Libro de Actas - Europa

El estado de la cooperación territorial en la Unión Europea
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daba suficientes frutos, el artículo 130A del AUE recogía el deseo de la Comunidad de
reducir y llegar a poner fin a las diferencias existentes entre las regiones europeas: «A
fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará
y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social.
La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre las diversas
regiones y el retraso de las más desfavorecidas». Y el artículo 130C decía del FEDER
que estaba «destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios
regionales dentro de la Comunidad mediante la participación en el desarrollo y en
el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las
regiones industriales en decadencia».
No fue fácil en aquel momento descubrir el contenido del concepto de Cohesión económica
y social ya que esta no aparecía definida en el AUE, y el artículo 130A tenía un
contenido tautológico puesto que venía a decir que la Cohesión económica y social tenía
por objeto lograr la Cohesión económica y social. Más tarde, sobre la marcha se fue
viendo que la Cohesión significaba en gran medida la prolongación de la Política Regional
desarrollada hasta entonces, pero con nuevas energías. De ello se ocupó la reforma
de los Fondos estructurales que se llevó a cabo en 1988. Los reglamentos adoptados
al efecto aquel año para el periodo 1989-1993 introducían una especie de «terapia de
choque» destinada a acabar definitivamente con las desigualdades regionales. Todos los
Fondos estructurales —a la sazón el FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)— se concentraban para alcanzar
cinco objetivos concretos establecidos por la Comunidad en unas regiones determinadas
—las más desfavorecidas— cuyo PIB estaba por debajo del 75 % de la media
comunitaria. Más tarde se añadiría el Fondo de Cohesión y el Instrumento Financiero
para la Ordenación de la Pesca (IFOP) 3 . Además, entre 1989 y 1993 la disponibilidad de
los Fondos se multiplicaría por dos, pasando, efectivamente, de más de siete mil millones
de ECUs en 1989 a más de catorce mil millones en 1993. En total, entre 1989 y 1993
la Comunidad desembolsó alrededor de sesenta mil millones de ECUs, es decir, unos
ocho billones de las pesetas de entonces. De los cinco objetivos, al primero de ellos —
fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas— fue
a parar alrededor del 80 % de los Fondos, y ese objetivo afectaba a todo el territorio de
Portugal y, dentro de España, a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y
Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias y Murcia.
3 Sobre los Fondos estructurales y la reforma de 1988 puede consultarse nuestro trabajo «Los Fondos
estructurales y sus reformas», Cuadernos de Estudios Empresariales nº 9, 1999, pp. 333 y ss.