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dichos sectores, lo cual parece puede abortar la intención de
la Directiva de 2008, de la Ley 27/2009 y de la propia Ley que
analizamos. El siguiente párrafo de la disposición tampoco
arroja luz alguna en esta materia, ya que también permite
esta posibilidad a través de la negociación colectiva sectorial
de ámbito estatal.
Sobre la duda de a qué sectores se refiere, si seguimos una
interpretación lógica de la norma, parece se refiere
exclusivamente a los sectores de actividad donde
hipotéticamente no podrían ser cedidos los trabajadores de
ETTs. Esto generaría un conflicto a tenor del propio texto del
citado art.83 cuando dice que “mediante acuerdos
interprofesionales o por convenios colectivos las
organizaciones sindicales y asociaciones patronales más
representativas, de carácter estatal o de Comunidad
Autónoma, podrán establecer la estructura de la negociación
colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los
conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito
y los principios de complementariedad de las diversas
unidades de contratación, fijándose siempre en este último
supuesto las materias que no podrán ser objeto de
negociación en ámbitos inferiores”, ya que no parece
aventurado prever el conflicto de concurrencia de un convenio
o acuerdo prohibicionista con los legítimos intereses de un
sector no presente en esa negociación pero de manifiesta
relevancia y legitimidad como es el sector de Empresas de
Trabajo Temporal.
Este conflicto parece derivarse de una reforma, en esta
materia, fruto no del -fracasado- diálogo social sino de un
proceso legislativo pactista que –fruto de la precipitación- no
ha tenido en cuenta ni la opinión de los expertos residida en
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
donde están presentes todos los agentes sociales.
En este sentido, los interlocutores sociales del sector de ETTs
ya han sido capaces de establecer unas satisfactorias
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