Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
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Con todo, si observamos que el acuerdo técnico de abril de 2000 no es eficaz, cabe
preguntarse por la posibilidad de adoptar protocolos de actuación adecuados, y en el
marco de una cooperación policial entre las autoridades. Para ello, debemos analizar si
es factible localizar dichos protocolos en el denominado Espacio de Libertad, Seguridad
y Justicia de la UE. No obstante, conviene determinar cuál es la situación de Reino
Unido en dicho Espacio. Así, según recoge el Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino
Unido y de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al TUE
de Lisboa, se establece una cláusula opting out para las medidas relativas a controles en
fronteras, asilo e inmigración, y cooperación judicial en materia civil, a las que se añaden
la cooperación policial y judicial en el ámbito penal. Además, el Protocolo nº 19, sobre
el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, prevé un complejo
procedimiento que permite al Reino Unido no participar en una iniciativa que desarrolle
el acervo Schengen a pesar de haber aceptado el acto de Schengen en el que se apoya
dicho desarrollo. A partir de estos Protocolos, cierta normativa sobre cooperación
policial ha sido asumida por Reino Unido, y por ende por Gibraltar, de acuerdo con las
Decisiones 2000/365/CE, y 2004/926/CE. Según las mismas, se aplicará a Gibraltar la
normativa sobre asistencia policial, cooperación para la tramitación de información y
protección de datos de carácter personal. Ello incluye la normativa sobre la asistencia
e intercambio de información entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en materia de
lucha contra la pornografía infantil, fraude y la falsificación de medios de pago, blanqueo
de capitales, trata de seres humanos, uso conjunto de los funcionarios de enlace, delitos
de terrorismo y delincuencia organizada. Sin embargo, se ha excluido expresamente
la normativa sobre cooperación policial en relación con el derecho de vigilancia transfronteriza
y persecución en caliente por vía terrestre. En definitiva, la normativa aplicable
a Gibraltar en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, no ofrece
herramientas adecuadas para mejorar la cooperación entre las autoridades españolas y
gibraltareñas en las «aguas en disputa», evitando de este modo los continuos incidentes.
Como una segunda opción, conviene atender a la posibilidad de ubicar los protocolos
de actuación conjunta en la lucha contra el tráfico de drogas en el seno del Foro tripartito
de Diálogo, como marco de cooperación transfronteriza ad hoc.
En dicho Foro, la posición española es clara en cuanto que defiende la necesidad de una
cooperación policial en la Bahía de Algeciras y Gibraltar, si bien existen discrepancias
entre los partidos mayoritarios en el Congreso sobre el alcance de dicha cooperación
—si se debe enmarcar o no en el Foro—, y sobre si se debe dejar expresamente clara a
las autoridades gibraltareñas la posición española sobre las «aguas en disputa» en cualquier
protocolo de actuación que se logre establecer. La posición del Gobierno español
es bastante negativa, en cuanto que no considera viable a corto plazo la adopción de
acuerdos o protocolos formales, mientras se mantenga la disputa soberanista. Por otra