Asepeyo - Aguas y Servicios

peligrosidad y para contratar con las
administraciones públicas.
Sí que parece coherente que, al menos, la norma exige una
serie de requisitos para poder negociar esas prohibiciones:
que se fundamenten en razones de seguridad y salud en el
trabajo (“por razón de los riesgos para la seguridad y salud en
el trabajo asociados”), y además que gocen de una adecuada
concreción (“ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a
tareas determinadas”).
Sin embargo, y sobre el tercer requisito (informe razonado)
que garantice un adecuado control de estas posibles
prohibiciones dada la visión de la Directiva y los efectos sobre
el sector de ETTs que de ello pudieran derivarse, parece claro
que será la autoridad laboral a través del control de legalidad
de los Convenios, y la Comisión Nacional de la Competencia –
véase el reciente informe del Tribunal Vasco de la
Competencia sobre las cláusulas restrictivas y prohibitivas al
uso de ETTs en la negociación colectiva- quienes fiscalicen, y
en su caso sancionen, que a socaire de un prolongado
pactismo no se vulnere la intención aperturista de la Directiva
2008/104/CE.
En este sentido, el nuevo marco regulador no ampara
aquellos acuerdos que sin una fundamentación contrastada de
la especial peligrosidad de determinados trabajos u
ocupaciones, permita expandir indiscriminadamente las
prohibiciones a aquellas categorías que omitan la calificación
de los riesgos, o donde su probabilidad/severidad no tengan
la relevancia que exige la norma. 4
4
Véase el informe del Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en Recursos Humanos “Las prohibiciones y
limitaciones a la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal tras
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