Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
322
cits en materia de desarrollo humano, de infraestructuras y de equipamiento. También
crea un fondo de solidaridad interregional destinado a repartir, de manera equitativa, los
recursos para reducir las disparidades entre las regiones.
Por otro lado, niega la Constitución que ninguna colectividad territorial, incluidas las
regiones, pueda ejercer tutela sobre otras. Coherentemente con ello asigna un papel
preeminente a los demás entes territoriales en la elaboración y seguimiento de los programas
de desarrollo regional y de los esquemas regionales de ordenación del territorio.
Permite, cuando sea necesario, el concurso de varias colectividades territoriales
para la realización de un proyecto común, dejando en manos de las colectividades concernidas
la decisión sobre el modo de cooperar al efecto. De ahí que consienta la agrupación
regional para compartir medio y programas.
No olvida la Constitución establecer los mecanismos de relación entre las regiones y el
Estado. En tal sentido, indica que, en ellas, los Walis representan al poder central, para
asegurar en nombre del Gobierno, la aplicación de las leyes, ejecutar los reglamentos y
decisiones gubernamentales y ejercer el control administrativo. A su respecto añade que
asisten a los presidentes de los Consejos regionales en la ejecución de los programas de
desarrollo, coordinan la actividad de los servicios desconcentrados de la Administración
central y velan por su buen funcionamiento.
No obstante, a cuanto se lleva dicho del tratamiento constitucional de las regiones debe
añadirse que la propia Constitución convoca a la Ley Orgánica para precisar: a) las condiciones
de gestión democrática por las regiones de sus asuntos, el número de consejeros,
las reglas relativas a la elegibilidad, a las incompatibilidades y a los casos de
interdicción por cúmulo de mandatos, así como al régimen electoral y a las disposiciones
destinadas a asegurar una mejor participación de las mujeres en el seno de estos
Consejos; b) las condiciones de ejecución de las deliberaciones y de las decisiones de
los Consejos regionales; c) las condiciones de ejercicio del derecho de petición; d) las
competencias propias, las compartidas con el Estado y las transferibles a las regiones;
e) el régimen financiero de las regiones, incluyendo: la definición de las fuentes de ingresos
regionales, así como los recursos y modalidades de funcionamiento de los fondos
que crea, esto es, de nivelación social y de solidaridad interregional.
Del referido tratamiento constitucional de la regionalización avanzada tan solamente se destacará
aquí la naturaleza puramente administrativa que le confiere la Constitución al fenómeno
regional; el papel que esta parece reservarle a la región como motor para el desarrollo
económico del país. Dicho sea sin perjuicio de la naturaleza apenas esbozada en la Constitución
del fenómeno regional, precisado de una Ley Orgánica para su concreción definitiva.