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La competencia de la Inspección de Trabajo para actuar en
investigaciones de acoso laboral en las Administraciones
Publicas se basa, en la consideración de que el bien jurídico
protegido, es la seguridad y salud de los funcionarios o
trabajadores públicos, es decir, estamos ante el marco de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo art. 3 se
determina la competencia de la Inspección de Trabajo en las
relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La investigación se inicia mediante denuncia, que debe ser
ampliada, antes de la actuación en la empresa, mediante una
entrevista con el trabajador y entrega de las pruebas
pertinentes.
La visita de inspección girada por los actuantes al centro de
trabajo debe ser lo más sorpresiva posible, con técnicas
suaves y poco agresivas, indagando poco a poco y de forma
sutil y amigable sobre la estructura organizativa y los hechos
que se están investigando, evitar en todo caso, que los
sujetos inspeccionados se pongan a la defensiva, en
particular, el acosador.
Se procederá a analizar las pruebas obtenidas, documentales,
testificales tanto del trabajador acosado como de los antiguos
compañeros del trabajador, de Delegados de Prevención y del
propio acosador, informes médicos del trabajador afectado,
evaluación de riesgos psicosociales.
El último fin de la investigación es restablecer el derecho del
trabajador a su dignidad y detectar posible problemas de
organización de la empresa, sin perjuicio de las posibles
actuaciones sancionadoras.
Los problemas a la hora de levantar actas de infracción donde
se aprecia el acoso laboral como conducta infractora, suelen
ser probatorios, puesto que si los testigos que han declarado
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