cn09-024 dictamen que se emite en relación a la consulta ... - AVPD

CN09-024
DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE XXXXX SOBRE LA SOLICITUD DE DATOS DEL
PADRÓN REALIZADA POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE XXXXX.
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 22 de abril de 2009 tiene entrada en esta Agencia Vasca de
Protección de Datos oficio del Ayuntamiento de XXXXX por el que se eleva consulta
en relación con el asunto arriba referenciado.
SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de
Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de
Protección de Datos la siguiente función:
“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal le
formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se refiere
el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en relación con
los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley.”
Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la
normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta
formulada.
CONSIDERACIONES
I
La consulta realizada plantea la existencia de dudas acerca del ajuste a la normativa
de protección de datos de la conducta que por la Diputación Foral de XXXXX se
solicita al Ayuntamiento, conducta que consistiría en la cesión de “una copia

actualizada del fichero formado con los datos del nombre, apellidos, domicilio, sexo y
fecha de nacimiento que constan en el Padrón Municipal de habitantes
correspondientes al Ayuntamiento de XXXXX”.
El intento de ofrecer respuesta a dichas dudas exige realizar, siquiera sea
brevemente, un repaso del régimen jurídico al que se encuentra sometido el padrón
municipal.
Dicho régimen jurídico se contiene, básicamente, en los artículos 15, 16 y 17 de la
Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por las Leyes 4/1996, de 10
de enero, de modificación de la LBRL en esta materia y en la Ley Orgánica 14/2003,
de 20 de noviembre de Extranjería
Interesa destacar, a los efectos del presente Dictamen, el artículo 16, a cuyo tenor:
“1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los
vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en
el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de
dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y
fehaciente para todos los efectos administrativos.
La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que subsista el
hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación
periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente.
El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para
acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de
renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal
renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa del interesado.
2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo
los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Domicilio habitual.
d) Nacionalidad.
e) Lugar y fecha de nacimiento.
f) Número de documento nacional de identidad o tratándose de extranjeros:
Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades
españolas o, en su defecto, número del documento acreditativo de la
identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de
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procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de estados miembros
de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un
convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los
ciudadanos de los Estados mencionados.
Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor,
expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser
titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las
autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales
de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo g)
Certificado o título escolar o académico que se posea.
g) Certificado o título escolar o académico que se posea
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del
Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución.
3. Los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones
Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente
cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas
competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el
domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar
estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos
previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo de la Función Estadística
Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con
competencia en la materia (Redacción dada por la LO 4/2003).
De acuerdo con lo declarado tanto por las autoridades de control como por los
Tribunales pueden destacarse, desde la perspectiva de protección de datos, las
siguientes características respecto al Padrón Municipal:
El Padrón Municipal de Habitantes es un registro de población de naturaleza
administrativa, donde constan los vecinos del municipio y constituye elemento
probatorio a efectos de acreditación de la residencia en el municipio y del domicilio
habitual en el mismo.
Los datos del padrón son confidenciales pues contienen datos propios del ámbito de
privacidad de los empadronados como se infiere de la simple lectura del artículo
16.2 de la Ley de Bases de Régimen Local donde se exponen los datos que
obligatoriamente constan en el Padrón y que están sometidos a la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal con la única excepción contenida en el
artículo 16.3 de dicha Ley de Bases.
De conformidad con lo establecido en el citado artículo 16 de la Ley de Bases de
Régimen Local, la expresión “datos del Padrón municipal” se refiere a los datos que
en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón
Municipal: la determinación de la residencia en el municipio y del domicilio habitual
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en el mismo, la atribución de la condición de vecino, de modo que permita la
determinación de la población del municipio.
La utilización de los datos del Padrón con una finalidad diferente se rige por lo
dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, requiriendo
el consentimiento de los afectados para su tratamiento.
Existe una coincidencia prácticamente total entre los diferentes órganos de control
de protección de datos, en considerar que dicho artículo 16.3, por una parte,
únicamente posibilita la cesión de aquellos datos que en sentido propio sirven para
atender a la finalidad a que se destina el padrón (determinación del domicilio o
residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la
determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y
domicilio, en definitiva, datos identificativos y datos de domicilio, no cualquier otro) y,
por otra, que únicamente será posible dicha cesión de esos concretos datos para el
ejercicio de una competencia del cesionario en la que el domicilio o la residencia sea
un dato relevante.
La Administración peticionaria deberá justificar ante el Ayuntamiento la función que
se propone realizar con los datos padronales, debiéndose acreditar la relevancia de
la residencia o el domicilio, y además, deberá encuadrar dicha función en alguna de
las competencias que le reconoce el ordenamiento jurídico indicándola
expresamente en su petición.
Por ello, cualquier cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad
por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el
dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la LOPD se
deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que
motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba.
Fuera de los supuestos contemplados en dicho artículo 16. 3 de la LBRL, la
comunicación de los datos se ajustará a lo previsto en el artículo 11 de la LOPD.
Se trata a continuación de comprobar si la comunicación de datos de carácter
personal obrantes en dicho Padrón que se solicita se adecua a las condiciones
reseñadas más arriba. Básicamente, si el cesionario es titular de una competencia
cuyo ejercicio requiere encontrarse en posesión de los datos solicitados, si el
domicilio es un dato relevante para el ejercicio de dicha competencia y si el resto de
datos son los adecuados, pertinentes y no excesivos para el ejercicio de dicha
competencia.
En dicha comprobación no dejará de tener relevancia el hecho de que los datos
solicitados lo sean de todos los vecinos del municipio y que, de acuerdo con la
información recabada por esta Agencia Vasca de Protección de Datos, igual solicitud
haya sido cursada a la totalidad de los municipios del Territorio Histórico de XXXXX,
lo cual, sin duda hace más compleja la operación desde la perspectiva de protección
de datos de carácter personal.
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En el supuesto sometido a consulta, y de acuerdo con la documentación que se
adjunta, la Diputación Foral de XXXXX hace mención expresa en la solicitud cursada
al Ayuntamiento, en primer lugar y aunque no de forma completa, al artículo 16.3 de
la LBRL.
De la misma manera dicha Diputación apunta lo que, según entiende esta Agencia,
es la finalidad inicial a la que se destinarán los datos cedidos, “… poder llevar a cabo
uno de los ejes del proyecto XXXXX, en concreto para dar servicio de correo
electrónico a la ciudadanía del Ayuntamiento de XXXXX, bajo el dominio
XXXXX.eu.”
Por último, expresa la Diputación que “…solicita los datos en desarrollo de las
competencias que en su ámbito de aplicación le confiere el artículo 2 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la ciudadanía a los Servicios
Públicos con el fin de informar, desarrollar y ejecutar proyectos que acerquen la
Administración a la ciudadanía y faciliten la interacción entre ambos a través de
internet garantizando el derecho de igualdad de la ciudadanía en el acceso
electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
Los datos serán utilizados con las finalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley
11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios
públicos”.
De la normativa que se contiene en la cita trascrita cabe deducir que la solicitud de
datos realizada por la Diputación Foral de XXXXX parece ampararse en el artículo
16.3 LBRL (“…de acuerdo con el artículo 16.3 de la Ley 7/1985…”) justificándose el
ejercicio de las competencias a desarrollar en diversos preceptos de la Ley 11/2007
(“… en desarrollo de las competencias que le confiere el artículo 2…” “… utilizados
con las finalidades establecidas en el artículo 3…”), además, también debe ser
contemplada como una de las finalidades del proyecto la facilitación al Ayuntamiento
de los mecanismos necesarios para la puesta en marcha en su ámbito de la
administración electrónica.
Dicho encaje legal es, a juicio de esta Agencia y tal vez con algún matiz, posible,
según se intentará explicar a continuación.
Comenzando por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la
ciudadanía a los Servicio Públicos, ya la Exposición de Motivos de la misma declara
expresamente que “el servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a
comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de
ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas
electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse…. El reconocimiento de tal
derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto
de Ley”.
Posteriormente, dicha Exposición de Motivos reconoce que tal derecho se hace
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efectivo mediante “…la imposición, al menos en el ámbito de la Administración
General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a
disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a
través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla acceder a la información y
servicios de su competencia…”.
Dichas declaraciones encuentran reflejo expreso en el artículo 1 de la Ley que fija
como objeto de la misma el reconocimiento de tal derecho y la regulación de los
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad
administrativa.
Por otra parte, no cabe duda de que las Administraciones implicadas en el presente
supuesto se encuadran sin dificultad en el ámbito subjetivo de aplicación de la
misma, de acuerdo con el artículo 2.1 a) de la Ley.
Lo que de manera inmediata cabe deducir de estos dos artículos de la Ley 11/2007
es que (sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Final 3ª de dicha Ley) la
Diputación Foral de XXXXX deberá estar en disposición de prestar los servicios
públicos correspondientes a través de medios electrónicos, a cuyo fin la puesta a
disposición de la ciudadanía de XXXXX (incluyendo por lo tanto la del Ayuntamiento
de XXXXX) de un correo electrónico es una legítima opción autoorganizativa de
dicha Diputación Foral siendo por lo tanto, competente a tal fin.
De la misma manera la Ley 11/2007, y con la misma excepción temporal citada,
establece dicha obligación también para el Ayuntamiento consultante.
Buena prueba de lo que se pretende expresar lo constituye el artículo 8 de dicha Ley
(no básico) a cuyo tenor:
“Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la
prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los
mismos de todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias
personales, medios o conocimientos en la forma que estimen adecuada”.
Desde otra perspectiva no parece ofrecer dudas el hecho de que el dato relativo al
domicilio sea un dato relevante a efectos de un adecuado desarrollo de la
competencia que pretende ejercitarse.
Por una parte, la Diputación Foral en el ámbito de sus competencias pretende
ofrecer el servicio de correo electrónico en el supuesto planteado (y sin perjuicio de
su ampliación al resto de la ciudadanía de XXXXX) a los vecinos de XXXXX por lo
que la determinación de quiénes sean éstos resulta fundamental.
Por otra parte, teniendo XXXXX como fines fundacionales, según se observa en la
Orden de 27 de enero de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se inscribe la misma en el Registro de Fundaciones del País
Vasco, la promoción de cuantas actividades procedan para el impulso del
conocimiento en las tecnologías y prácticas de gestión relacionadas con la atención
a la ciudadanía a través de las tecnologías de la comunicación, a fin de potenciar el
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acercamiento on-line de los ciudadanos a la Administración, pretendiendo desarrollar
a tal fin como actividad concreta e inmediata, la canalización de proyectos
relacionados con la plataforma de servicios a la ciudadanía y siendo (según se
deduce de la información obrante en la dirección electrónica www.XXXXX uno de los
ejes del proyecto la oferta de un servicio de correo electrónico para la ciudadanía, se
prevé por parte de la Diputación Foral de XXXXX la remisión de una carta a todos
los XXXXX para que habiliten, si lo desean, su cuenta de correo electrónico, parece
evidente que dicha remisión exigirá el conocimiento de la dirección postal de la
ciudadanía.
Por último, en relación a los datos solicitados, y sin negar la posibilidad de su ajuste
al principio de calidad, debiera explicarse de qué manera son necesarios los datos
de sexo y fecha de nacimiento, especialmente en relación al primero dado que (e
independientemente de que podrá deducirse del de nombre) no se acaba de ver la
utilidad que pueda tener.
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Es preciso señalar la concurrencia de tres elementos que necesariamente han de
ser tenidos en cuenta y que refuerzan, a juicio de esta Agencia, la conclusión
alcanzada.
Dichos elementos son, en primer lugar, el hecho de que en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de XXXXX nº de 41 de 4 de mayo de 2009 se publica la Orden
Foral 1187/2009, de 29 de abril, por la que se crean ficheros automatizados con
datos de carácter personal, por la cual se crea el fichero XXXXX, adscrito a la
Dirección General de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de XXXXX.
En segundo, que de la documentación remitida por la Diputación al Ayuntamiento, se
deduce la posibilidad de que el ayuntamiento sea, a su vez, cesionario de parte de
los datos que obren en tal fichero XXXXX correspondientes en su inmensa mayoría,
habrá de suponerse, a los vecinos de tal municipio.
Y en tercero, directamente relacionado con el anterior, que de acuerdo con la
información transmitida por la Diputación Foral de XXXXX a requerimiento de esta
Agencia Vasca de Protección de Datos, el proyecto contempla la posibilidad, y por lo
tanto es una de las finalidades que persigue, que los ciudadanos puedan ejercer su
derecho a comunicarse electrónicamente también con su propio ayuntamiento (de
ahí la posibilidad de que el ayuntamiento sea cesionario de parte de los datos que
obren al fichero XXXXX). En dicho sentido, tanto la inclusión de los datos que en el
fichero XXXXX se denominan como “Características Personales”, así como el de
DNI o NIE, dirección electrónica, teléfono, firma electrónica, contraseñas, nombre de
usuario y fecha y hora de actualización serán incluidos en tal fichero con el
consentimiento de los ciudadanos que serán los que ofrezcan tales datos. De la
misma manera, dicho consentimiento se requerirá de los vecinos que quieran que
dichos datos sean cedidos (devueltos) al ayuntamiento para comunicarse con el
mismo electrónicamente.
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La concurrencia de estos tres elementos en el presente supuesto deben ser tenidos
especialmente en cuenta a la hora de analizar la adecuación de lo solicitado a la
normativa sobre protección de datos de carácter personal.
En dicho sentido no puede perderse de vista que el Tribunal Constitucional ha
declarado que el artículo 18.4 de la CE incorpora una garantía constitucional para
responder a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos
de la persona. Se trata en palabras del Tribunal “de un instituto de garantía de otros
derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto
que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad
frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos (…). Por
consiguiente, la garantía de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se
traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la
llamada “libertad informática” es así derecho a controlar el uso de los mismos datos
insertos en un programa informático (“habeas data”) y comprende, entre otros
aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean
utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención” (STC
202/1999).
El almacenamiento de datos sin consentimiento del interesado y su posterior
tratamiento constituye, pues, una medida restrictiva del derecho a la libertad del
individuo frente a las potenciales agresiones a su dignidad y a su libertad personal
provenientes de un uso torticero del tratamiento mecanizado de datos, reconocido
por el artículo 18.4 del texto constitucional. Como tal medida restrictiva de un
derecho fundamental, para ser constitucional, ha de ser proporcionada en relación
con el fin que su adopción persigue (en nuestro caso, según deducimos, el ejercicio
de las competencias que la Diputación tiene atribuidas de acuerdo con la Ley
11/2007, a la que debe unirse la de facilitar al Ayuntamiento la posibilidad de ejercer
las que dicha Ley también le atribuye). Es lo que la LOPDCP enuncia como unos de
los principios de la protección de datos cuando en su artículo 4.1 señala que “los
datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos
en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para
las que se hayan obtenido”.
De esta manera para analizar si la comunicación solicitada supera el juicio de
proporcionalidad es esencial, en consecuencia, conocer cuál es el fin perseguido
con el tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo. La LOPDCP se refiere a
ello cuando en el artículo 20 exige que la disposición general creadora de los
ficheros de las Administraciones Públicas determine “la finalidad del fichero y los
usos previstos para el mismo”.
Tanto dicha finalidad, como la estructura y los tipos de datos, así como la posibilidad
de que sean cedidos a los ayuntamientos de XXXXX están contenidas en la Orden
Foral 1187/2009 de 29 de abril lo que permite conocer expresamente y de manera
suficiente cuál es la finalidad determinada, explícita y legítima del fichero así como
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los usos previstos para el mismo (primer elemento señalado al comienzo del
presente considerando).
Dicha finalidad coincide con la que se expresa en la solicitud realizada (“… serán
utilizados con las finalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley 11/2007 de 22 de
junio…”) y las competencias para cuyo desarrollo se creará tal fichero serán las que
“… en su ámbito de aplicación le confiere el artículo 2 de la Ley 11/2007…”; “el
Ayuntamiento de XXXXX puede ser cesionario de los datos de su municipio del
fichero XXXXX” ( segundo elemento de los arriba señalados y que habrá de
suponerse, que se utilizarán para las mismas finalidades pero respecto al ámbito
municipal)
Aunque dicho escrito se limita a una remisión a los artículos 2 y 3 de la Ley citada, el
verdadero alcance de las finalidades perseguidas, incluida la de la facilitación de
medios a los Ayuntamientos para poder pone en marcha en su ámbito la
administración electrónica, puede conocerse a través de la creación y publicación de
la Orden Foral citada y de su contenido.
Dicho alcance coincide por otra parte con el que se deduce de la documentación que
ha podido ser recabada por esta Agencia a través de la página web de la Diputación
Foral de XXXXX donde se describen los Objetivos y los Ejes del proyecto que, en lo
que ahora más interesa, abarcan el de ofrecer servicio de correo electrónico para la
ciudadanía, crear programas informáticos para los municipios y portal web de
tramitación ciudadana por lo cual los ayuntamientos tendrán un sistema de gestión
integral que facilitará la interactuación con cada ciudadano/a.
A juicio de esta Agencia Vasca de Protección de Datos el cumplimiento de tales
finalidades (tanto de la Diputación como del propio Ayuntamiento) en el ejercicio
legítimo de sus respectivas competencias justifica la proporcionalidad de la inicial
cesión de datos solicitada sin el consentimiento de sus titulares.
Coadyuva a tal conclusión el tercero de los elementos señalados al inicio del
presente Considerando.
Esto es, debe tenerse en cuenta que la primera acción a realizar por la Diputación
será la de enviar a cada ciudadano/a una carta. En dicha misiva deberá explicarse
las finalidades perseguidas y solicitar el consentimiento de los ciudadanos para la
inclusión de los datos a los que hace referencia la Orden Foral mencionada y que no
obren ya en poder de la Diputación, que serán aportados de manera voluntaria por la
propia ciudadanía. De la misma manera se solicitará dicho consentimiento para que
tales datos sean devueltos al ayuntamiento de origen para que los ciudadanos
puedan comunicarse con tal ayuntamiento electrónicamente si así lo deciden.
Lo anterior reviste especial trascendencia porque cabe deducir que, siendo la
finalidad de la operación posibilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a
comunicarse electrónicamente con la administración foral y municipal, la renuncia de
los ciudadanos a tal derecho exigirá la cancelación de sus datos de tal fichero, por la
sencilla razón de que respecto a dichos ciudadanos, no podrá cumplirse la finalidad
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del fichero al constituirse la misma como un derecho al que han renunciado, de tal
manera que, como resultado final de las operaciones proyectadas, ni en el fichero
XXXXX ni el que se devuelva al Ayuntamiento, deberá constar dato alguno de
aquellas personas que opten por no relacionarse electrónicamente con las
Administraciones implicadas y así lo hagan constar.
IV
Debe todavía hacerse referencia a la cuestión relativa a la posible utilización del
mecanismo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2004.
Ha de reconocerse que, con carácter general, ya ha expresado esta Agencia la
preferencia de su utilización cuando lo que se persigue es la comunicación con los
ciudadanos por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del
País Vasco o de las Administraciones Forales.
Y ello porque aunque el artículo 16.3 de la LBRL prevé expresamente la cesión de
los datos que integran el Padrón Municipal a otras Administraciones Públicas, lo
hace con un carácter puntual para el ejercicio de concretas y determinadas
competencias de las Administraciones cesionarias y no con un carácter general que
abarque a la totalidad de los vecinos y vecinas empadronados en tal ayuntamiento.
Pero ha de reconocerse igualmente que en el supuesto analizado y de acuerdo con
las finalidades explicadas y las cesiones previstas (la “devolución” de los datos al
ayuntamiento) no se pretende conseguir, sólo, una finalidad que interese a la propia
Diputación o ejercer competencias que correspondan, solo, a dicha Diputación, sino
que según lo argumentado por la Diputación, el ayuntamiento es también parte
interesada en la consecución de las finalidades perseguidas por el proyecto en
cuanto a través de su ejecución (y por lo tanto también a través del tratamiento de
los datos que sea necesario) permitirá a tal ayuntamiento ofertar a sus vecinos la
posibilidad de comunicación electrónica.
En definitiva, una racional implantación de la administración electrónica en el ámbito
foral y municipal del Territorio de XXXXX (que es el fin último perseguido y a cuya
consecución van orientados los tratamientos de los datos de carácter personal)
justifica, a juicio de esta Agencia, la excepcionalidad de la medida solicitada al
Ayuntamiento en cuanto, por lo dicho, tal medida puede ser en definitiva realmente
entendida como una utilización de los datos del padrón por el propio ayuntamiento,
en su propio beneficio y para el cumplimiento de una finalidad legítima que también
a él, como obligación que es, le incumbe lograr (aunque sin plazo determinado,
como ya se ha advertido y se deduce del punto 4º de la Disposición Final Tercera de
la Ley 11/2007).
Naturalmente, por cuanto se lleva dicho el cumplimiento de la finalidad por parte del
Ayuntamiento en este momento es una decisión que, en ejercicio de las potestades
que corresponden al municipio, al mismo corresponde.
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Esto es, si el Ayuntamiento decide tomar parte en el proyecto podrá comunicar los
datos solicitados en cuanto dicha participación significará que los vecinos y vecinas
del ayuntamiento podrán relacionarse con tal ayuntamiento a través de medios
electrónicos. Si por el contrario, se decide la no participación en tal proyecto, no
existirá legitimación para tal comunicación, debiendo la Diputación conseguir los
datos de los vecinos de tal ayuntamiento a través de otro medio, principalmente a
través de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2004
V
Debe aprovechar esta Agencia Vasca de Protección de Datos el presente dictamen
para, con total respeto a las decisiones derivadas de la potestad de
autoorganización de las administraciones implicadas, emitir su opinión sobre
diferentes aspectos que se derivan del proyecto que pretende ponerse en marcha.
Efectivamente, la operación proyectada resulta desde la perspectiva de protección
de datos de carácter personal sumamente compleja, tanto porque supone una
cesión masiva de datos (en el supuesto analizado los datos de nombre, apellidos,
domicilio, sexo y fecha de nacimiento de todos los vecinos del Ayuntamiento
requerido, que además parece que se extiende a todos los municipios del Territorio
Histórico) como por el hecho, según se deduce de la documentación remitida, de
que el Ayuntamiento puede ser a su vez, cesionario de parte de los datos que
obrarán en el fichero XXXXX responsabilidad de la Diputación Foral de XXXXX (lo
que es demostrativo de que en tal fichero habrá más datos personales de los
cedidos por el propio ayuntamiento) y de que parece plantearse un compromiso de
futuras y periódicas cesiones de datos.
Teniendo en cuenta dicha complejidad y enlazando con algunas de las cuestiones
señaladas en el anterior considerando no puede dejar de hacerse referencia a
diferentes aspectos derivados del documento que se remite al Ayuntamiento para su
firma por el Alcalde-Presidente.
En primer lugar debe destacarse la creación del fichero XXXXX al que ya se ha
hecho referencia, un fichero, titularidad de la Diputación Foral de XXXXX, y que, en
lo que alcanza esta Agencia, no ha sido objeto de inscripción en el Registro
correspondiente.
Se dice lo anterior porque dicha inscripción del fichero sería absolutamente
necesaria para llevar a cabo cualquier tratamiento de datos de carácter personal.
De esta manera, y en cuanto parece preverse la elaboración de una multiplicidad de
cuentas de correos, debe también recordarse que dicha elaboración, y si se realiza a
través de los datos personales recabados, supondría desde la perspectiva que nos
ocupa, una tratamiento de tales datos, lo cual requiere con carácter previo la
correcta inscripción del fichero en el Registro de esta Agencia Vasca de Protección
de Datos.
Por otra parte, es posible observar cómo se requiere del Alcalde-Presidente del
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Ayuntamiento, un compromiso de remisión mensual de las variaciones en los datos
de nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento de los vecinos del
municipio, “… a fin de cumplir con el principio de calidad establecido en la normativa
de protección de datos…”.
Es doctrina reiterada de la Agencia Española de Protección de Datos la que
establece que
La obligación establecida en el artículo 4 trascrito, impone la necesidad de que los
datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en
todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los
ficheros quienes respondan del cumplimiento de esta obligación.
Es cierto que el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, establece
en su artículo 8.5 que “cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el
responsable del fichero o tratamiento deberá notificar al cesionario en el plazo de
diez días la rectificación o cancelación efectuada, siempre que el cesionario sea
conocido”, pero no lo es menos que, por una parte, dicho precepto aparece
estrechamente vinculado al artículo 29 de la LOPD (ficheros de solvencia
patrimonial) y que, por otra, dicho artículo del Reglamento, justo antes de la
previsión transcrita, deja al margen de lo previsto para la actualización de los datos
el procedimiento establecido en las legislaciones específicas que cada fichero
contenga para corregir la inexactitud de los mismos, debiendo destacarse al
respecto que en la normativa de régimen local, especialmente en el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en la Resolución de
4 de julio de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y
del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal) se contiene
un régimen detallado respecto a las actualizaciones y rectificaciones de los datos
padronales.
A lo anterior debe unirse el hecho de que, en desarrollo del artículo 17.3 de la LBRL,
el artículo 65 del mencionado Reglamento de Población y Demarcación establece
expresamente que
Los Ayuntamientos remitirán mensualmente al Instituto Nacional de Estadística, por
medios informáticos o telemáticos las variaciones que se hayan producido en los
datos de sus padrones municipales, para que este Organismo pueda ejercer las
tareas de coordinación encomendadas en el artículo 17.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de la información que
deben remitir a la Oficina del Censo Electoral para la actualización mensual del censo
electoral.
Obligación que encuentra su paralelismo en la modificación del artículo 29 de la Ley
4/1986, de 28 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
operada precisamente por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2004, y por
la que se introduce un nuevo apartado 2, con el siguiente texto
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El Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística actuará también como
depositario de copias de los padrones municipales de todos los municipios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, a cuyos efectos éstos le deberán remitir copias
de los citados registros administrativos en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
Quiere ponerse de manifiesto con lo anterior el hecho de que, a juicio de esta
Agencia, el compromiso de remisión mensual de las variaciones en los datos
padronales a la Diputación que puede adquirir el Ayuntamiento no encuentra encaje
adecuado en la satisfacción del principio de exactitud de los datos además de poder
suponer una distorsión en el sistema de revisión del Padrón Municipal.
CONCLUSIÓN.
La comunicación de los datos solicitada no se opone a la normativa sobre protección
de datos de carácter personal, en los términos contenidos en el presente informe.
En Vitoria - Gasteiz a 12 de mayo de 2009
Fdo: Iñaki Vicuña de Nicolás
Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos
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