Jorge Elias - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la ...

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ACTUALIZACION DEL MODELO SINDICAL.
Por Jorge Elías.
1. Introducción. Rasgos esenciales de la organización sindical
argentina: El régimen de personería gremial.
Se atribuye al recordado laboralista santafesino Néstor Corte la fórmula
modelo sindical argentino para definir las instituciones que configuran la
organización gremial argentina, bastante antes de que la palabra modelo
se pusiera tan en boga como en estos tiempos. 1
Sin duda la nota más distintiva y original de ese modelo lo constituye el
sistema de personería gremial, que en doctrina ha pasado a denominarse
como unicidad promocionada o pluralidad sindical con unidad de
representación. 2
El sistema reconoce antiguas raíces en la legislación y en la práctica social
argentinas. Sin adentrarnos en referencias históricas que excederían el
marco de este trabajo, nos parece pertinente recordar que el instituto lleva
más de medio siglo de vida, durante los cuales demostró un elevado nivel
de eficacia en la defensa de los intereses de los trabajadores. Al amparo del
sistema se organizó un movimiento sindical que logró altas tasas de
afiliación, indiscutible legitimidad y una presencia y peso en la sociedad
superior a las de otros países de la región. La avanzada legislación laboral,
y, en particular la prolífica y progresiva negociación colectiva
constituyeron, junto con el sistema de cobertura de los riesgos de salud
administrado por las organizaciones sindicales, una adecuada muestra de
la eficacia de esta forma organizativa.
1.1. Algunos síntomas de deterioro del sistema.
Este modelo de preferencia o privilegio para las entidades con personería
gremial gozó de general aceptación entre los trabajadores. Las críticas
originariamente venían de la mano de académicos, juristas no vinculados
con el movimiento sindical, periodistas o políticos, es decir que eran
externas a las organizaciones sindicales, y en buena medida sospechadas
de procurar más el debilitamiento de las organizaciones existentes que en
propender a una mayor representatividad de las entidades, y eficacia en la
defensa de los intereses profesionales. 3
A partir del proceso de transformación económica operado en los últimos
años, el sistema acusó síntomas de desgaste y deterioro. Las
organizaciones sindicales tuvieron dificultades para afrontar el impacto
que los cambios económicos operaron en las relaciones laborales:
reconversión productiva, precarización laboral, pérdida de puestos de
trabajo, expulsión de trabajadores del sistema de producción. Ello
perturbó las estructuras sindicales, que tuvieron dificultades para afrontar
un proceso de transformación tan súbito y violento.
Las organizaciones tuvieron dificultad para ofrecer alternativas a sus
trabajadores, en orden a resistir los efectos de esas transformaciones o
para paliar sus efectos, en muchos casos acompañados de descontento o
críticas de las bases respecto de sus dirigentes. La pérdida de puestos de
trabajo, la precarización de los empleos y la sustitución de trabajadores de
1 CORTE, Néstor, “El modelo sindical argentino, nuevo régimen legal de las asociaciones
sindicales” Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1988.
2 Estas definiciones corresponden a Fernández Madrid la primera y a Machado y Ojeda la
segunda (ver ACKERMAN, M. “Una vez más lo dicho por la Corte trasciende lo resuelto” en
Revista de Derecho Laboral, año 2009 Actualidad Número extraordinario).
3 Corresponde poner de resalto que en la actualidad, hay expresiones del movimiento
sindical (básicamente las entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores
Argentinos”, que se han planteado críticas al legislación argentina en la materia con
apoyo en los dictámenes de los órganos de control de la OIT.

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mas edad por otros más nuevos impactó muy negativamente a la cantidad
de afiliados de las organizaciones.
1.2. La revisión del sistema de personería gremial.
Los cuestionamientos al sistema de personería gremial propio del régimen
argentino han cobrado mayor vigor a través de pronunciamientos
jurisprudenciales y de las observaciones de los órganos de control de OIT
que han controvertido la posición de ventaja o privilegio que nuestra ley les
concede a las asociaciones sindicales con personería gremial en detrimento
de las asociaciones simplemente inscriptas. Los fallos “ATE” y “Rossi” de la
Corte Suprema de Justicia, controvierten los fundamentos del sistema,
disparando interrogantes acerca del rol de las entidades simplemente
inscriptas e imponiéndonos la obligación de revisar esta institución.
En esencia, podríamos decir que al presente la controversia respecto de las
entidades simplemente inscriptas se ha manifestado a nivel
jurisprudencial en dos aspectos. Por una parte, a partir del fallo “ATE”, en
lo referido a la facultad de convocar a elegir representantes de los
trabajadores en el seno de la empresa, con los consiguientes interrogantes
acerca de cómo se articula esa facultad con el régimen legal existente, y
como se regulan las relaciones entre dos o mas entidades que convocan a
esa elección en un mismo establecimiento.
Aparece también como cuestión relevante, tanto en el caso “Rossi”, como
en otros pronunciamientos, el reconocimiento de tutela a los integrantes
de los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales con simple
inscripción.
Los dos aspectos del asunto resultan de particular interés en el marco de
las relaciones laborales del sector privado, ya que lo referido a la
estabilidad y tutela de los representantes sindicales cobra mayor
significación en el régimen de estabilidad relativa de los trabajadores
regidos por la Ley de Contrato de Trabajo que en el de los de la
Administración Pública protegidos por la estabilidad de fuente
constitucional.
De ahí entonces que en la presente ponencia habremos de ocuparnos de
las relaciones laborales en el sector privado en relación con las entidades
simplemente inscriptas.
2. El fallo “ATE” c. Ministerio de trabajo”.
En noviembre de 2008 aparece, en forma un tanto sorpresiva, el fallo
“ATE” 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos permitimos
calificar de sorpresivo este pronunciamiento, dada la circunstancia de que,
con excepción del fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo en cuyo trámite se interpuso el recurso extraordinario resuelto
por la Corte, no se registran antecedentes jurisprudenciales sobre esta
materia.
Podemos decir que, en general el fallo provocó inquietud y perplejidad en
los doctrinarios, sin distinción de orientación o intereses con los que los
mismos se encuentran vinculados. 5
2.1. La particularidad de este conflicto.
4 CSJN “Asociación Trabajadores del Estado c. Estado Nacional- Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Fallos 331:2499.
5 La Ley publicó el fallo de la Corte acompañado de las opiniones de conocidos
laboralistas, de muy variada orientación: Carlos A. Etala, Luis Ramírez Bosco, Jorge
Rodríguez Mancini, Marcelo Aquino, Juan José Etala, Mariano Recalde, Horacio Meguira,
Héctor Recalde, Ricardo Cornaglia, Luis Ramírez Bosco, Inés D´Argenio y Carlos Luque
(ver LA LEY 2008-E, pág.503 y ss.

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Si bien la declaración de inconstitucionalidad contenida en el fallo de la
Corte tiene alcances respecto de todo el sistema sindical, nos parece
necesario tener en cuenta las particularidades del caso en el que el
pronunciamiento ha sido dictado.
Cuando se hace referencia a la situación de conflicto o competencia entre
una asociación sindical con personería y otra que no la tiene, imaginamos
a los contrincantes como una entidad poderosa, dotada de las potestades
inherentes a la personería gremial, y otra mucho más débil privada de esos
beneficios, que puja, en condiciones de desigualdad, por hacerse un lugar
en el universo que aspira a representar.
Por cierto que si se repara en los sujetos involucrados en el caso “ATE”, lo
primero que cabe destacar es que este conflicto no enfrenta, en puridad, a
una asociación simplemente inscripta con otra que cuenta con personería
gremial, y que, en este caso, ambos contendientes tienen personería, y el
conflicto se circunscribe a un determinado sector de actividad en el que
una de ellas solo cuenta con simple inscripción. Podríamos decir que se
trata de un conflicto de límites entre dos asociaciones con personería
gremial. Por otra parte, la contienda que dio lugar a la decisión judicial no
encaja del todo en la imagen de un pequeña entidad con simple inscripción
que compite con la que tiene personería gremial, ya que aquí los roles
parecen estar invertidos. La asociación que postula la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 41 LAS es una de las grandes
organizaciones sindicales del país, con millonario padrón de afiliados, y
con una personería gremial que abarca virtualmente todo el territorio del
país, en todos los niveles del Estado. Su contraria, la PECIFA, es una
organización sindical bastante reducida, con limitada cantidad de afiliados
dada la particularidad de que su personería se circunscribe al ámbito del
personal civil de las fuerzas armadas.
Si la confrontación entre las asociaciones sindicales con personería y sin
personería suele ser imaginada como un conflicto entre un David,
representada por la entidad con simple inscripción que puja por hacerse
un lugar en el universo sindical, y un Goliat (la poderosa asociación que
mantiene los privilegios de la personería), los referidos roles no se verifican
en este caso, ya que, como hemos dicho, aquí la que hace de David es la
entidad más poderosa, y rol del gigante Goliat le queda reservado a la
organización más débil.
2.2. La singularidad del sector público.
Nos parece oportuno además, poner de manifiesto el dato de que el
conflicto resuelto por la Corte está referido a la muy particular situación
de la actividad sindical en el sector público, dato, que, si bien no
descalifica la aplicación de este criterio al personal del Estado, no debe
pasar desapercibido en el análisis del fallo.
En tal sentido nos parece pertinente recordar que en el ámbito de la
administración pública se verifica, de hecho, una situación de pluralidad
sindical bien conocida y que ha dado lugar a instrumentos jurídicos que
reconocen esta singularidad, tal la ley 24.185 y la Resolución MTESS
255/03.
Es una realidad que, en el sector público, los diversos sindicatos con
personería gremial (y otros que no tienen personería), funcionan en forma
promiscua en las diversas reparticiones y niveles de la administración, con
tasas de afiliación muy superiores a las del sector privado. La actividad
sindical usualmente se desenvuelve en el ámbito público con mucha

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mayor libertad de acción, y escasas manifestaciones de represalia por
parte del Estado, que las se verifican en el ámbito privado. 6
El personal reglado por el derecho administrativo tiene además un régimen
jurídico bastante complejo, con limitaciones a determinadas facultades
para el empleador, especialmente en lo referido al ejercicio del poder
disciplinario.
Por último cabe apuntar que la garantía de estabilidad del empleado
público reconocida por la Constitución confiere a todos los agentes de la
administración formalmente designados una tutela frente al despido muy
similar a la de la de la ley 23551 les otorga a los representantes sindicales,
en tanto ni unos ni otros pueden ser despedidos sin mediar justa causa,
sujeta a una tramitación administrativa previa, y una posterior acción
judicial de nulidad del despido, con la única diferencia de la exigencia de
un trámite judicial previo de exclusión de tutela en el caso de
representantes sindicales.
De ahí entonces que los efectos concretos del fallo de la Corte resultan
menos relevantes en relación con la administración pública, que es, donde,
precisamente y quizás no por mera casualidad ha venido a dictarse el
pronunciamiento de Alto Tribunal. En el ámbito estatal, donde los
trabajadores formalmente designados gozan de estabilidad en el empleo,
los efectos y consecuencias de la elección de delegados resultan mucho
menos problemáticos que en el sector privado, donde el empleador intenta
condicionar, si no impedir la designación de representantes con tutela.
3. Los efectos y consecuencias del fallo “ATE” en las relaciones
laborales en la empresa privada.
Todos quienes tuvimos oportunidad de examinar y comentar el fallo de la
Corte, advertimos las complicadas consecuencias que se resultarán (quizá
habría que decir “resultarían”) de la aplicación del criterio sustentado por
el fallo a las relaciones de empleo privado. En la empresa privada no se
verifica el fenómeno de pluralidad sindical que presenta el sector público, y
como hemos visto, las consecuencias de la designación de representantes
del personal importa una serie de efectos mucho más significativos para
los trabajadores excluidos de los beneficios y garantías propias del empleo
público.
El uso del potencial en el párrafo precedente se justifica por el hecho de
que, contra lo que se auguraba al momento de conocerse el fallo, desde el
dictado de la sentencia y hasta el presente, no se conocen nuevos
pronunciamientos relativos a esta cuestión.
La situación contrasta notoriamente con lo acontecido con otros fallos
trascendentes de la Corte en materia laboral. Tanto “Vizzoti, como “Aquino”
llegaron a la Corte precedidos por una larga sucesión de sentencias de
tribunales inferiores que ya se habían pronunciado acerca de la
inconstitucionalidad del tope del artículo 245 LCT, o de la norma
contenida en el artículo 39.1 de la ley 24.557. Tan pronto se conocieron
esos pronunciamientos, una seguidilla de fallos de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, tribunales superiores y de la propia Corte
replicaron y ampliaron la doctrina del Alto Tribunal. Lo mismo puede
decirse del criterio sentado en el caso “Alvarez c. Cencosud”, que llego a la
nuestro Máximo Tribunal luego de una profusa jurisprudencia de
tribunales inferiores, en particular la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, y que se replicó en pronunciamientos posteriores conforme la
doctrina del voto de la mayoría.
6 Una buena demostración de esta afirmación la constituye la libertad de los agentes
públicos para ejercer el derecho de huelga, con escasa reacción patronal, y en la mayoría
de los casos sin descuento por los días no trabajados.

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Los observadores no podemos sino reparar en el distinto contexto en el que
surgieron aquellos casos, precedidos por una corriente jurisprudencial que
creó las condiciones para el dictado del fallo de la Corte, y generadores de
una nutrida producción posterior al amparo del criterio allí sustentado,
situación que no se verifica en el caso de “ATE” que llegó a la Corte sin el
acompañamiento de precedentes sobre el tema, de cualquier sentido, y que
tampoco ha dado lugar a la réplica que podía esperarse. Los efectos de
esta sentencia se hicieron sentir en el mundo académico, en los medios de
difusión 7 , y el escenario político 8 , pero no en la jurisprudencia.
Se nos ocurre que, a diferencia del sentido reclamo social que postulaba la
revisión del tope del artículo 245 LCT y el notorio desamparo al que
quedaban expuestos los trabajadores en la mezquina concepción de la
LRT, en este caso, lo decidido por el Alto Tribunal pareciera estar más
cerca de preocupaciones de los teóricos del derecho o los actores de la
política que de las inquietudes, demandas y necesidades de los
trabajadores.
3.1. La aparente o presunta inexistencia de conflictos relativos a la
designación de delegados por una entidad con simple inscripción en el
ámbito privado.
Como hemos dicho más arriba, llama la atención que no se conozcan
casos de asociaciones sindicales del sector privado que hayan pretendido
ampararse en la doctrina de la Corte para postular la elección de
delegados.
No hay registros de causas judiciales ni administrativas 9 relativas a esta
cuestión, lo que nos autoriza a presumir que la posibilidad que otorga la
declaración de inconstitucionalidad del artículo 41 inc. a) no ha sido en
general utilizada por las entidades beneficiarias de ese pronunciamiento.
La ausencia de registro de decisiones administrativas o judiciales referidas
a contiendas en las que una entidad con personería gremial, o un
empleador se oponen a la convocatoria para elegir delegados efectuada por
una asociación simplemente inscripta, parece indicar que hay menos
campo propicio para el ejercicio de esta facultad que reconoce el
precedente del Alto Tribunal que lo que en un primer momento podría
preverse.
3.2. Análisis de los sujetos en condiciones de efectuar esta
convocatoria con riesgo de conflicto.
La constatación de este fenómeno de la no utilización de los alcances del
fallo por las entidades con simple inscripción nos lleva a intentar hacer un
inventario de los sujetos habilitados e interesados en valerse de este
recurso.
En la actualidad el MTESS tiene registradas 1520 asociaciones sindicales
con simple inscripción gremial. La cifra en sí misma impresiona y ha dado
7 Ver la nota de Alberto Amato publicada en Clarín edición del 13.11.08 titulada “En la
Corte ratifican que el fallo rompe el monopolio sindical” El autor cita fuentes que no
identifica, pero ubica en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, a las que atribuye la
afirmación de que el fallo “marca un antes y un después en la historia de los sindicatos”.
8 Nos parece elocuente la nota publicada en La Nación, edición del 15.03.11, titulada
“Elogios por un fallo de la Corte”, citando la transcripción de los cables revelados por el
sitio WikiLeaks revelando comunicaciones confidenciales del gobierno de EEUU en el que
se transcribe una comunicación de la embajada de ese país que califica la decisión de la
Corte como “histórica”, con estas palabras: "El fallo ataca el núcleo del modelo peronistacorporativo
de este país, buscando limitar el incontestado poder de la CGT. Si se aplica
ampliamente, el fallo no sólo amenaza la hegemonía de la CGT sobre las relaciones
laborales, sino el propio cimiento sobre el cual se basa el peronismo."
9 Es lo que hemos podido establecer a través de una consulta que efectuáramos ante la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

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lugar a conjeturas acerca de las derivaciones que podría tener la doctrina
del caso “ATE”. Sin embargo este dato debe ser examinado en más detalle
a fin de determinar cuántas son en realidad las asociaciones con simple
inscripción que tienen aptitud para convocar a elección de delegados.
Corresponde en primer término excluir de esas 1520 asociaciones a
aquellas entidades que no registran actividad institucional. Muchas
organizaciones están formalmente registradas, pero hace largo tiempo que
han dejado de actuar. Una evidencia de ello lo constituye la caducidad de
los mandatos y su falta de renovación. Esas asociaciones, huelga decirlo,
al no tener autoridades con mandato vigente carecen de facultades para
convocar a elección de delegados en lugares de trabajo.
Desagregando de aquella lista a que hemos hecho referencia los 674
sindicatos simplemente inscriptos que no tienen autoridades con mandato
vigente, el total se reduce sensiblemente a 846 asociaciones, es decir un
56% del total. 10
Dentro de esa lista de más de 800 asociaciones, nos parece pertinente
distinguir a las que agrupan a trabajadores del sector público y las que
actúan en el ámbito privado, dada la circunstancia que, por las razones ya
expresadas más arriba, la cuestión referida a la elección de delegados tiene
efectos distintos y menos impactantes en la administración pública que en
las empresas privadas.
De ese total de 846 sindicatos debe distinguirse 443 que corresponden al
sector público, 164 sindicatos de base de trabajadores municipales,
particularmente de poblaciones pequeñas, 193 sindicatos de primer grado
de trabajadores docentes, que cubren un abanico importante de ciudades
de todo el país, 54 del sector público provincial (incluidos empleados de los
tres poderes de las provincias y de organismos descentralizados
provinciales) 3 de la administración pública nacional, y 29 de personal de
universidades nacionales.
Cabe aquí apuntar, que, sin perjuicio de la situación de representación y
actividad promiscua que caracteriza al sector público, la gran mayoría de
los trabajadores municipales y de la educación, no tiene personería por la
simple razón de que no compite con otra entidad en su ámbito de
representación, negocian colectivamente a través de sus federaciones, y las
patronales no oponen esa falta de personería como argumento como
obstáculo para que actúen, y en muchos casos, inclusive elijan delegados.
La condición de trabajadores con estabilidad relativiza los efectos de la
tutela sindical para representantes, tanto delegados como directivos, que
en general son reconocidos por los órganos estatales en los que prestan
servicios. Debemos admitir también que la obtención de personería gremial
es un trámite largo, costoso y relativamente complicado 11 . Resulta así una
categoría de entidades sindicales, que, reuniendo los requisitos para
obtener personería gremial, en los hechos no la reclaman por la escasa
relación costo beneficio de la gestión.
Restan entonces, como sindicatos simplemente inscriptos que agrupan
trabajadores del sector privado, y que tienen autoridades con mandato
vigente 403 asociaciones sindicales, sujetos potencialmente habilitados
para convocar a elección de delegados en lugares de trabajo, conforme el
fallo “ATE”.
10 Información suminisatrada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
MTESS.
11 Como bien se sabe las gestiones, aunque pueden canalizarse a través de las agencias
del MTESS del interior del país, que no siempre coinciden con el domicilio de la entidad,
suelen hacer necesario la concurrencia a la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales, con el consiguiente costo para los interesados.

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Creemos que no todos esos 403 sindicatos podrían generar un conflicto
con una organización sindical con personería pretendiendo convocar a
elección de delegados en un establecimiento. Si bien no resulta posible,
dada la limitada información disponible, establecer esta afirmación de
modo preciso, sabemos por experiencia y conocimiento empírico, que
muchas asociaciones sindicales que sólo tienen simple inscripción, no
colisionan en su ámbito de representación con asociaciones que cuenten
con personería. Es el caso de numerosos sindicatos de primer grado que
ejercen en forma exclusiva y sin competencia la representación sindical,
afiliados a federaciones con personería gremial, a través de las cuales
negocian colectivamente, y no encuentran obstáculos derivados de su
calidad de simplemente inscriptos. Tal el caso de sindicatos que agrupan a
trabajadores de la empresa estatal de correos y telecomunicaciones,
industria de la alimentación o de la carne, y muy especialmente los 91
sindicatos de empleados de comercio que hemos relevado, en localidades
que en muchos casos no alcanzan la categoría de ciudad, y donde
presumiblemente debe haber pocos o ningún establecimiento que supere el
número de 10 trabajadores como para elegir representantes dentro de la
empresa.
En estos casos no existe conflicto de representación por cuanto el
sindicato con simple inscripción cuenta con una tasa de afiliación
relativamente importante, y no confronta con otro sindicato con
personería. Los empleadores asumen a esa entidad como interlocutor
sindical, y en algunos casos reconocen los delegados de personal. Ello así
en base a los buenos términos en que se desenvuelve la relación en esos
lugares pequeños, y en buena medida por la protección de poderosa
Federación que las respalda.
No es posible, con la información de que disponemos, establecer con
precisión la cantidad de sindicatos que a los que podría favorecer la
doctrina de la Corte relativa a la elección de delegados. Si podemos afirmar
que es considerablemente menor que el número de asociaciones
registradas en el Ministerio, y que para muchas de ellas, que no cuentan
con personería pudiendo tenerla, esta cuestión no reviste interés. Esta
podría ser la causa que explique la ausencia de pretensiones o conflictos
que intenten replicar la situación resuelta en “ATE”.
3.3. Un dato que no puede soslayarse: la escasa cantidad de
establecimientos que cuenta con delegados.
Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, en el año 2008 apenas un 12% del total de las empresas de
nuestro país con mas de diez trabajadores registran presencia de
delegados, con fluctuaciones que van desde el 8% en los establecimientos
de entre 10 y 50 trabajadores, 30% en los de hasta 200 trabajadores y
60% en los que superan esa cifra. 12
Actualizados a 2011, y medidos por cantidad de trabajadores
representados, se verifica que de un total de 5.879.247, correspondientes a
aglomerados urbanos, 4.709.989 prestan servicios en empresas de más de
diez trabajadores, y de ese total solamente 2.041227, esto es el 43.3% se
desempeña en establecimientos donde hay delegados de personal. Esto
importa decir que, menos de la mitad de los trabajadores que podrían
tener representación sindical en la empresa cuentan con delegados. El
dato se relativizaría aún más de computarse los trabajadores no
registrados. Si bien no es posible establecerlo con precisión, puede
presumirse que buena parte de los establecimientos que tienen menos de
12 Trabajo de D. Trajtemberg, C Senén González y B. Medwid titulado: “La expansión de la
afiliación sindical: Análisis del módulo de relaciones laborales en la EIL” en Trabajo,
ocupación y empleo, Estudios Laborales 2008 MTESS mayo de 2009, pág. 30.

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diez trabajadores registrados superarían el límite mínimo de la ley 23.551
si se tomaran en cuenta los trabajadores informales.
Así planteado el tema, la cuestión no es tanto quién convoca a elección de
delegados, sino sencillamente, como hacer que los trabajadores pueden
elegir representantes. La controversia sobre la libertad sindical no pasa
tanto por la aptitud para convocar a elecciones por las asociaciones
simplemente inscriptas, sino en remover los obstáculos para fomentar la
acción sindical en la empresa.
3.3.1. Los obstáculos para elegir delegados de los que da cuenta la
jurisprudencia.
Así como hemos destacado la inexistencia de pronunciamientos judiciales
en la línea de la doctrina del caso “ATE”, sí podemos advertir un
interesante número de causas judiciales relativas a trabajadores que
vieron frustrada su pretensión de ser electos delegados por haber sido
despedidos antes de poder formalizar su postulación. La jurisprudencia
que ha venido acuñándose por despidos por represalia antisindical y que
han sido encuadrados como despidos discriminatorios con fundamento en
lo dispuesto en la ley 23.592, da cuenta de modo elocuente de esta
situación: Así surge de la abundante jurisprudencia sobre este tema 13 , y
también en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el que se consideró aplicable la doctrina sentada en la causa
“Alvarez y otros c. Cencosud” a la situación de un trabajador que fue
despedido antes de lograr postularse como delegado 14 .
4. La problemática de la tutela de los representantes de las
asociaciones simplemente inscriptas.
Partiendo de la premisa de que los repertorios de jurisprudencia
constituyen un indicador de las conflictos que se presentan en el sistema
de relaciones laborales, así como hemos verificado la inexistencia de
pronunciamientos de carácter administrativo o judicial relativos a la
designación de delegados por parte de una asociación sindical
simplemente inscripta, en cambio, sí hay registro de causas en las que se
ha controvertido acerca de la tutela de representantes de asociaciones
simplemente inscriptas que fueron despedidos.
Así resulta de un pronunciamiento del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata
del 25.05.09 en la causa “Anzoátegui Julio c. Huertas verdes S.A. s.
Despido” relativo a la situación de trabajador que formaba parte de la
Comisión Directiva de un sindicato simplemente inscripto y fue despedido
con invocación de causa, y que fue resuelto con fundamento en la ley
23.592, la prohibición de adoptar represalias establecido en el convenio 87
sobre libertad sindical, art. 1 Convenio 98 y la doctrina de la Corte en
“ATE”. Lo mismo se resolvió en un pronunciamiento de la Sala VII en la
causa “Navarro Farías, Agustín c. Nuestra Huella S.A.” 15 . En el mismo
sentido se registra un pronunciamiento de la Sala VIII del citado tribunal
en la causa “Acosta, Nydia Mabel c. Galeno Argentina S.A. donde se le
reconoció tutela sindical y se declaró nulo el despido de un trabajador que
13 Ver “Méndez, Héctor Horacio c. Carrefour Argentina S.A.” (CNAT Sala VI 06.09.07.07
Derecho del Trabajo 2008 Pág. 678); “Quispe Quispe c. Cia Argentina de Indumentaria”
(CNAT Sala V 20.12.07 Derecho del Trabajo 2008 Pág. 336); “Cáceres, Orlando c.
Hipódromo Argentino de Palermo S.A”, (CNAT Sala VIII, 30.11.07 La Ley online); “Villalba
Franco c. The Value Brands Company Argentina S.C.A.” (Tribunal de Trabajo N. 2 La
Matanza, 15.02.06 La Ley Buenos Aires 2006 Pág. 641);“Romero, Silvio Hipólito c.
Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (CNAT Sala VIII 18.11.08 Derecho del Trabajo
online); “Fernández, José Luis c. Rebisco S.A.” (CNAT Sala III 15.04.10 La Ley Online).
14 CSJN “Arecco, Maximiliano c. Praxair Argentina S.A. www.csjn.gov.ar 342. XLIII del 23
de junio de 2011.
15 CNAT Sala VII “Navarro Farías, Agustín c. Nuestra Huella S.A.” 16.07.10. La Ley Online.

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integraba la directiva de una asociación que aún no había obtenido la
inscripción gremial. 16
Esta tutela para los directivos de entidades simplemente inscriptas ha sido
motivo de sendos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. No sólo a través del recordado caso “Rossi 17 ” relativo a una
directiva de una asociación sindical con simple inscripción del sector
público, sino también en el precedente que resulta de lo resuelto en
“Alvarez y otros c. Cencosud SA.” 18 En este último caso, como se sabe, los
seis actores fueron despedidos como represalia patronal por su condición
de directivos de una entidad simplemente inscripta. No deja de llamar la
atención, que el pronunciamiento fue dictado luego de fallarse “ATE” y
“Rossi”, el Alto Tribunal resolvió el caso aplicando la ley
antidiscriminatoria 23.592 soslayando toda referencia a los criterios
aplicados a asociaciones simplemente inscriptas en esos
pronunciamientos.
4.4. No se registra incremento en la cantidad de solicitudes de
inscripción gremial.
A partir de los pronunciamientos dictados en las causas “ATE” y “Rossi” a
que hemos hecho referencia más arriba, podía augurarse un incremento
en las solicitudes de inscripción gremial. Al habérseles reconocido a las
asociaciones simplemente inscriptas la facultad de convocar a elección de
delegados, y reconocerle a sus directivos estabilidad sindical, podía
pensarse que la cantidad de pedidos de inscripción debiera haberse
incrementado, dado el estímulo para su constitución que implican los
fallos citados.
Sin embargo, según datos proporcionados por el Departamento de
Coordinación Técnica Administrativa de la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales, la cantidad de solicitudes de inscripción
posteriores al dictado del fallo no registró incremento alguno. En el período
2004/2008, las solicitudes de inscripción se mantuvieron estables en un
promedio de 144 por año, 146; 124, 158, 146 a lo largo de cada año del
mencionado quinquenio. Examinando los datos posteriores al mes de
noviembre de 2008 en que se dictó el fallo “ATE”, no se observa un
incremento significativo en la cantidad de solicitudes, que fueron de 165,
151 y 132 en los años 2009 a 2011. 19
De esta información puede inferirse que los pronunciamientos de la Corte
no parecen haber movilizado a los trabajadores a constituir nuevas
asociaciones sindicales para procurarse los nuevos beneficios de la simple
inscripción.
4.5. Una provisoria evaluación de la situación.
En suma, podría afirmarse que las cuestiones traídas a conocimiento de la
justicia, y que constituyen una evidencia de los asuntos que movilizan e
interesan a los trabajadores, parece estar más referida a la tutela de los
representantes de entidades simplemente inscriptas que a la facultad de
convocar a elección de delegados. Los desafíos al régimen legal existente
aparecen planteados con más frecuencia en relación con este tema.
16 CNAT Sala VIII “Acosta, Nydia Mabel c. Galeno Argentina S.A. 14.06.10 La Ley Online..
17 CSJN “Rossi, Adriana María c. Estado Nacional –Armada Argentina” Fallos 332:2715.
18 CSJN “Alvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud SA.” 7.12.10 Fallos 333 2306.
19 Datos extraídos del Sistema Informático MESA y de la Base de Ingresos del Dpto.
Coordinación Técnica Administrativa de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
Incluyen las inscripciones gremiales solicitadas por sindicatos en formación como así
también ampliación de zona de actuación o agrupe de entidades preexistentes que ya
detentan inscripción o personería gremial.

10
Ello no quita que resulte indispensable abordar la reforma al modelo
existente a fin de adecuarlo a los criterios de los órganos de control de OIT
así como las necesidades de la realidad y las expectativas de los
trabajadores y sus organizaciones. Pero la –por ahora- acotada magnitud
del problema que nos ocupa, permite la posibilidad de encarar una
revisión del modelo sin la urgencia de reclamos perentorios derivados de
una alta conflictividad.
5. La necesidad de adecuar el régimen legal existente a las
observaciones de los órganos de control de OIT y la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia.
Los distintos pronunciamientos judiciales a que hemos hecho referencia
más arriba, así como las observaciones formuladas por los órganos de
control de OIT imponen la necesidad de encarar una revisión de los
institutos de la ley 23.551 que fueron motivo de cuestionamiento.
En el Informe Sobre el Estado Actual de las Relaciones Laborales en la
Argentina producido por el Grupo de Expertos en Relaciones Laborales a
pedido del Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
expresamos: “En tal sentido, recomendamos implementar la mayor parte de
las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, sin perjuicio de
acotar algunas de ellas con prudencia y sentido común, con miras a no
introducir en el sistema de relaciones laborales nuevos factores que
complique aún en mayor medida su funcionamiento.” 20
En las exhortaciones a reformar el sistema de la ley 23.551 que viene
formulando la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT la misma aconseja que el proceso de reforma
deberá encararse “con el conjunto de los interlocutores sociales y el
asesoramiento de la OIT” 21
Bajo estas premisas es que creemos que ha llegado el momento de encarar
el debate sobre las modificaciones del modelo sindical argentino, que,
creemos que no debiera limitarse a la adecuación de sus institutos a las
recomendaciones de los órganos de control, sino también atender a
cuestiones que se han venido suscitando respecto del régimen de la ley
23.551 y que requieren respuesta jurídica.
6. Propuesta de reforma a la ley 23.551.
En relación con los interrogantes que disparan los fallos de la Corte, la
demás jurisprudencia relativa al modelo sindical, y las necesidades de los
trabajadores y del mundo sindical, los Dres. Oscar Valdovinos y Pablo
Topet y el suscripto, redactamos un borrador de reforma a la ley 23.551,
trabajo inédito, que aquí se reproduce con la autorización de los
apreciados coautores.
Los ejes de este trabajo fueron, en primer lugar, la preservación del modelo
sindical argentino en la búsqueda de actualizar las instituciones del
régimen legal a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
de los órganos de control de OIT.
Al mismo tiempo se procuró, en sintonía con la descripción y
recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Expertos en
Relaciones Laborales 22 , introducir reformas que apunten a corregir
debilidades del modelo sindical a través de la incorporación de nuevos
instrumentos destinados a fortalecer la actividad sindical y modificar el
20 Grupo de Expertos en Relaciones Laborales “Estado actual del Sistema de Relaciones
Laborales en la Argentina” Rubinzal Culzoni Santa Fe 2008 pág. 117.
21 Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones
para la 101 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 2012 Pág. 59
(ilo.org/wcmsp5/grops/public).
22 Informe, op. cit. Pág 133.

11
régimen de control de las organizaciones sindicales mediante la creación
de un órgano independiente.
La necesaria adecuación de las normas del ordenamiento sindical en lo
referido a la situación de las entidades simplemente inscriptas debe
integrarse además con una adecuada protección de activistas sindicales,
activismo sindical, hoy expresada en los numerosos fallos de trabajadores
despedidos por causa de su actividad sindical que obtuvieron una enérgica
respuesta jurisdiccional con la declaración de nulidad de sus despidos, y
la consiguiente obligación de reinstalarlos, usualmente encuadrándolos en
las disposiciones de la ley 23.592.
El trabajo no pretende dar una respuesta concluyente ni definitiva a los
múltiples interrogantes y necesidades referidas a la cuestión, sino que
constituye apenas un posible punto de partida para el debate jurídico, y
fundamentalmente el debate social entre los sectores involucrados, “con el
conjunto de los interlocutores sociales y el asesoramiento de la OIT”,
conforme lo expresado en el punto 5 de este trabajo.
6.1. Adaptación a la doctrina de la Corte referida a convocatoria a
elección de delegados por asociaciones simplemente inscriptas.
A partir del fallo de la Corte en la causa “ATE” que reconoció a los
sindicatos simplemente inscriptos la facultad de convocar a elecciones de
delegados, se desencadenó un debate jurídico en el que se plantearon
interrogantes, de si toda asociación, por el sólo hecho de su inscripción
queda habilitada para convocar a elección delegados cualquiera sea su
representatividad y su inserción en el establecimiento, así como cuál habrá
de ser el procedimiento para la elección de tales representantes, qué tutela
les asiste a los mismos, y de que atribuciones gozarán en el cumplimiento
de su misión, todo ello en el marco de la singular situación de
representación concurrente en el seno de la empresa.
6.1.1. La exigencia de una representatividad mínima de las
asociaciones sindicales simplemente inscriptas.
En el referido trabajo intentamos armonizar los criterios del Alto Tribunal
con las exigencias de la realidad. La mayor amplitud de potestades en
orden a la representación en la empresa que la Corte reconoció a las
entidades simplemente inscriptas nos movió a establecer una suerte de
categorización de las mismas, de modo de fijar ciertos requisitos para que
esas organizaciones adquieran determinados derechos.
En función de ello propusimos una categoría intermedia entre las dos
clases de asociaciones sindicales actualmente existentes, que
denominamos Asociaciones sindicales inscriptas con representatividad
mínima suficiente (artículos 50 y 51 del proyecto), calidad que se les
reconoce a las entidades que cuenten con al menos un 10% de afiliados
respecto del universo de trabajadores que pretenden representar.
Texto propuesto:
Capitulo IX.- De las asociaciones sindicales inscriptas con
representatividad mínima suficiente.
Art 50.- Las asociaciones sindicales de trabajadores inscriptas que no gocen de
personería gremial y que cuenten con una cantidad de afiliados que alcance al
menos al 10% del total de trabajadores comprendidos en el universo que
pretenden representar, podrán ejercer también los derechos previsto en este
capítulo.
A tal fin las entidades deberán requerir a la autoridad de aplicación una
certificación que acredite haber alcanzado ese requisito mínimo, la que será
renovable en la forma prevista en la reglamentación.
Art 51.- Las entidades a que hace referencia el artículo anterior gozarán, de los
siguientes derechos:

12
a) Representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma
actividad o categoría asociación con personería gremial;
c) Peticionar en defensa del interés profesional de los trabajadores de la
actividad;
d) Vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social;
e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las
cooperativas y mutualidades;
f) Promover:
1.- La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
2.- El perfeccionamiento de la legislación laboral y de seguridad social.
3.- La educación general y la formación profesional de los trabajadores.
g) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
h) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa.
i) Convocar a elección de delegados en establecimientos en los casos y con los
alcances previstos en el artículo ….. de esta ley.
Sus afiliados gozarán de la tutela reconocida en el artículo 59 respecto de sus
afiliados
Una vez reconocido este carácter de asociación con representatividad
mínima suficiente, se prevé que las mismas pasen a gozar de determinados
derechos, distintos de los que se les reconoce a las asociaciones
simplemente inscriptas (ver art. 51 del texto adjunto). Sin duda el aspecto
más relevante de la cuestión es el referido a la facultad de convocar a
elección de delegados en ciertas condiciones, lo que se desarrolla más
abajo.
Esta exigencia de reconocer derechos a las entidades sindicales inscriptas
en función de una representatividad mínima suficiente creemos que no
contraviene los criterios de los órganos de control de OIT, que
expresamente la habilitan y resulta indispensable para preservar un
adecuado funcionamiento de las relaciones entre trabajadores y
empleadores en el seno de la empresa.
6.1.2. Facultades de las asociaciones sindicales con representatividad
mínima suficiente de convocar a elección de delegados.
La cuestión más relevante en orden a adaptar la legislación a los criterios
de la Corte es la referida a la potestad de convocar a elección de delegados
de establecimiento. En el proyecto se les reconoce esa facultad a las
Asociaciones Sindicales inscriptas Con Representatividad Mínima
Suficiente, siempre que cuenten con no menos de diez afiliados y más del
10% de trabajadores afiliados respecto de la totalidad del personal (artículo
68) 23 . El número de delegados a designar por la asociación sindical con
representatividad mínima suficiente se corresponde con la escala del
actual artículo 45 de la ley 23.551, aunque el número de representantes a
designar en este caso, se fijará en función de la cantidad de trabajadores
afiliados a esa organización sindical y no del número de dependientes del
establecimiento, que seguirá siendo el criterio aplicable a la elección de
delegados de las asociaciones con personería gremial (artículos 73 y 74).
Texto propuesto:
Art 73.- A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros
acuerdos, el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación
profesional respectiva en cada establecimiento será:
a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;
b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;
c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100)
trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los
establecidos en el inciso anterior.
En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un
delegado por turno, como mínimo.
23 Ese es el porcentaje fijado para el sector público por el artículo 3 de la Resolución
MTESS 255/03.

13
Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más
trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado. Sus decisiones se adoptarán
en la forma que determinen los estatutos.
Art 74.- Los representantes electos por convocatoria de las asociaciones
sindicales simplemente inscriptas con representatividad mínima suficiente
serán:
a) De diez (10) a cincuenta (50) afiliados, un (1) representante;
b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) afiliados, dos (2) representantes;
c) De ciento un afiliados (101) en adelante, un (1) representante más cada
cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán
adicionarse los establecidos en el inciso anterior.
Prevemos también que en el supuesto de concurrencia de convocatorias
por parte de más de una entidad sindical, votarán en esa elección los
afiliados a cada una de ellas, y los no afiliados podrán hacerlo, previa
inscripción, en la de su preferencia (art. 68). La revocación de los
mandatos quedará sujeta a la decisión del universo habilitado para la
designación (art. 69).
Texto propuesto:
Art 68.- En los establecimientos en los que sólo actúe una entidad con
personería gremial, la misma procederá a organizar la elección de delegados,
a la que podrán postularse los trabajadores afiliados a dicha entidad que
tengan una antigüedad mínima de un año. En dicha elección podrán votar
todos los trabajadores, estén o no afiliados a la organización convocante.
Cuando además actúe una asociación sindical simplemente inscripta con
representatividad mínima suficiente, que cuente con no menos de 10% de
afiliados sobre el total de trabajadores del establecimiento, con un mínimo de
diez personas, la misma podrá convocar a elección de delegados conforme la
escala establecida en el artículo 73 de la ley.
En este supuesto votarán en cada elección los trabajadores afiliados a la
respectiva asociación convocante, y aquellos no afiliados a ninguna entidad
votarán en la de su preferencia, con exclusión de la o las restantes, previo
empadronamiento en un registro que cada entidad habilitará al efectuarse la
convocatoria.
Art. 69.- El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y
podrá ser revocado mediante asamblea en la que sólo podrán participar los
trabajadores habilitados para elegir, conforme lo previsto en el artículo 68,
convocada por el órgano directivo de la asociación sindical que hubiera
efectuado la convocatoria, por propia decisión o a petición del diez por ciento
(10%) del total de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los
estatutos, el mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación
votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la asociación
sindical a la que pertenezcan. El delegado cuestionado deberá tener la
posibilidad cierta de ejercitar su defensa.
6.1.3. Derechos exclusivos de las asociaciones sindicales con
personería gremial.
Siguiendo los criterios de los órganos de control de OIT, receptados por el
fallo de la Corte, el proyecto reserva de modo exclusivo la facultad de
negociar colectivamente a las asociaciones sindicales con personería
gremial. También se mantiene el criterio de reconocerles en forma
exclusiva la potestad de constituir fondos de afectación con iguales
derechos de los que gozan cooperativas y mutualidades y la facultad no
sólo de administrar, sino también de crear obras sociales. Finalmente,
serían las entidades con personería gremial las únicas habilitadas para la
designación del delegado sindical, institución a la que habremos de
referirnos más adelante.

14
En sintonía con lo expresado, el artículo 70 del nuestra propuesta
contempla la cuestión de las atribuciones de los delegados de personal,
distinguiendo entre los pertenecientes a ambas categorías de asociaciones
y reservando para los delegados de las entidades con personería gremial
las facultades relativas a la negociación colectiva (inciso d) del artículo 70).
Texto propuesto:
rt. 70 inc. d)
d) Los delegados pertenecientes a una asociación sindical con personería
gremial, sean los electos o los designados en forma directa cuando
correspondiera, ejercerán en exclusividad las funciones inherentes a la
negociación colectiva. Quedan comprendidas en dicha reserva de atribuciones
las siguientes:
1) Integrar la comisión negociadora de un convenio de empresa;
2) Convenir acuerdos de empresa o establecimiento, autorizados por la
asociación sindical respectiva;
3) Acordar modalidades de aplicación en la empresa o establecimiento de
normas integrativas de la convención colectiva de actividad correspondiente;
4) Ejercer toda otra función que, por su naturaleza y efectos, sea propia de
la negociación colectiva.
7. Adaptación a las recomendaciones de los órganos de control OIT.
Se propicia también ese trabajo la adaptación de las normas locales a las
recomendaciones de los órganos de control de OIT.
7.1. Observaciones al artículo 28 de la ley 23.551.
En relación con la observación relativa al texto del actual artículo 28 de la
ley 23.551 sobre el mecanismo de comparación de representatividad entre
asociaciones sindicales, a los fines de operar el desplazamiento de la
personería gremial, el proyecto, siguiendo las recomendaciones del Informe
del Grupo de Expertos, fija la diferencia en el número de afiliados a los
fines del cotejo para operar la pérdida de personería, en un 10% del
padrón de afiliados referido al ámbito en disputa, y en el supuesto que la
diferencia fuere menor, deja la cuestión librada a la decisión de los
afiliados expresada mediante el voto secreto de los mismos (art. 55).
Texto propuesto:
Art 55.- En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con
personería gremial, sólo podrá reconocerse igual personería a otra asociación, para
actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados
cotizantes de la peticionante, promediada del modo prescripto en el artículo 52 inc. c)
fuere superior como mínimo en un 10% a la de la asociación con personería
preexistente. Si la diferencia en la cantidad de afiliados entre ambas entidades fuera
inferior al 10%, la autoridad de aplicación someterá la cuestión a la decisión de los
trabajadores afiliados a las entidades en disputa, mediante un procedimiento de voto
secreto
Presentado el requerimiento, se dará traslado del a la asociación con personería
gremial por el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca
pruebas.
De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas
se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere reconocer la personería a la solicitante, la autoridad de
aplicación procederá a cancelar la personería correspondiente a la asociación que ha
cesado en la condición de más representativa, en el ámbito de representación de que se
trate. La desplazada seguirá registrada como inscripta, con las modalidades del
artículo 50 en tanto no se constate que hayan desparecido las condiciones establecidas
en dicho precepto. Aún en el supuesto de que la autoridad de aplicación omitiera dar de
baja la anterior personería, tal situación de registro se tendrá por producida de pleno
derecho a todos los efectos. (Se prevé que la entidad desplazada pasa a ocupar el
lugar de asociación sindical simplemente inscripta con representativad mínima
suficiente. Además se tiene por operada de pleno derecho la cancelación de
personería de la entidad desplazada)

15
La personería peticionada se reconocerá sin necesidad del trámite previsto en este
artículo, cuando mediare conformidad expresa del máximo órgano deliberativo de la
asociación que la poseía.
7.1.1. Otras modificaciones en el mecanismo de desplazamiento de
personería gremial.
Si bien no fue motivo de cuestionamiento por parte de los órganos de
control de OIT, también hemos creído conveniente en relación con este
tema ocuparnos de aspectos que la experiencia indican como necesarias.
Así, se estableció la exigencia de que la diferencia en la cantidad de
afiliados entre dos entidades para dirimir conflictos de personería gremial
debe mantenerse al tiempo del dictado de la resolución, ello así teniendo
en cuenta lo prolongado de estos trámites, y la posibilidad, relativamente
frecuente, de que los términos de la compulsa puedan haber variado
durante la sustanciación del trámite (art 52). Asimismo se prevé que
otorgada la personería a la entidad peticionante, la asociación desplazada
pasará a revistar como asociación sindical suficientemente inscripta
suficientemente representativa, siguiendo la nueva categorización de
asociaciones sindicales. Además se contempla que en el supuesto que la
autoridad de aplicación hubiera omitido dar de baja la personería de la
entidad desplazada, tal situación se tendrá por operada de pleno derecho
(art. 55).
7.1.2.- Observaciones a los artículos 29 y 30 de la ley 23.551.
En lo referido a la preferencia de la ley por las asociaciones sindicales de
actividad en detrimento de los sindicatos de empresa, se procura receptar
las recomendaciones de OIT, aunque limitando esa libertad constitutiva al
imponer como condición para que el sindicato de empresa pueda desplazar
la personería del sindicato de actividad, que la diferencia en el número de
afiliados de la primera sea superior en el 50% a la segunda (art. 56). Esta
exigencia es compatible con los criterios sentados por los órganos de
control OIT.
Texto propuesto:
Art 56.- Sólo podrá reconocerse personería gremial a un sindicato de
empresa, existiendo en el ámbito pretendido una asociación sindical de primer
grado o unión con personería gremial, si la peticionante acreditase afiliar a
más del 50% de los trabajadores de la empresa durante un plazo mínimo de
seis meses anteriores a la solicitud y dicha condición se mantuviera al tiempo
de emitir pronunciamiento
En el mismo sentido se propicia que la reforma al actual artículo 30
relativa a la situación de petición de personería por parte de una
asociación sindical de oficio, categoría o profesión en detrimento de un
sindicato de rama, la posibilidad de otorgar personería a la peticionante
requiere como condición la existencia de intereses profesionales
diferenciados cuya especificidad y relevancia fueren de tal grado que
signifiquen una individualidad manifiesta, como para justificar el
fraccionamiento de la representación sindical (art. 57).
Texto propuesto:
Art 57.- Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería
gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la
peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o
categoría, la personería podrá reconocérsele si existieran intereses
profesionales diferenciados cuya especificidad y relevancia fueren de tal grado
que signifiquen una individualidad manifiesta, como para justificar el
fraccionamiento de la representación sindical y la existencia de una
representación sindical propia
7.1.3. Observaciones relativas a los artículos 38 y 39 ley 23.551.

16
Conforme las observaciones de los órganos de control OIT proponemos que
la facultad de recaudar cotizaciones de los trabajadores afiliados, así como
las exenciones de carácter impositivo dejen de ser una potestad o beneficio
exclusivo para las asociaciones sindicales con personería gremial haciendo
extensivos los alcances de los actuales artículos 38 y 39 de la ley 23.551 a
toda entidad sindical.
7.1.4. Extensión de la tutela de los representantes sindicales a los
directivos de las asociaciones simplemente inscriptas.
Hemos atendido también a las recomendaciones referidas a la tutela
instituida por los artículos 47 y 52 de la ley 23.551, lo que se expondrá
más abajo al precisarse en detalle la estructura del nuevo sistema de
tutela de la libertad sindical y de los representantes de los trabajadores
que experimenta importantes modificaciones respecto del régimen vigente.
8. Régimen de personería gremial para confederaciones.
El proyecto contempla la hoy frecuenta situación, de pluralidad de
federaciones de una misma actividad que, respecto de una misma
actividad, abarcan distintos ámbitos territoriales. Asimismo reconoce la
situación no prevista en el régimen actual, de confederaciones que
agrupen sindicatos de actividades afines (artículo 60).
Texto propuesto:
Art 60.- Las federaciones y confederaciones más representativas, podrán
solicitar el reconocimiento de su personería gremial en las condiciones del Art.
52. Podrán coexistir dos o más federaciones con personería gremial e igual
ámbito de representación personal, en tanto pretendan su reconocimiento para
distintos ámbitos territoriales. Igual derecho tendrán aquellas confederaciones
que agrupen sindicatos, uniones o federaciones de actividades afines, cuando
concurran iguales circunstancias.
En relación con la cuestión de la personería gremial de las confederaciones
creadas a modo de centrales sindicales se establece que en tal supuesto la
personería gremial no constituirá un derecho de carácter exclusivo, y la
personería se otorgará en función de la representación considerable que la
entidad pueda acreditar, así como su vocación de permanencia, arraigo y
trayectoria. En este punto también nuestro trabajo sigue los lineamientos
del Informe sobre el Estado de las Relaciones Laborales en la Argentina. 24
Texto propuesto:
Art 64.- En el caso de las confederaciones de carácter general, creadas a
modo de centrales sindicales nacionales, el reconocimiento de la personería
gremial podrá no ser un derecho exclusivo de la más representativa. Dicha
personería podrá serle igualmente reconocida a las que, poseyendo una
representatividad considerable, inserción en sectores o actividades de relevante
importancia, vocación de permanencia, arraigo y trayectoria, ameriten ser
tenidas como una presencia necesaria o altamente conveniente para el
desarrollo de las actividades de concertación social y para el funcionamiento de
los órganos creados para implementarlas.
La personería gremial eventualmente reconocida a centrales que no hubieren
acreditado ser la más representativa, en ningún caso las habilitará para
cumplir funciones propias de la negociación colectiva en sentido estricto ni
podrá ser ejercida en detrimento de la participación y atribuciones que son
propias de aquella que sí posea esa condición.
9. Iniciativas tendientes al mejoramiento de la calidad institucional
de las asociaciones sindicales.
Con miras al mejor el funcionamiento institucional de las asociaciones
sindicales el proyecto regula la creación de tres órganos de control interno
24 Informe, op. cit. 135.

17
de las mismas: uno destinado al control de procesos eleccionarios (esto es
la Junta Electoral), otro destinado a la aplicación de sanciones
disciplinarias y un tercero encargado del contralor patrimonial (comisión
revisora de cuentas) (art. 19).
Texto propuesto:
Art 19.- El contralor interno de las asociaciones sindicales estará a cargo de
tres órganos con competencia, respectivamente, en los siguientes asuntos:
a) Supervisión de los procesos electorales.
b) Aplicación del régimen disciplinario.
c) Administración patrimonial, mediante el análisis de las registraciones
contables y balances y la emisión de los pertinentes dictámenes.
Será aplicable a los órganos de contralor lo dispuesto en el artículo 18º, con
la modalidad establecida en el 9º inciso d).
9.1. Régimen electoral.
Creímos también conveniente incorporar un capítulo especial relativo al
régimen electoral de las asociaciones sindicales, teniendo en cuenta la
frecuente conflictividad de la materia, y la insuficiencia o falta de
racionalidad de las normas hoy contenidas en el decreto reglamentario
467/88 que postulamos queden incorporadas en el texto de la ley
(artículos 23 a 30).
Se propone un régimen integral y más preciso, modificando los plazos
vigentes para la presentación de listas y la limitación temporal de la
convocatoria respecto del momento de finalización de los mandatos Se
contempla la facultad de los agrupamientos para presentarse a reservar
color y constituirse como aspirantes a participar del comicio antes del
momento fijado para la presentación de listas.
Asimismo, y atendiendo a la jurisprudencia administrativa en ese sentido
se confiere la posibilidad de las listas de subsanar defectos u omisiones en
sus presentaciones.
Texto propuesto:
Capitulo V. – Del régimen electoral.
Art 23.- Tendrán derecho a votar en las elecciones de la asociación, todos los
afiliados en actividad que posean una antigüedad no inferior a seis meses. Los
jubilados que hubieren conservado la calidad de afiliados ejercerán el derecho a
votar en las condiciones que fijen los respectivos estatutos.
Art 24.- Las elecciones para designar a los integrantes del congreso, órgano
de gobierno y administración y órganos de contralor, serán convocadas
públicamente con una anticipación no inferior a seis meses ni superior a diez
respecto de la fecha de finalización de los mandatos de los que cesen en el
ejercicio de esos cargos. Las mismas deberán efectuarse con una antelación no
menor a cuarenta y cinco ni superior a ciento ochenta días corridos de dicha
fecha. La convocatoria deberá publicarse con no menos de ciento veinte días
corridos de anticipación respecto de la fecha del comicio, se efectuará, como
mínimo, en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de las demás
medidas de difusión que se implementen para asegurar que llegue
efectivamente a conocimiento de los afiliados. Cuando se trate de elecciones de
carácter local, la publicación deberá efectuarse en un diario de circulación en el
ámbito respectivo. En la convocatoria se establecerá el horario y los lugares de
votación, los que no podrán ser modificados. En supuestos en que factores de
fuerza mayor obligaran a disponer cambios, estos requerirán la conformidad
expresa de las diversas listas oficializadas o, de no mediar esta, la decisión
firme de la autoridad administrativa competente.
Art 25.- El órgano convocante, simultáneamente con la publicidad de la
convocatoria, dará a conocer los padrones provisorios. Estos serán dos, uno de
los cuales se ordenará alfabéticamente y el otro por establecimiento y, dentro
de cada establecimiento, también alfabéticamente. En las asociaciones de

18
primer grado organizadas sobre la base de seccionales, los padrones se
dividirán según el ámbito territorial correspondiente a cada seccional. Ambos
padrones deberán contener datos suficientes para individualizar a los afiliados
y la denominación y domicilio del establecimiento en el que prestan servicios o
donde hayan trabajado por última vez en el transcurso del año inmediato
anterior.
Los padrones provisorios serán exhibidos durante treinta días corridos en la
sede central de la asociación y, los correspondientes a cada seccional, en el
local respectivo. Durante ese lapso los afiliados dispondrán de todas las
facilidades necesarias para examinarlos. Un ejemplar completo de cada padrón
será entregado a cada uno de los apoderados de las listas que hubieren
efectuado la presentación previa al pedido de oficialización o que la efectuaren
en algún momento posterior. Con la publicación de la convocatoria y la entrega
de los padrones a la autoridad electoral habrá concluido la intervención del
órgano de gobierno y administración en el proceso electoral. A partir de ese
momento todas las atribuciones referentes al desarrollo de dicho proceso
corresponderán al órgano de contralor electoral, debiendo el de gobierno y
administración limitarse a suministrarle toda la información que requiera y la
infraestructura administrativa indispensable y adecuada para el ejercicio de su
cometido.
Art 26.- Una vez publicada la convocatoria, los diversos agrupamientos que
aspiren a participar del comicio podrán presentarse ante la autoridad electoral
solicitando se proceda a su registración, designando uno o más apoderados y
constituyendo domicilio especial. En esa oportunidad, si el estatuto previera la
individualización de las listas mediante colores, el presentante podrá hacer
reserva del que desee utilizar. A tal efecto, el órgano de contralor tomará en
consideración los antecedentes, procurando que las listas que hubieren
participado de comicios anteriores, conserven el color que históricamente las
hubiere identificado. Del mismo modo se procederá cuando el sistema utilizado
consista en números identificatorios.
Art 27.- Durante el período de exhibición de los padrones y hasta el quinto
día posterior al de su clausura, los afiliados y los apoderados de los
agrupamientos ya presentados, podrán formular solicitudes de rectificación,
tendientes a incluir afiliados omitidos, excluir a los que hubieren sido incluidos
indebidamente o corregir datos erróneos. El órgano de contralor electoral
analizará las peticiones dentro del plazo de diez días, notificando su decisión a
los presentantes. Dentro del mismo término y en el caso en que haga lugar a lo
solicitado, dispondrá las modificaciones correspondientes, así como las que
resuelva procediendo de oficio. Dentro de los tres días posteriores al
vencimiento de ese plazo, dará a conocer los padrones definitivos, los que
permanecerán en exhibición hasta la conclusión del proceso electoral y de los
que entregará un ejemplar a cada lista presentada. La aprobación y puesta en
exhibición de los padrones definitivos deberá ser dada a publicidad con iguales
requisitos que la convocatoria.
Art 28.- La oficialización de listas se regirá por las siguientes reglas:
a) El pedido deberá ser presentado ante la autoridad electoral dentro del
plazo de diez (10) días a partir de aquel en que se hubiere publicado la
aprobación de los padrones definitivos.
b) La solicitud deberá ser acompañada con la conformidad de los candidatos
expresada con su firma y debidamente certificada, la designación de uno o más
apoderados, la ratificación o constitución de domicilio especial y, en el caso que
el estatuto lo requiriera, los avales correspondientes. No se podrá exigir que
avale las listas una cantidad de afiliados superior a la que resulte de calcular
el tres por ciento sobre la totalidad de los incluidos en el padrón definitivo.
c) En el caso que se requiera, para ser candidato a determinados cargos,
acreditar antecedentes que expresen un cierto nivel de experiencia en la
actividad sindical, el requisito deberá formularse con prudencia y
razonabilidad, de modo tal que si se erigiera en un impedimento para el
ejercicio efectivo de la democracia sindical será tenido por inexistente. Igual
criterio se aplicará en el supuesto que se exigiera a las listas incluir candidatos
que expresen un cierto grado de despliegue territorial.
d) La autoridad electoral deberá entregar constancia fehaciente de la
recepción de la solicitud y de la documentación agregada.

19
e) El órgano de contralor electoral deberá pronunciarse dentro del plazo de
tres días, mediante resolución fundada. La solicitud sólo podrá ser denegada
en esa primera resolución, si la mitad más uno, como mínimo, de los candidatos
propuestos no reunieran los requisitos indispensables para serlo. En cualquier
otro caso, la presentante dispondrá de un plazo no menor al precedentemente
otorgado a la autoridad electoral, para subsanar omisiones, integrar datos,
acreditar requisitos, sustituir candidatos, agregar avales y, en general,
perfeccionar su solicitud con miras a posibilitar la contienda democrática.
Transcurrido el término que los estatutos fijen con ese fin, la autoridad electoral
dispondrá de un nuevo plazo de tres días para dictar su pronunciamiento
definitivo. Todas las decisiones de la autoridad electoral deberán ser
notificadas a las listas por medio fehaciente.
Art 29.- El afiliado, en el acto de emitir su voto, deberá acreditar su identidad
y suscribir una planilla como constancia.
La elección se efectuará en una sola jornada, salvo que características
especiales de la actividad o de la prestación de servicios justifiquen extenderla
o establecer el voto por correspondencia o utilizar urnas volantes o recurrir a
otras modalidades, todas las cuales serán admisibles sólo si resultan
conducentes a facilitar la participación de los afiliados y se adoptan los
recaudos apropiados para preservar la identidad del votante, el secreto del voto
y, en general, la pureza democrática.
Los apoderados de las listas oficializadas podrán designar fiscales para que
se desempeñen en las mesas electorales y asistan al acto comicial desde su
apertura hasta su cierre.
Clausurada la votación se efectuará un escrutinio provisorio, en cada mesa
electoral, labrándose un acta en la que constará el resultado y será suscripta
por las autoridades de mesa y por los fiscales. Estos podrán también dejar
constancia de sus observaciones.Si se impugnare cualquiera de los actos
integrativos del proceso electoral el órgano de contralor deberá expedirse en el
término estatutario, que no podrá exceder de las setenta y dos horas.
Art 30.- Las asociaciones sindicales que cuenten con seccionales podrán
hacer coincidir las elecciones locales con las generales. En cualquier caso, lo
dispuesto en este Capítulo será aplicable a cualquier proceso electoral que no
haya sido objeto de regulación específica, sin perjuicio de que los
ordenamientos estatutarios lo adapten, sin afectar su espíritu, según el ámbito
en que deba ser aplicado.
Art 31.- Cuando la elección deba producirse en un congreso de delegados se
aplicarán, en cuanto sea factible, las mismas reglas.
Art 32.- Los términos establecido en este Capítulo para el proceso electoral o
los que, en su caso, determinen los estatutos, se computarán en días hábiles,
con excepción de aquellos plazos que expresamente se fijan en días corridos.
Supletoriamente serán de aplicación las disposiciones del Código Electoral
Nacional.
9.2. Régimen disciplinario.
Incorporamos un capítulo relativo a la reglamentación del régimen
disciplinario de las asociaciones sindicales, atendiendo a la necesidad de
dotar de mayores garantías las actuaciones destinadas a sancionar o
expulsar a afiliados o directivos (arts. 33 a 42). El sistema reglamenta el
trámite para la aplicación de sanciones, y prevé la creación de un órgano
específico encargado del juzgamiento de las sanciones, conforme lo tienen
ya instituido algunos estatutos sindicales. Ello, naturalmente, sin perjuicio
de las facultades revisoras del órgano asambleario.
Texto propuesto:
Capítulo VI- Del régimen disciplinario
Art 33.- Las facultades inherentes al ejercicio del poder sancionatorio
asociacional están reservadas, en exclusividad, al órgano específico que el
estatuto deberá prever y, en su caso, al congreso u órgano asambleario. Los
órganos de gobierno y administración, los demás órganos de contralor y los
ejecutivos seccionales sólo podrán efectuar denuncias ante el órgano
específico, al igual que cualquier afiliado.

20
Art 34.- Las denuncias se formularán por escrito y deberán contener una
relación clara y precisa de los hechos. El denunciante consignará sus datos
personales completos, incluyendo lugar de trabajo, y constituirá un domicilio
especial a los efectos del sumario. Asimismo, manifestará expresamente si se
limita a la condición de denunciante o si aspira a ser tenido por parte en las
actuaciones, lo que lo habilitará para ofrecer pruebas, controlar su producción
y alegar. Cuando el denunciante sea un órgano asociacional será tenido por
parte necesariamente.
Art 35.- Recibida una denuncia, el órgano específico iniciará la instrucción
del sumario correspondiente. Procederá a dar traslado de la misma al
denunciado, el que dispondrá de un plazo no inferior a diez días para
contestarla. El traslado, así como todos los actos que el órgano específico
deba comunicar a los interesados, serán notificados por escrito y por medio
fehaciente. El escrito de contestación deberá observar las mismas condiciones
requeridas para la denuncia. El afiliado denunciado podrá hacerse asistir o
representar por un abogado. En el último caso, deberá otorgar poder suficiente
mediante una autorización escrita y expresa, debiendo certificar la
autenticidad de su firma un escribano público o cualquier integrante del
órgano específico, los que estarán obligados a hacerlo en caso de serle
requerido.
Art 36.- Contestada que sea la denuncia, las partes dispondrán de un
plazo de quince días para acompañar o proponer pruebas. En caso de haber
más de una parte, el plazo será común y se computará a partir de la última
notificación practicada. La prueba documental acompañada se agregará a los
autos y la producción de la restante quedará a cargo del órgano específico, el
que dispondrá de un plazo de treinta días para hacerlo, que podrá ser
prorrogado por otro período igual cuando medien circunstancias que lo
justifiquen. El órgano específico podrá, de oficio, agregar documentación o
producir prueba que resulte pertinente para la mejor dilucidación de las
cuestiones planteadas.
Art 37.- Cuando la gravedad de los hechos y la consistencia de las
presunciones lo ameriten, podrá procederse a la suspensión preventiva del
denunciado. Esta determinación podrá ser adoptada por el órgano específico
recién después de concluido el plazo para el ofrecimiento de prueba y
mediante decisión fundada, no pudiendo extenderse por más de noventa días,
salvo el supuesto de que el denunciado se hallase procesado o hubiese sido
condenado judicialmente por un delito cometido en perjuicio de una asociación
sindical. En tal caso, podrá extenderse hasta que se dicte sentencia y, en
caso de condena, hasta que la misma se cumpla. Con excepción del supuesto
de que medie proceso o condena penal, la suspensión no afectará el libre
ejercicio de los derechos políticos del afectado y será apelable por ante el
congreso u órgano asambleario, el que deberá considerarla y resolverla en la
primera sesión que realice.
Art 38.- La producción de las pruebas estará sujeta al contralor de las
partes. Concluido el período de producción, las partes dispondrán de un plazo
de diez días para efectuar sus alegatos, durante el cual tendrán el más
amplio acceso a la totalidad de las actuaciones.
Art 39.- Desde el vencimiento del plazo para alegar, el órgano específico
dispondrá de treinta días, improrrogables, para dictar pronunciamiento. El
pronunciamiento será decisorio, si se tratare de desestimar la denuncia o
aplicar una sanción no expulsiva. Cuando el órgano estime que corresponde
una sanción expulsiva, su pronunciamiento asumirá la naturaleza de un
requerimiento acusatorio que será elevado, con todas las actuaciones, al
congreso u órgano asambleario, el que deberá ser convocado para decidir en
un plazo máximo de noventa días.
Art 40.- Las sanciones que puede aplicar el órgano específico consisten en
llamado de atención, apercibimiento y suspensión que no podrá exceder de
noventa días. En todos los casos, son apelables ante el congreso u órgano
asambleario. El recurso correspondiente tendrá efecto suspensivo y deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez días de notificada la sanción y por

21
ante el órgano que la dispuso, el que deberá elevar las actuaciones dentro de
los cinco días. El Congreso u órgano asambleario considerará y decidirá el
recurso en la primera sesión que realice.
Art 41.- En los supuestos previstos en los artículos 39 y 40, el afectado por
sí o por apoderado, tendrá derecho a ejercitar su defensa y dispondrá de las
más amplias garantías para poder hacerlo. La asociación es responsable de
que esas garantías sean ciertas, efectivas y suficientes para que el derecho
de defensa pueda ejercitarse en plenitud, sin presiones, amenazas o actitudes
hostiles que puedan enervarlo. La violación de esta obligación asociacional,
sea cual fuere el modo de perpetrarla, ocasionará la nulidad del sumario y de
toda sanción adoptada en su consecuencia.
Art 42.- Todos los términos establecidos en el presente capítulo se
computarán en días hábiles. El órgano específico deberá arbitrar los medios
para atender diariamente, evacuar consultas, recibir escritos y realizar los
demás actos procesales pertinentes. A tal efecto, fijará un horario razonable
que hará conocer a las partes, bajo apercibimiento de nulidad de las medidas
que fueren consecuencia de la imposibilidad de estas de hacer valer sus
derechos.
10. Iniciativas destinadas al fortalecimiento de la acción sindical.
Como novedades dentro del régimen legal de las asociaciones sindicales
hemos incorporado institutos destinados a herramientas que coadyuven a
la acción sindical.
10.1. La tutela sindical.
Hemos reformulado y ampliado el concepto de amparo sindical
estableciendo con mayor precisión los alcances y efectos de tal instituto,
hoy poco utilizado por ciertas deficiencias en su formulación, y la
interpretación que del mismo han efectuado nuestros tribunales (artículo
77).
Texto propuesto:
Articulo 77.- Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u
obstaculizado en el goce o ejercicio de los derechos de la libertad sindical, en
especial los contenidos en la presente ley, podrá ocurrir ante juez competente
postulando el cese definitivo o la nulidad, o en su caso, del acto en cuestión. La
acción tramitará por la vía prevista en el artículo 498 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación o su equivalente en las normas procesales locales. De
ser admitida la pretensión, si mediare negativa o cumplimiento defectuoso o
parcial de la sentencia condenatoria, el tribunal podrá imponer sanciones
conminatorias en favor del reclamante.
Asimismo, podrá ordenar la publicación en un medio de difusión masiva de la
parte dispositiva de la sentencia y de los considerandos que indique.
En caso de que resulte prima facie acreditada la verosimilitud del derecho
invocado y la condición actual o inminente del perjuicio y su irreversibilidad,
podrá disponer, con el carácter de una medida cautelar, el cese inmediato del
comportamiento en cuestión, hasta tanto medie pronunciamiento definitivo.
Se prevé también una acción de tutela para las situaciones de represalias
por parte del empleador por el acto de afiliarse a una organización sindical,
o por activismo sindical de trabajadores que no invisten ninguna
representación formal (artículo 78).
Texto propuesto:
Artículo 78.- Los trabajadores que sean despedidos o perjudicados por
cualquier acto del empleador ejercido a modo de represalia por su afiliación o
activismo sindical podrán ejercer la acción de tutela prevista en el artículo
precedente.
El trabajador deberá aportar indicios suficientes para justificar la presunción
de que el despido o acto lesivo del empleador tuvo como causa su afiliación o
activismo sindical.
El empleador, para enervar los efectos de dicha presunción, deberá acreditar
causa justa o razonables motivos, relacionados con la conducta o capacidad del

22
trabajador, o circunstancias relativas a las necesidades de funcionamiento de
la empresa, establecimiento o servicio.
Acorde con la jurisprudencia más reciente, se contempla que en tales
casos no sólo la reparación de los daños, sino también la posibilidad de
que la resolución judicial que recaiga en el proceso pueda decretar la
reinstalación del trabajador afectado su puesto de trabajo. De este modo,
se deja habilitada con mayor precisión la tutela para activistas sindicales
excluidos de la tutela para representantes electos, que en muchos casos
fueron deducidas con fundamento en el actual artículo 47 de la ley 23.551,
pero que la jurisprudencia, mayoritariamente ha considerado estas
situaciones como excluidas del régimen de tutela de la ley 23.551
encuadrándolos en las previsiones de la ley antidiscriminatoria 23.592.
10.2. Trámite de protección de la afiliación en situaciones en que se
presumen maniobras del empleador para obstaculizar o impedir el
ejercicio de ese derecho.
Se verifican en nuestro sistema de relaciones laborales establecimientos en
los que la patronal, bajo amenaza de represalia o de despido, impide la
afiliación de los trabajadores. Esta situación, que se presenta con relativa
frecuencia, nos lleva a proponer un mecanismo destinado a operar en
situaciones en las que, la baja tasa de afiliación puede hacer presumir que
el empleador obstaculiza el ejercicio de este derecho bajo amenaza de
represalias. El artículo 79 del proyecto establece que en empresas en las
que se verifique una baja tasa de afiliación, o donde se hayan producido
desafiliaciones en número significativo, las asociaciones sindicales pueden
promover una acción judicial tendiente a tutelar la libertad de afiliación,
mediante la cual el juez convocará a una consulta mediante el voto secreto
y obligatorio de los trabajadores, para que éstos expresen su voluntad de
ejercer el derecho a afiliarse. Si los votos positivos fueran superiores en un
porcentaje relevante respecto de la cantidad de afiliados del
establecimiento, el juez dictará una medida de protección de la afiliación
sindical. Los trabajadores que se afilien a la asociación sindical y que sean
objeto de actos de represalia o despido, podrán ampararse en la acción de
tutela regulada en el artículo 78
Texto propuesto:
Artículo 79.- En los casos de empresas o establecimientos en los que no
haya afiliados a ninguna entidad sindical, o donde la afiliación no llegue al
10% del total de trabajadores, o se haya verificado una baja de la tasa de
afiliación superior al 33% en los últimos doce meses, la asociación sindical con
personería gremial competente podrá peticionar ante la autoridad judicial, la
promoción de una acción de protección de la libertad de afiliación.
Previo traslado al empleador y verificación de los extremos que habilitan la
promoción de esta acción, el juez dispondrá convocar a una consulta mediante
el voto secreto y obligatorio de la totalidad del personal del establecimiento, en
la que los trabajadores habrán de expresar su voluntad de mantener su
afiliación, afiliarse o no afiliarse a la organización sindical peticionante. A tal
efecto designará a un funcionario facultado para adoptar las medidas
conducentes a la implementación de lo dispuesto.
En caso de verificarse un resultado en el que los trabajadores que hayan
expresado su voluntad de afiliarse superen la cantidad de afiliados existente
en el establecimiento, la asociación sindical podrá solicitar al juez que libre una
medida de protección de la libertad de afiliación, invitando a todos los
trabajadores del establecimiento a ejercer su derecho de afiliación. Se
presumirán motivados por esta circunstancia los actos del empleador que
dispongan el despido o perjudiquen a los trabajadores que hubieran ejercido
ese derecho, con los efectos previstos en el artículo 78.
10.3. Facultad de las asociaciones sindicales con personería gremial
para ingresar a los establecimientos.
Atendiendo a la situación de que, con no poca frecuencia ciertos
empleadores impiden a representantes de las asociaciones sindicales

23
ingresar a los establecimientos a fin de mantener reuniones con los
trabajadores o delegados, hemos creído conveniente instituir un
mecanismo que permita el ejercicio de este derecho, que consideramos
esencial a la libertad sindical. El artículo 72 del proyecto reconoce la
potestad de las asociaciones sindicales con personería gremial de exigir a
los empleadores les permitan ingresar a los establecimientos, fijando las
condiciones para el ejercicio de este derecho, y habilitando una acción
judicial tendiente a asegurar el mismo y resolver conflictos que puedan
suscitarse respecto de su ejercicio.
Texto propuesto
Art 72.- Los representantes de las asociaciones sindicales con personería
gremial tendrán la facultad de ingresar a los establecimientos comprendidos en
su ámbito de actividad a fin de mantener reuniones con los trabajadores. Los
convenios colectivos de trabajo podrán regular el ejercicio de esta potestad. Si
no hubiere estipulación al respecto en las convenciones colectivas, las
asociaciones sindicales deberán notificar al empleador su voluntad de
mantener dicha reunión en el establecimiento proponiendo día y hora. El
empleador podrá proponer modificaciones en el día y hora, y estará obligado a
franquear el acceso a los representantes sindicales y a facilitarles un lugar
adecuado para desarrollar la reunión.
En caso de negativa del empleador, o de desacuerdo sobre la forma de llevar
a cabo la reunión, la organización sindical podrá ocurrir ante el juez con
competencia laboral en el domicilio del establecimiento, a fin de que, previo
traslado, intime a permitir la reunión, y de ser necesario fije las condiciones en
que la misma habrá de llevarse a cabo, pudiendo disponer las medidas
pertinentes para asegurar su realización.
10.4. La figura del delegado sindical
El proyecto crea la figura del llamado “delegado sindical”, siguiendo el
modelo de algunos convenios colectivos y de la legislación europea. Se
trata de un representante designado directamente por la asociación
sindical para ejercer las funciones de delegado en establecimientos que no
cuentan con cantidad suficiente de trabajadores como para elegir
representantes o donde se hubiera frustrado la elección por falta de
afiliados, o de candidatos (art 75).
Texto propuesto:
Artículo 75.- Las asociaciones sindicales con personería gremial podrán
designar en forma directa delegados sindicales en los establecimientos que
tengan menos de 10 trabajadores y en aquellos en los que, cualquiera fuera el
número de trabajadores, la tasa de sindicalización no exceda el dos por ciento
(2%). Dichos delegados tendrán las mismas funciones y facultades previstas en
los artículos 66 y 70 de esta ley. El delegado sindical deberá ser afiliado a la
organización sindical con personería gremial, no será menester que preste
servicios en el establecimiento, y podrá ejercer sus funciones en uno o más
establecimientos, según lo disponga la entidad designante. Su designación
deberá notificada en forma fehaciente o los respectivos empleadores.
10.5. Facultad de las asociaciones sindicales con personería gremial
para actuar en juicio en defensa de intereses colectivos e individuales
de los trabajadores.
Tal como lo destaca el Informe del Grupo de Expertos, nuestro actual
sistema de relaciones laborales acusa un grado muy significativo de
incumplimiento, evasión o elusión de normas laborales imperativas, que
en buena medida se sostiene gracias a la incapacidad de los trabajadores
para hacer valer cualquier derecho contra su empleador mientras se
encuentre vigente la relación. El temor a represalias, y básicamente al
despido permiten a las patronales una relativa impunidad para abusar de
la inhibición de los trabajadores para reclamar ante la autoridad
administrativa o judicial.

24
Por ello, y siguiendo en este punto las sugerencias contenidas en el
Informe 25 , se instituye la facultad de las asociaciones sindicales de
trabajadores para promover acciones judiciales tendientes a procurar el
cumplimiento de la legislación laboral, la registración regular de los
contratos de trabajo, el correcto encuadramiento legal o convencional de
esas relaciones, el cese de situaciones de fraude o simulación, la anulación
o revocación de actos del empleador que importen modificaciones
prohibidas por la legislación laboral, el cumplimiento de las normas sobre
jornada de trabajo y descanso, así como de las normas sobre higiene y
seguridad, las disposiciones relativas a la tutela de la remuneración y el
cese de conductas discriminatorias.
El artículo 59 faculta a las asociaciones sindicales para promover estas
acciones judiciales, sin necesidad de contar con autorización de los
trabajadores, que por cierto, no podría obtenerse por las razones ya
expresadas, tendientes a la declaración de certeza sobre la naturaleza,
sujetos y encuadre de los vínculos laborales, como así también a postular
condena a cumplir obligaciones de hacer o de no hacer al empleador, bajo
los apercibimientos que el Tribunal estime convenientes.
Texto propuesto:
Art 59.- Las asociaciones sindicales con personería gremial podrán ejercer la
defensa de los intereses individuales de trabajadores comprendidos en su
ámbito de representación, a fin de procurar el cumplimiento de la legislación
laboral, la registración regular de los contratos de trabajo, el correcto
encuadramiento legal o convencional de esas relaciones, el cese de situaciones
de fraude o simulación, la anulación o revocación de actos del empleador que
importen modificaciones prohibidas por la legislación laboral, el cumplimiento
de las normas sobre jornada de trabajo y descanso, así como de las normas
sobre higiene y seguridad, las disposiciones relativas a la tutela de la
remuneración y el cese de conductas discriminatorias.
A tal fin las asociaciones sindicales quedan legitimadas en su carácter de
representantes del interés de los trabajadores, sin necesidad de conformidad o
autorización expresa de éstos, para interponer acciones judiciales tendientes a
la declaración de certeza sobre la naturaleza, sujetos y encuadre de los
vínculos laborales, como así también a postular condena a cumplir obligaciones
de hacer o de no hacer al empleador, bajo los apercibimientos que el Tribunal
estime convenientes. En ningún caso podrán deducir acciones tendientes al
cobro de sumas de dinero por ningún concepto.
Estas acciones encaradas por las organizaciones sindicales podrían suplir
la hiposuficiencia de los trabajadores para hacer valer sus derechos, y se
verán facilitada por el hecho de estar referidas a situaciones presentes y no
pasadas, mucho más fáciles de verificar. De este modo, sin que sea
necesario aguardar a que los vínculos laborales se hayan extinguido, o que
el ejercicio de esos derechos determine la pérdida de los empleos se
procurará a los trabajadores un marco de seguridad y amparo, sin que sea
menester recurrir a acciones judiciales individuales tardías y posibilitando
reconducir los vínculos laborales permitiendo su continuidad.
11. La tutela de los representantes sindicales.
Acorde con las recomendaciones de los órganos de control de OIT hemos
rediseñado el régimen legal de protección de representantes sindicales, el
proyecto diseña un régimen de tutela diferenciando entre las diferentes
calidades de los representantes sindicales.
Así, mientras para los representantes sindicales y delegados de las
entidades con personería gremial se mantiene el sistema actual de
prohibición de despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo
con los mismos alcances del artículo 48 de la ley 23551, los directivos de
asociaciones sindicales simplemente inscriptas, los delegados de
25 Informe, op. cit. Pág. 191.

25
asociaciones simplemente inscriptas con representatividad mínima
suficiente y los organizadores y fundadores de asociaciones sindicales
gozarán de una presunción a su favor en el caso de que se disponga su
despido u otros actos que los afecten, en tanto acrediten las circunstancias
que habilitan la presunción, quedándole al empleador la facultad de
acreditar la justa causa o razonables motivos que justifiquen la decisión
adoptada (art. 80).
Texto propuesto:
Artículo 80.- Los integrantes de los órganos de gobierno y administración de
las asociaciones sindicales inscriptas y los delegados de personal de las
asociaciones sindicales inscriptas con representatividad mínima suficiente
gozarán de tutela en caso de despido u otros actos del empleador que los
perjudiquen. Se presumirá que la causa de tales actos del empleador obedece a
motivos antisindicales cuando tengan lugar durante el tiempo de su mandato o
del año posterior al mismo, siempre y cuando la designación haya sido
notificada al empleador de modo fehaciente.
Igual presunción se operará respecto de los organizadores de una asociación
sindical si el acto se produjera dentro de los sesenta días de haber sido
notificado el empleador de los actos preparatorios de la constitución de la
entidad, tutela que se prolongará hasta seis meses luego de constituida la
asociación y alcanzará a todos sus fundadores.
El empleador sólo podrá enervar los efectos de la presunción probando la
existencia de justa causa de despido.
12. Creación de un órgano independiente encargado de aplicar las
regulaciones relativas a las asociaciones sindicales de trabajadores.
Se prevé asimismo, la creación de un órgano independiente destinado a
actuar como autoridad de aplicación buscando dotar de mayor autonomía
la función que hoy cumple el Ministerio de Trabajo.
Se dispone la creación de un Consejo para la Tutela de la Libertad y
Representatividad Sindical, con facultades similares a las que hoy ejerce el
Ministerio de Trabajo, compuesto por cinco miembros designados por el
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandato por cuatro años.
13. Conclusión: Reformar el modelo para fortalecerlo y no para
debilitarlo.
Considero que detrás del debate acerca de la llamada libertad sindical
subyace una cuestión más difícil de poner en palabras pero que reviste
particular importancia. Es la referida a si la sociedad debe procurar el
fortalecimiento del sindicalismo a los fines de potenciar su capacidad de
negociación y su aptitud reivindicativa para propender al mejoramiento de
las condiciones de vida de los trabajadores y la distribución del ingreso, o
si, por el contrario, lo que se procura es dividir y debilitar a las
organizaciones sindicales para que no entorpezcan el proceso de
acumulación como condición para el progreso y la prosperidad general.
Personalmente tengo la sospecha de que quienes cuestionan tan
vigorosamente al modelo sindical desde fuera del mismo, sean éstos
empresarios, políticos, juristas o formadores de opinión, que no suelen
frecuentar ni vincularse con organizaciones sindicales, de modo consciente
o inconsciente están pensando en un sindicalismo con menor capacidad
reivindicativa. Es pertinente dejar aclarado que de ninguna manera esta
presunción puede hacerse extensiva a la legítima crítica proveniente de
organizaciones sindicales, que, desde el interior de la clase trabajadora
también propician reformas al sistema.
De ahí entonces que en el presente trabajo, sin perjuicio de intentar en
primer término una descripción de la realidad del mundo sindical de
nuestros días, y de admitir la reforma de las estructuras existentes
conforme los criterios que imperativamente debemos acatar, me he

26
permitido encarar el asunto con una visión más amplia, postulando una
revisión del modelo sindical, apuntando a crear instituciones que
fortalezcan estas organizaciones.
La necesidad de mejorar la participación en la vida interna de los gremios
constituye la mejor defensa del modelo de personería gremial que
reivindicamos y aspiramos a mantener. El desafío de las organizaciones
sindicales en este punto es el de contener a las disidencias y a la minorías
para evitarles la tentación de crear sindicatos alternativos.
El ensanchamiento de la libertad sindical, la democracia y la participación
internas son medios que sólo cobran sentido en tanto apunten a vigorizar
las organizaciones para el mejor cumplimiento del objetivo de mejorar las
condiciones de vida y trabajo de sus representados, y que propendan a la
realización plena del trabajador.