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Todas estas consideraciones anteriores ponen de manifiesto
que la idea de integridad moral posee un reconocimiento
constitucional y jurídico-penal, que además supone la
existencia de un bien jurídico, de un valor humano, con
autonomía propia, independiente y distinto de los derechos a
la vida, a la integridad física, a la libertad y al honor. Esto es,
que la integridad moral configura un espacio propio y por
consecuencia necesitado, susceptible y digno de protección
penal. Y este espacio o ámbito propio, se define
fundamentalmente desde la idea de la inviolabilidad de la
personalidad humana en el derecho a ser tratado como uno
mismo, como un ser humano libre y nunca como un simple
objeto.
La integridad moral es un atributo de la persona, como ente
dotado de dignidad por el solo hecho de serlo; esto es, como
sujeto moral, en sí mismo, investido de la capacidad para
decidir responsablemente sobre el propio comportamiento. La
garantía constitucional de la dignidad, como valor de la alta
calidad indicada, implica la proscripción de cualquier uso
instrumental de un sujeto y de la imposición al mismo de
algún menoscabo que no responda a un fin
constitucionalmente legítimo y legalmente previsto.
IV.- ENCUADRE DE LA APLICACIÓN DEL DELITO DE
ACOSO LABORAL.
Antes de entrar al abordaje de los pormenores del nuevo
delito de acoso laboral recogido en el art. 173.1, párrafo
segundo, del Código Penal, es menester destacar y partir de
la realidad de que no todas las conductas que coloquialmente
puedan ser consideradas como “mobbing” pueden ser
constitutivas de dicho delito.
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