiva) asignado por la autoridad competente de uno de los
Estados miembros que tiene informaciones relevantes, para transmitirlas «a la autoridad
competente de cualquier otro Estado miembro afectado por dicha información, lo
antes posible, y a más tardar en el plazo de un mes a partir de la fecha en que dispuso
de la misma» (art. 10).
Relacionada con la modalidad de intercambio «facultativo» de información espontánea
se encuentra la disposición que permite al Estado miembro que ha recibido la información
solicitada, transmitirla a la autoridad de un tercer Estado miembro si lo considera
útil para los objetivos de la Directiva, y a condición de que dicha transmisión sea conforme
a las normas y a los procedimientos establecidos en la Directiva. Se mantiene el
derecho del Estado miembro de origen de las informaciones, que debe ser informado,
a oponerse a dicho intercambio (art. 16, apartado 3).
Un Estado miembro puede también compartir con otro Estado miembro información recibida
por un tercer país, siempre que esta posibilidad se contemple en el articulado de un
acuerdo con dicho tercer país (art. 24, apartado 1). A sensu contrario, la autoridad competente
de un Estado miembro puede transmitir a un tercer país la información conseguida de
25 Sobre la novedad de la introducción de dicho principio de «reciprocidad» y sobre su limitada eficacia,
véase M. Vascega-S. Van Thiel, «Assessment of Taxes in Cross-Border Situations» cit., p. 153.