Jorge Elias - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la ...

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mayor libertad de acción, y escasas manifestaciones de represalia por
parte del Estado, que las se verifican en el ámbito privado. 6
El personal reglado por el derecho administrativo tiene además un régimen
jurídico bastante complejo, con limitaciones a determinadas facultades
para el empleador, especialmente en lo referido al ejercicio del poder
disciplinario.
Por último cabe apuntar que la garantía de estabilidad del empleado
público reconocida por la Constitución confiere a todos los agentes de la
administración formalmente designados una tutela frente al despido muy
similar a la de la de la ley 23551 les otorga a los representantes sindicales,
en tanto ni unos ni otros pueden ser despedidos sin mediar justa causa,
sujeta a una tramitación administrativa previa, y una posterior acción
judicial de nulidad del despido, con la única diferencia de la exigencia de
un trámite judicial previo de exclusión de tutela en el caso de
representantes sindicales.
De ahí entonces que los efectos concretos del fallo de la Corte resultan
menos relevantes en relación con la administración pública, que es, donde,
precisamente y quizás no por mera casualidad ha venido a dictarse el
pronunciamiento de Alto Tribunal. En el ámbito estatal, donde los
trabajadores formalmente designados gozan de estabilidad en el empleo,
los efectos y consecuencias de la elección de delegados resultan mucho
menos problemáticos que en el sector privado, donde el empleador intenta
condicionar, si no impedir la designación de representantes con tutela.
3. Los efectos y consecuencias del fallo “ATE” en las relaciones
laborales en la empresa privada.
Todos quienes tuvimos oportunidad de examinar y comentar el fallo de la
Corte, advertimos las complicadas consecuencias que se resultarán (quizá
habría que decir “resultarían”) de la aplicación del criterio sustentado por
el fallo a las relaciones de empleo privado. En la empresa privada no se
verifica el fenómeno de pluralidad sindical que presenta el sector público, y
como hemos visto, las consecuencias de la designación de representantes
del personal importa una serie de efectos mucho más significativos para
los trabajadores excluidos de los beneficios y garantías propias del empleo
público.
El uso del potencial en el párrafo precedente se justifica por el hecho de
que, contra lo que se auguraba al momento de conocerse el fallo, desde el
dictado de la sentencia y hasta el presente, no se conocen nuevos
pronunciamientos relativos a esta cuestión.
La situación contrasta notoriamente con lo acontecido con otros fallos
trascendentes de la Corte en materia laboral. Tanto “Vizzoti, como “Aquino”
llegaron a la Corte precedidos por una larga sucesión de sentencias de
tribunales inferiores que ya se habían pronunciado acerca de la
inconstitucionalidad del tope del artículo 245 LCT, o de la norma
contenida en el artículo 39.1 de la ley 24.557. Tan pronto se conocieron
esos pronunciamientos, una seguidilla de fallos de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, tribunales superiores y de la propia Corte
replicaron y ampliaron la doctrina del Alto Tribunal. Lo mismo puede
decirse del criterio sentado en el caso “Alvarez c. Cencosud”, que llego a la
nuestro Máximo Tribunal luego de una profusa jurisprudencia de
tribunales inferiores, en particular la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, y que se replicó en pronunciamientos posteriores conforme la
doctrina del voto de la mayoría.
6 Una buena demostración de esta afirmación la constituye la libertad de los agentes
públicos para ejercer el derecho de huelga, con escasa reacción patronal, y en la mayoría
de los casos sin descuento por los días no trabajados.