Excerpta N° 7 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile

hoy día se mantienen las siguientes:
Por un lado, como ya señalábamos anteriormente la creación de las Secretarias Comunales de Planificación y
Coordinación, tienen según la ley la función de elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal sin embargo su
labor se ha restringido a elaborar Diagnósticos y a avaluar programas diseñados a nivel central y en el mejor de
los casos a apoyar el diseño y la gestión de proyectos, muchas veces elaborados por consultoras externas.
Es decir este rol se ha cumplido parcialmente; no se cuenta todavía con la capacidad necesaria, hay a una
sobrecarga de tareas, junto a disputas internas por el poder. No se desarrolla una labor decisiva en torno a la
constitución de un plan de Desarrollo Local o comunal junto a la comunidad.
Por otro lado hay grandes restricciones presupuestarias particularmente en los Municipios urbanos pobres o de
ciudades pequeñas o intermedias. Otra "limitación del Municipio ....se relaciona con las posibilidades reales de
inversión y, por lo tanto, con la capacidad efectiva de solucionar los problemas de la población....en una ciudad
intermedia....el presupuesto municipal alcanza para mantener el personal y el funcionamiento de los servicios
urbanos y sociales, pero no permite realizar grandes proyectos de inversión sin recurrir a los recursos del
gobierno central, en especial los fondos sectoriales y regionales". (14)
En el Foro Iberoamericano sobre Gestión Local en los procesos de descentralización, según el Dr. Gómez Navas
(1991) hay un cuestionamiento a las capacidades reales para hacer frente a los cambios que implica una inserción
en la propuesta de democratización de la región. Existe un razonamiento acrítico que le atribuye al Municipio
una discutible idoneidad para recibir nuevas competencias o funciones. Por otro lado también se minimizan los
efectos del creciente fenómeno de la urbanización en el comportamiento del aparato gubernamental local.
En relación a esto último según Ahumada (1991) en la historia de los gobiernos locales el proceso de rápida
urbanización ha sido disruptivo, potenciado más todavía por factores de políticas y administración centrales y
locales.
Es decir, enfrentado el gobierno local y nacional a un proceso acelerado de urbanización y desarrollo
concentrado en la ciudad primaria, aparece una secuela de medidas puestas en marcha de modo desordenado y
normalmente atrasadas, en la perspectiva de frenar el crecimiento, lo que aún no ha sucedido.
En nuestro país producto del crecimiento urbano se han llevado a cabo desalojos de comunidades desde el centro
de Santiago hacia la periferia, Rodríguez (1992). En el período 1979-1985 fueron erradicadas 28.703 familias, es
decir 172.218 personas. Las comunas de Las Condes y Santiago son las que aparecen con los porcentajes más
altos de expulsión.
Los resultados y consecuencias de estos desalojos se expresan en primer lugar en impactos urbanos, Rodríguez
(1992): Traspaso de responsabilidades a las comunas más pobres; pérdida de acceso a equipamiento y servicios
públicos. En segundo lugar impactos económicos en las Familias: disminución del ingreso, afectando
negativamente la sobrevivencia; Impacto psico-social, necesidad de adecuarse a un medio desconocido con
comunidades de distinto origen, aumento de la delincuencia, inseguridad y violencia. En tercer lugar impacto en
la estructura familiar: perdida del trabajo del jefe de hogar, incorporación de mujeres y al mundo laboral,
integración de jóvenes a grupos marginales.