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MANUAL DE PROTOCOLOS Y ACTUACIÓN EN URGENCIAS
EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DATOS RELATIVOS
A LA SALUD Y DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
El derecho a la intimidad del paciente implica que el profesional sanitario tiene la obligación
de mantener la confidencialidad de los datos aportados por el paciente (deber de “secreto”)
respecto de cualquier información proporcionada por su paciente en el ámbito de la relación
médico-paciente, no pudiendo revelársela a un tercero sin su consentimiento específico, o
sin que se ampare en una causa legal expresa que le exima del deber de secreto.
El médico que dé información o entregue documentación a otras personas que no sean el
propio paciente o la persona por éste autorizada, podría incurrir en la comisión de un delito
de revelación de secretos, vulnerando el deber de secreto profesional y el derecho fundamental
de la persona a su intimidad. Además, el profesional podría incurrir en responsabilidades
en el orden administrativo, disciplinario y deontológico.
No obstante lo anterior, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) protege la intimidad
de los datos informatizados referentes a la salud, pero a su vez establece una serie de excepciones
a la citada prohibición, entre las que hay que tener en cuenta para el tema que nos
ocupa:
• Los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo pueden ser recabados,
tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente.
• En el caso de la sesión de datos referidos a la salud, no es necesario el consentimiento del
interesado en los siguientes casos:
– Que la cesión esté autorizada en una ley.
– Que la comunicación que tenga que efectuarse se dirija al Defensor del Pueblo, el Ministerio
Fiscal o a los jueces o tribunales, o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones
que tienen atribuidas. Tampoco resulta preciso el consentimiento del paciente cuando la
comunicación tenga por destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas
al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
En este ámbito hay que encuadrar las modificaciones parciales de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, realizadas por:
• Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y
faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
• Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato
de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido una variedad de procedimiento
denominado “juicios rápidos”, cuya tramitación necesita de una mayor actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en detrimento de las funciones inicialmente encomendadas
a los órganos judiciales.
Por este procedimiento se incoarían todos los hechos punibles cuya instrucción sea sencilla,
y en concreto por delitos flagrantes tipificados como:
• Amenazas
• Hurto
• Coacciones
• Robo
36 l Capítulo 5