democracia - Ediciones Universitarias

estado de derecho, vulnerado cotidianamente por amplias capas
de la sociedad y extensas porciones del aparato gubernamental.
Sin respeto a la ley y a los poderes encargados de hacerla valer no
hay democracia, y por lo tanto se generan condiciones propicias
a la criminalidad.
Para prosperar, la delincuencia organizada requiere vulnerar
las instituciones, acrecentar el desdén hacia las formas legales
de vida. Citemos como ejemplo la piratería. En esa actividad
ilegal se percibe con claridad esta circunstancia. Sin necesidad
de desarrollar expresamente un discurso en su provecho, la fabricación
y difusión de bienes que usurpan la propiedad industrial
descansa en el ánimo social cada vez más extendido de que no
hay intereses directamente afectados con el comercio de artículos
que imitan a los que circulan en la economía formal, o que,
si los hay, su dimensión es tal que es imperceptible el daño o el
perjuicio que se les infiere.
Los no pocos propagandistas de la piratería hacen ver que la
diferencia de precio de un disco producido ilegalmente y el que
corresponde a uno protegido por el régimen de propiedad industrial
es tan ancho que revela un abuso ante el cual es lícito
que los consumidores y usuarios se defiendan. No estarían dispuestos
a escuchar, o no le concederían
credibilidad, el alegato sobre la estructura
de costos de lo producido conforme a la
ley, que se refleja en el precio.
Todas las actividades de la delincuencia
internacional, como esta que proponemos
a título de ejemplo, son deleznables y deben
ser evitadas y combatidas. Pero hay algunas
de mayor peligrosidad social, porque
es más amplio el universo de los intereses lacerados y es de mayor
alcance el conjunto de los valores que se perturban. Tal es el caso
del comercio de drogas ilegales, la trata de personas, el contrabando
de armas, el secuestro, que a menudo aparecen vinculados.
La alta rentabilidad de estas formas de delincuencia les permite
minar deliberadamente las instituciones democráticas, a las que
logran quebrantar aunque no lleguen nunca a desmoronarse. La
corrupción administrativa y judicial es un veneno que corroe a
las instituciones democráticas, que las priva de su razón de ser,
porque si el gobierno no está al servicio de los gobernados sino
al de las bandas criminales, el pacto social en que ha de basarse
la convivencia carece de sentido.
La democracia, la electoral y la sustantiva, deben ser antídotos
contra la delincuencia organizada, el único modo de contenerla.
Democráticamente, es decir con la participación de la sociedad
en consonancia con sus autoridades, deben definirse los modos
de la contención al crimen organizado. Debe discutirse en la
sociedad y en las instituciones legítimamente animadas por el
voto popular la posición del gobierno ante el comercio de drogas
prohibidas, por ejemplo. Es decir, la legalización de los estupefacientes
menos dañinos que el alcohol, en las modalidades y
con la velocidad que se establezca, sólo puede ser fruto de una
discusión realizada tanto en el seno de las organizaciones civiles
—el modo de participación cotidiana de los ciudadanos en la
democracia— como en el escenario en que actúan los poderes.
No es útil ni sano que, como ha ocurrido en México en el último
lustro, se despliegue una estrategia militar contra el crimen
organizado y no se revise esa conducta gubernamental ante la
evidencia de su insuficiencia y aun su índole contraproducente.
Una confesión de parte respecto de la necesidad de participación
social fue la convocatoria, casi cuatro años después de iniciada
la lucha en términos puramente bélicos, a agrupaciones
sociales a las que, sin embargo, se las requiere para avalar, y no
para discutir a fondo la ruta gubernamental.
Es posible documentar las innumerables formas de debilitamiento
gubernamental causado por la delincuencia organizada.
Pero estamos en riesgo de peores embates contra la democracia.
Uno principalísimo es la fragilidad de nuestra estructura electoral.
En los años recientes, en elecciones federales y locales han
aparecido ominosas señales sobre la capacidad de penetración
del narcotráfico en los procesos comiciales. Es preciso cobrar
conciencia de ese riesgo y que la sociedad civil organizada y las
instituciones lo combatan, a fin de evitar que el peligro de tener
autoridades impuestas por el crimen organizado nos alcance y
conduzca al extremo de convertirnos en un narcoestado.
El término democracia adquirió tantos
significados que dejó de servir como
un referente para comprender una
realidad concreta.
Cartón de Rogelio Naranjo.