1opj6id

Aspectos médico-legales en Urgencias
• Lesiones
• Hurto y robo de uso de vehículos
• Violencia física o psíquica • Delitos contra la seguridad del tráfico
La reforma afecta a los datos de salud, y con ello al derecho a la intimidad del paciente y al
deber de secreto del médico a los que hemos hecho alusión en el punto anterior. Haciendo
uso de una de las excepciones establecidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza a las Fuerzas de Seguridad para que de forma inmediata
recabe de los centros sanitarios los informes médicos existentes sobre los participantes
en dichos delitos e incorporarlos al atestado policial que se incoa por las mismas.
Puesto que la entrega de dichos informes únicamente está justificada si su finalidad es la tramitación
de un procedimiento judicial por la vía del juicio rápido, se recomienda que se solicite
de las Fuerzas de Seguridad la justificación documental de su petición y el motivo de la misma,
no debiendo hacerse entrega de los mismos si la finalidad de la solicitud no es la señalada.
Para la entrega de dichos informes a las Fuerzas de Seguridad, el personal que atienda la petición
deberá asegurarse de la identidad de la persona que lo recibe, dejando constancia documental
en el Centro Hospitalario de la entrega de los mismos (datos de identidad y firma
de la persona que lo recibe y fecha de recepción).
Si el facultativo u otro personal del centro sanitario no atiende el requerimiento realizado por
estas Fuerzas de Seguridad, podría incurrir en un delito tipificado en el artículo 412 del Código
Penal, que establece: “El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no
prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá
en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a dos años”.
Por su parte, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que aunque su
ámbito de actuación queda restringido a dicha Comunidad Autónoma, no deja de ser orientativo,
respondió a la siguiente pregunta: ¿Es posible la cesión de datos de una serie de personas
atendidas en un Centro de Salud a la Unidad Central de Información Exterior de la
Dirección General de la Policía
La respuesta de dicha Agencia fue que, de conformidad con el artículo 22 de la LOPD, apartados
2, 3 y 4, así como de los artículos 22.2 y 3 del mismo cuerpo legal, en relación con el
artículo 11.1 y 2 de la ley Orgánica 2/1986 sobre fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana,
“la cesión de los datos solicitados por parte de la Dirección General de la Policía podrían tener
amparo legal y sería conforme con la LOPD, siempre y cuando quedara debidamente señalado
que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave
para la seguridad pública para la represión de infracciones penales, y tratándose de datos especialmente
protegidos como los de salud, que fueran absolutamente necesarios para fines
de una investigación concreta, nunca en el caso en que la petición sea totalmente genérica.”
Salvo los supuestos mencionados, todos los datos de los pacientes son confidenciales y ni siquiera
cabe afirmar o negar su paso por la consulta o por la urgencia del centro de salud o
del hospital.
Posteriormente, el Decreto 24/2011, de 12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La
Mancha, en su artículo 27.1 dispone que “La cesión de datos de la historia clínica a
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no requiere recabar el consentimiento
previo de la persona o personas afectadas cuando la obtención de los mismos
sea necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para
Capítulo 5 l 37