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efecto, mientras que en la directiva de 1991 se decía que “los
Estados miembros tendrán la facultad de prohibir que se
recurra a trabajadores que tengan una relación laboral de las
contempladas en el artículo 1 para realizar determinados
trabajos especialmente peligrosos para la seguridad o la
salud, tal como los defina la legislación nacional, y en
particular para determinados trabajos que sean objeto de un
control médico especial definido por la legislación nacional”,
reconociendo de esta manera como punto de partida su
derecho a establecer estas restricciones, en el nuevo texto de
la Directiva se dice que “las prohibiciones o restricciones al
uso del trabajo temporal estarán justificadas sólo por razones
de interés general”, por lo que la regla es que no se podrán
imponer prohibiciones, y la excepción es que se establezcan.
Las prohibiciones deberán someterse a un escrutinio estricto
para comprobar que existen suficientes razones de interés
general como para justificar su existencia.
Sobre el nuevo tratamiento de esta materia a través de una
norma de rango legal frente al tratamiento anterior que lo
desarrollaba a través de una disposición de carácter
reglamentario, resulta plausible el interés del legislador si
bien desde el punto de vista de técnica legislativa, la norma
resultante sigue siendo confusa –en cuanto a la clara
determinación de los trabajos prohibidos- y farragosa –en
cuanto a la dispersión de la materia- respecto de la anterior
por las razones que a continuación se exponen.
Como hemos anticipado, la definición de los trabajos a
prohibir ha pasado de “actividades –sectores en algunos
casos- y trabajos” a “trabajos y ocupaciones”, pero ahora esta
materia queda dispersa entre el Real Decreto 216/1999 –cuyo
artículo 8 debemos entender derogado- y la nueva disposición
adicional segunda de la Ley 14/1994.
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