Libro de Actas - Europa

Análisis del control financiero del FEDER en el marco de la cooperación territorial europea
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Cogestión
La Cohesión Económica, Social y Territorial es una competencia compartida de acuerdo
con el artículo 4.2 TFUE. El hecho de que tal competencia sea compartida implica
que entra en juego el principio de subsidiariedad (art. 5.3 TUE), por el cual «la Unión
intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni
a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión». Por su parte, el
art. 5.4 TUE señala que «En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la
forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos
de los Tratados». Como resultado de la interpretación que el Consejo de la UE ha hecho
de ambos principios, el Reglamento financiero de los Fondos estructurales 1083/2006,
señala que en lo concerniente al gasto de los Fondos estructurales, «la responsabilidad
principal de la ejecución y del control de las intervenciones debe corresponder a los
Estados miembros».
En la práctica, los principios arriba señalados implican que son los Estados miembros y
sus regiones los que sobre el terreno conceden o deniegan el dinero para los proyectos
que son llevados a cabo por los beneficiarios. Sin embargo, a pesar de que son los Estados
miembros los que tienen la responsabilidad sobre el terreno, es la Comisión la que
asume la rendición de cuentas, de acuerdo con el artículo 317 del TFUE: «La Comisión,
bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará
el presupuesto en cooperación con los Estados miembros». La Comisión tiene una responsabilidad
política que se sustancia ante el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
mediante el descargo presupuestario, mientras que los Estados miembros tienen una
responsabilidad financiera que se sustancia a través de las suspensiones de pagos y las
correcciones financieras.
Como resultado de las disposiciones de derecho europeo originario y derivado señaladas,
la Comisión se erige como responsable del uso que los Estados miembros hacen
del presupuesto de la Unión. En principio, esto no debería ser un problema si hubiese
un alineamiento perfecto entre las necesidades y las preferencias de las políticas de
gestión financiera de la UE y de los Estados miembros. Sin embargo, ese no es el caso,
por distintos motivos:
1. Las complejidades inherentes al marco normativo de gestión financiera de la UE
generan malentendidos entre los actores involucrados en el proceso de ejecución y
control presupuestarios.