Jorge Elias - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la ...

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Por ello, y siguiendo en este punto las sugerencias contenidas en el
Informe 25 , se instituye la facultad de las asociaciones sindicales de
trabajadores para promover acciones judiciales tendientes a procurar el
cumplimiento de la legislación laboral, la registración regular de los
contratos de trabajo, el correcto encuadramiento legal o convencional de
esas relaciones, el cese de situaciones de fraude o simulación, la anulación
o revocación de actos del empleador que importen modificaciones
prohibidas por la legislación laboral, el cumplimiento de las normas sobre
jornada de trabajo y descanso, así como de las normas sobre higiene y
seguridad, las disposiciones relativas a la tutela de la remuneración y el
cese de conductas discriminatorias.
El artículo 59 faculta a las asociaciones sindicales para promover estas
acciones judiciales, sin necesidad de contar con autorización de los
trabajadores, que por cierto, no podría obtenerse por las razones ya
expresadas, tendientes a la declaración de certeza sobre la naturaleza,
sujetos y encuadre de los vínculos laborales, como así también a postular
condena a cumplir obligaciones de hacer o de no hacer al empleador, bajo
los apercibimientos que el Tribunal estime convenientes.
Texto propuesto:
Art 59.- Las asociaciones sindicales con personería gremial podrán ejercer la
defensa de los intereses individuales de trabajadores comprendidos en su
ámbito de representación, a fin de procurar el cumplimiento de la legislación
laboral, la registración regular de los contratos de trabajo, el correcto
encuadramiento legal o convencional de esas relaciones, el cese de situaciones
de fraude o simulación, la anulación o revocación de actos del empleador que
importen modificaciones prohibidas por la legislación laboral, el cumplimiento
de las normas sobre jornada de trabajo y descanso, así como de las normas
sobre higiene y seguridad, las disposiciones relativas a la tutela de la
remuneración y el cese de conductas discriminatorias.
A tal fin las asociaciones sindicales quedan legitimadas en su carácter de
representantes del interés de los trabajadores, sin necesidad de conformidad o
autorización expresa de éstos, para interponer acciones judiciales tendientes a
la declaración de certeza sobre la naturaleza, sujetos y encuadre de los
vínculos laborales, como así también a postular condena a cumplir obligaciones
de hacer o de no hacer al empleador, bajo los apercibimientos que el Tribunal
estime convenientes. En ningún caso podrán deducir acciones tendientes al
cobro de sumas de dinero por ningún concepto.
Estas acciones encaradas por las organizaciones sindicales podrían suplir
la hiposuficiencia de los trabajadores para hacer valer sus derechos, y se
verán facilitada por el hecho de estar referidas a situaciones presentes y no
pasadas, mucho más fáciles de verificar. De este modo, sin que sea
necesario aguardar a que los vínculos laborales se hayan extinguido, o que
el ejercicio de esos derechos determine la pérdida de los empleos se
procurará a los trabajadores un marco de seguridad y amparo, sin que sea
menester recurrir a acciones judiciales individuales tardías y posibilitando
reconducir los vínculos laborales permitiendo su continuidad.
11. La tutela de los representantes sindicales.
Acorde con las recomendaciones de los órganos de control de OIT hemos
rediseñado el régimen legal de protección de representantes sindicales, el
proyecto diseña un régimen de tutela diferenciando entre las diferentes
calidades de los representantes sindicales.
Así, mientras para los representantes sindicales y delegados de las
entidades con personería gremial se mantiene el sistema actual de
prohibición de despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo
con los mismos alcances del artículo 48 de la ley 23551, los directivos de
asociaciones sindicales simplemente inscriptas, los delegados de
25 Informe, op. cit. Pág. 191.