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la definición de la situación económica negativa, que sí se
mantiene para la movilidad geográfica, sustituyéndola por
otra que permite a la empresa adoptar este tipo de medidas
con mayor facilidad, pues se permiten frente a una previsión
de evolución negativa de la empresa o mejora de la situación
y de las perspectivas de la misma, es decir de forma
preventiva o como reacción frente a situaciones actuales y
que se prevén malas de futuro. Esta modificación está en
consonancia con lo previsto para despidos colectivos, aunque
se sigue tratando de conceptos jurídico indeterminados, que
deberán ser concretados por la práctica judicial, y que
además generarán importantes dificultades en cuanto a su
prueba, manteniendo con ello los mismos problemas
prácticos, pues no deja de resultar complejo el acreditar que
la evolución prevista es negativa.
La nueva regulación del art. 41 permite hacer las
siguientes distinciones:
Por un lado las modificaciones individuales de las condiciones
de trabajo (modificaciones de condiciones que disfrutan los
trabajadores a título individual, o que teniendo un origen
colectivo relativas a funciones y horario, afectan a un número
menor de trabajadores de los recogidos en el apartado
segundo en un periodo de noventa días), que se mantienen
con una regulación igual a la actual, donde se requiere la
comunicación al afectado y a los representantes legales de los
trabajadores con una antelación de 30 días, concretando los
motivos de la decisión y fecha de efectividad, disponiendo el
trabajador de las mismas posibilidades de extinción de la
relación en caso de perjuicio y de impugnación que hasta
ahora.
En segundo lugar las modificaciones de condiciones de trabajo
de carácter colectivo, sin perjuicio de los procedimientos
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