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Así, y tomando como ejemplo el sector de Construcción,
podría darse la contradicción de que tras el 1 de abril, y en
base al párrafo segundo de la citada Disp..Adicional, se
prohibieran trabajos y ocupaciones en este sector, con una
calificación de riesgos no especialmente graves cuando:
a) El artículo 8 del Real Decreto 216/1999 ya exigía antes
de la nueva Directiva aperturista 2004/108/CE que las
ocupaciones prohibidas tuvieran una calificación de
mayor gravedad: “trabajos en obras de construcción a
los que se refiere el anexo II del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre”, es decir, y siguiendo el
tenor literal de este último Reglamento “trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud
de los trabajadores”. El anexo II citado es claro en la
calificación de los riesgos: trabajos con riesgos
especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caída de altura…, trabajos en los que la exposición a
agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, etc.
la Ley 35/2010, en particular a través de la negociación colectiva”,
donde sobre la justificación de las prohibiciones por razón de los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los
puestos o trabajos afectados, entiende serán de interés las
descripciones en la correspondiente clasificación profesional y en las
evaluaciones de puestos de trabajo de que se disponga y que de las
mismas se deduzca que la puesta a disposición por una ETT añade
riesgo a la ejecución del trabajo. Añade que, de acuerdo con las
conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo sobre Empresas de
Trabajo Temporal (Junio 2010) no parece que existan supuestos
claros de exclusión de puestos de trabajo por seguridad y salud que
no puedan ser paliados por medidas preventivas, de formación e
información al igual que ocurre con la contratación temporal directa.
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