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De igual modo, se prevé la posibilidad de que empresario y
representantes de los trabajadores sustituyan este periodo de
consultas por el procedimiento de mediación arbitraje previsto
en el ámbito de la empresa, dentro de los plazos indicados.
Otra novedad es que cuando el periodo de consultas finalice
con acuerdo se presumirá que concurren las causas
justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser
impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia
de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su
conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores
afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo
del apartado 3 de este artículo. Ello afecta enormemente a las
posibilidades de impugnación de la medida, y hay autores que
ya apuntan (Baylos Grau) que la presunción de concurrencia
de las causas justificativas, es una presunción iuris tantum,
susceptible por lo tanto de prueba en contrario, lo que si bien
alteraría los términos del litigio, pues en lugar de que sea el
empresario el que deba acreditar que concurren las causas
que permiten adoptar la medida, será el trabajador el que
deba probar que tales causas no existen, permitiría también
un proceso con dicho objeto. Es discutible en cualquier caso
esta interpretación, pues el precepto dice “sólo podrá ser
impugnado…”.
Según el origen de la condición afectada, se abren dos
posibilidades:
- Cuando se trate de condiciones reconocidas por acuerdo o
pacto colectivo, o disfrutadas por una decisión unilateral del
empresario, terminado el periodo de consultas el empresario
comunica su decisión, frente a la cual se puede reclamar por
la vía del conflicto colectivo o individualmente (la primera vía
paraliza la segunda). En este caso se recoge algo que por vía
jurisprudencial ya había sido admitido, y así la STS de 6-10-
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