Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
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considera que Gibraltar posee aguas jurisdiccionales que coincidirían con las «aguas
en disputa» y que serían las siguientes: 1,5 millas en la zona de poniente dentro de la
Bahía de Algeciras, y que serían Aguas Interiores al albergar el puerto de Gibraltar;
3 millas en la zona de levante, siendo consideradas como Mar Territorial y en donde
se realiza el denominado Bunkering, esto es, el suministro de combustible a buques
fondeados — práctica prohibida por la legislación española—; y 3 millas de Mar Territorial
en la zona sur del Estrecho. Otra cuestión distinta son las aguas en torno al
Istmo de Gibraltar, de soberanía española pero que Reino Unido las considera de su
jurisdicción por el discutido principio en Derecho Internacional de prescripción adquisitiva.
La posición española se ha fundamentado en reivindicar diplomáticamente
su soberanía, pero sin llevar a la práctica dicha reclamación, al permitir la jurisdicción
y control británicos sobre todas las aguas en litigio, tanto en torno al Peñón como en
el Istmo.
Junto a esta problemática, podemos citar otras dos controversias en materia de medio
ambiente. En efecto, la primera de ellas trata de la designación de Lugares de Interés
Comunitario (LIC) por parte de la Comisión Europea. Así, en 2006, Gibraltar consiguió
un LIC en la zona denominada Southern Waters of Gibraltar, que comprende la mayor
parte de sus aguas adyacentes. España, por su parte, además de presentar una objeción
por escrito, consiguió la declaración de un LIC en una zona marítima denominada
Estrecho Oriental, que se solapaba sobre el LIC gibraltareño. Esta situación provocó
un procedimiento judicial ante el Tribunal de Luxemburgo, iniciado en mayo de 2009,
y que actualmente se encuentra a la espera de resolución de un recurso de casación.
La segunda de las problemáticas sería la aplicación en la denominada «demarcación
del Estrecho y Alborán», de la Estrategia Marina Europea a través de la Ley 41/2010,
de 29 de diciembre, y que implicará la necesaria cooperación de las autoridades no
solamente gibraltareñas, sino también marroquíes, para alcanzar un buen estado ambiental
en la zona, lo cual se observa bastante complicado dada la inexistencia de
delimitación de fronteras marítimas entre España, Marruecos y Reino Unido.
A pesar de todas estas problemáticas, podemos afirmar que en la lucha contra el tráfico
de drogas existe una cierta cooperación entre las autoridades españolas y gibraltareñas.
En efecto, ya desde 1989 existe un Acuerdo entre España y Reino Unido en
materia de prevención y represión del tráfico ilícito y el uso indebido de las drogas,
aplicable a Gibraltar. Más concretamente, en abril de 2000, se firma un acuerdo técnico
de cooperación policial. Dicho acuerdo, que no afecta las reivindicaciones de
ambos países, incluye la cooperación en la prevención y la lucha contra la delincuencia
organizada transfronteriza y otras formas de delincuencia en la región, organizadas o
no, incluidos el terrorismo, el tráfico de seres humanos y los delitos contra menores, el