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mercado, permitiendo que el trabajador mantenga el empleo
y el nivel de ingresos.
Las novedades que introduce el RD 10/2010 son que El
contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del
empresario por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción, con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 51 de esta Ley y en sus normas de desarrollo y se
añade que El procedimiento será aplicable cualquiera que sea
el número de trabajadores de la empresa y del número de
afectados por la suspensión y que la autorización de la
medida no generará derecho a indemnización alguna.
Se mantiene este primer apartado en términos similares a la
redacción anterior, si bien se concreta que el procedimiento
se aplica independientemente del número de trabajadores
afectados, por lo que será precisa autorización administrativa
en todo caso conforme al RD 43/1996, sin consideración a los
umbrales numéricos previstos para el ERE en el art. 51. La
explicación de esta previsión puede encontrarse en la
necesidad de evitar actuaciones fraudulentas por connivencia
entre las partes, siendo afectados los recursos públicos debido
a las medidas complementarias que más adelante se
expondrán. Se huye así del régimen previsto por ejemplo para
las modificaciones sustanciales, en las que basta la decisión
empresarial susceptible de impugnación judicial, y se
considera que ese control judicial en este caso no es
suficiente porque opera sólo a iniciativa del trabajador.
El período de consultas se reduce a quince días, y si finaliza
con acuerdo la Autoridad Laboral autoriza la medida, salvo
que aprecie la existencia de fraude, dolo, coacciones o abuso
de derecho en la consecución del acuerdo. Si no hay acuerdo
la Autoridad Laboral dicta resolución estimando o
desestimado, en todo o en parte, la solicitud empresarial.
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