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CN10-030
DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR
LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE XXXXX EN
RELACIÓN CON LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CESIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES INTERVINIENTES EN
EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 23 de noviembre de 2010 tiene entrada en la Agencia Vasca
de Protección de Datos escrito de la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento
de XXXXX, relativo a la consulta citada en el encabezamiento, en el que se
establece lo siguiente:
“La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia, establece que para la
resolución del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a
las prestaciones del sistema es necesaria la valoración de la situación de
dependencia. En su artículo 27 se establece que serán las Comunidades
Autónomas quienes determinarán los órganos de valoración de la situación de
dependencia tras la determinación de criterios comunes por el Consejo
Territorial.
Dichos criterios comunes se determinaron mediante Real Decreto 504/2007. El
órgano que ha de emitir el informe se determinó en la Orden Foral 3230/2007:
el médico de Atención Primaria del Sistema Vasco de Salud-Osakidetza.
Teniendo en cuenta que el informe del médico se emite sujetándose a las
directrices y a los contenidos establecidos en el baremo de valoración de la
dependencia (Real Decreto 504/2007) y a los solos efectos de determinar a
qué la situación de dependencia y en consecuencia a qué prestaciones tiene
derecho formulamos las siguientes consultas:
1) ¿Cabría entender que, las distintas actuaciones que realizamos las
administraciones públicas en la materia, previa solicitud del interesado
(Ayuntamiento, recogida de la solicitud por los Servicios Sociales de
Base; Osakidetza, emisión de informe por el médico de atención
primaria del Sistema Vasco de Salud-Osakidetza; Diputación,
resolución de la solicitud) son actuaciones realizadas en el ejercicio de
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la misma competencia y que, en consecuencia, no sería necesaria la
autorización expresa del solicitante para que la Diputación Foral
pudiera pedir a Osakidetza el informe de valoración Insistimos en que
los contenidos de dicho informe vienen determinados desde la
normativa de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
2) En caso de que no se estime procedente lo anterior, ¿cabría entender
que la previsión de que desde Osakidetza se emita un informe a los
solos efectos de valorar la situación de dependencia y con unos
contenidos tan precisos constituye habilitación legal suficiente para la
cesión de los datos contenidos en dicho informe a la Diputación Foral,
previa solicitud de la valoración por parte del ciudadano
SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de
Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de
Protección de Datos la siguiente función:
“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter
personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y
corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras
personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de
carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.”
Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la
normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta
formulada por el Ayuntamiento de XXX.
CONSIDERACIONES
I
En la cuestión objeto de consulta se hace referencia a un expediente administrativo
en el que intervienen tres Administraciones diferentes: por un lado, el Ayuntamiento
quien recoge las solicitudes de reconocimiento de dependencia a través de los
Servicios Sociales de Base; por otro lado Osakidetza por medio del médico de
atención primaria emite el informe de valoración de dependencia, y por último, la
Diputación Foral es la que dicta la resolución accediendo o denegando a lo
solicitado.
La materia a la que se refiere la consulta es propia de los Servicios Sociales,
estando regulado el reconocimiento de la situación de dependencia en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, cuyo artículo 26 establece lo siguiente:
“Artículo 26. Grados de dependencia.
1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o
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tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no
quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
2. Cada uno de los grados de dependencia establecidos en el apartado
anterior se clasificarán en dos niveles, en función de la autonomía de las
personas y de la intensidad del cuidado que requiere.
3. Los intervalos para la determinación de los grados y niveles se establecerán
en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia.
1. Las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la
situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de
dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda
requerir. El Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de
composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades
Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.
2. El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se
determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su
posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo
tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la
Salud.
3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de
autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas
actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los
grados y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y
técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.
4. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí
misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de
apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad
intelectual o con enfermedad mental.
5. La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes
sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando,
en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido
prescritas.”
La regulación del procedimiento concreto del expediente de reconocimiento de
situación de dependencia la encontramos en la normativa foral, concretamente en la
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Orden Foral 320/2007 de 25 de abril y en el Decreto Foral 25/2009 de 21 de julio por
el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006. De la Orden
Foral·320/2007, de 25 de abril, por la que se establece el baremo de la de valoración
de la situación de dependencia y el procedimiento de actuación para su
determinación, conviene destacar a nuestros efectos el artículo tercero, que
establece lo siguiente:
“1. Las solicitudes de valoración de la dependencia se iniciarán previa solicitud
de la persona interesada, de su representante legal o de quien ejerza la
guarda de hecho.
2. Las solicitudes se presentarán en las oficinas de los Servicios Sociales de
Base del municipio en el que el solicitante estuviera empadronado. Junto con
la solicitud normalizada debidamente cumplimentada, se presentará la
siguiente documentación:
a) DNI o documento acreditativo de la identidad del solicitante.
b) Informe del médico de Atención Primaria del Sistema Vasco de
Salud-Osakidetza.”
Por otra parte, el Decreto Foral 25/2009 de 21 de julio noviembre por el que se
regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia incluye en el artículo 7 el siguiente procedimiento:
“1. La solicitud se presentará en los Servicios Sociales de Base del municipio
de residencia de la persona dependiente en el que se encuentre
empadronada.
La solicitud podrá ser presentada bien por el propio interesado o bien a través
de representante. En caso de representación, deberá acompañar, junto con la
solicitud, fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante y
documento acreditativo de la representación.
2 .Los Servicios Sociales de Base verificarán el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ser beneficiario/a de las prestaciones objeto del presente
Decreto Foral y en su caso emitirán el informe de idoneidad correspondiente.
3. La solicitud debidamente cumplimentada, junto con la documentación
necesaria que acredite los requisitos específicos para el acceso a las distintas
prestaciones, se remitirán al Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de XXXXX.
4. Instruido el expediente y previo estudio y dictamen por parte de los servicios
técnicos del Departamento de Política Social, el/la Director/a General
competente dictará la oportuna resolución concediendo o denegando la
prestación solicitada.
El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses a contar desde la
presentación de la solicitud de la prestación económica. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de la prestación.
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Contra la resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el/la Diputado/a
Foral del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de XXXXX.”
Dentro de este Decreto Foral debemos destacar también el artículo 10 que regula
las obligaciones de las personas beneficiarias, siendo a nuestros efectos
conveniente destacar las siguientes.
“2 .Facilitarla información y presentar la documentación que les sea requerida,
siempre que resulte pertinente para la gestión de las prestaciones.
…
6. Autorizar al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de
XXXXX para que verifique los datos aportados por la persona solicitante que
se hallen en ficheros de otros Departamentos o de otras Administraciones
Públicas, así como a realizar cuantas consultas sean necesarias para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones
objeto del presente Decreto Foral.”
II
La cuestión que plantea el Ayuntamiento de XXXXX es si es necesaria o no la
autorización expresa del solicitante para que la Diputación Foral pueda pedir a
Osakidetza el informe de salud
A nuestro juicio no existe amparo legal para que la Diputación Foral de XXXXX
pueda pedir a Osakidetza el informe de salud adjunto a la solicitud de valoración de
dependencia, por las razones que apuntamos a continuación:
En el modelo de informe de salud que facilita Osakidetza se recogen, además de los
datos personales del solicitante, la siguiente información:
- Diagnósticos de las principales enfermedades, trastornos y otras condiciones
de salud, de carácter permanente, crónico, prolongado, de larga duración que
motiven situación de discapacidad.
- En el caso de niños entre 0 y 6 meses, peso al nacimiento en gramos.
- Tratamientos actuales que tiene prescritos.
- Si entre las patologías descritas alguna cursa en brotes.
- Si con las medidas terapéuticas adecuadas, la situación actual de salud
puede modificarse en los próximos seis meses.
- Nombre del colegiado, número, Organismo del que depende, fecha, firma y
sello de la entidad.
Hemos de recordar que, este informe según la propia normativa foral debe ser
aportado por el solicitante, adjuntándose a su instancia junto con el DNI, por lo que
no se acaba de ver la necesidad de la solicitud de la Diputación a Osakidetza,
cuando el procedimiento establecido por la propia Administración Foral exige la
presentación del informe por el ciudadano. En cualquier caso, la cesión se define en
el artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), como
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“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”
En el artículo 21.1 de la LOPD se regula la cesión de datos entre Administraciones
Públicas:
“Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las
Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán
comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de
competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias
distintas.”
Este artículo interpretado a sensu contrario puede considerarse como habilitador de
una cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del
interesado, cuento cedente y cesionario ejerciten las mismas competencias o
competencias que versan sobre un mismo ámbito material. No obstante, para el
caso que nos ocupa, esta habilitación legal no serviría puesto que nos encontramos
ante datos de salud, datos que gozan de un régimen reforzado.
Los datos de salud se regulan en el artículo 7.3 de la LOPD cuando establece que
“Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la
salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando,
por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente.”
La cesión de los datos de salud exige por tanto un consentimiento expreso, (que se
puede entender otorgado cuando el informe de salud lo aporta el propio interesado),
o que así lo disponga una Ley. El artículo 21 de la LOPD no nos serviría como
habilitación puesto que no se recoge en el mismo una referencia expresa a los datos
de salud, sin que sirva a nuestros efectos la habilitación genérica contenida en el
mismo. La habilitación contenida en el artículo 21 de la LOPD no es título suficiente,
no se extiende a los datos especialmente protegidos regulados en el artículo 7.3
cuya cesión exige una habilitación legal expresa.
Por otro lado, reiterar que no se observa la necesidad de que por la Diputación se
solicite a Osakidetza el informe cuando éste debe aportarse por el propio interesado
que lo adjuntará a su solicitud de ayudas, tal y como exige la Orden Foral.
Por todo ello, de acuerdo con las consideraciones anteriores, por el Director de la
Agencia Vasca de Protección de Datos se formula la siguiente
CONCLUSIÓN
El artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal no ampara la cesión del informe de salud adjunto a la
solicitud de valoración de dependencia, realizada por Osakidetza a la Diputación
Foral, requiriéndose para dicho tratamiento de datos el consentimiento expreso del
interesado.
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2011
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