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desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho
periodo. Esto último en principio cabe interpretarlo como que
el proceso de solución de conflicto extrajudicial debe concluir
dentro de ese periodo de quince días, lo que sin embargo
sería problemático caso de que las partes acudan al mismo
una vez avanzada la negociación, por lo que parece que el
plazo de quince días debería contar desde que las partes se
remiten a la mediación o arbitraje.
Las referencias a la movilidad geográfica se completan en la
reforma con lo previsto en la disposición final décima de la
Ley 35/2010, que recoge el Fondo de Capitalización, y
establece que los trabajadores podrán hacer efectivo el mismo
en los supuestos de movilidad geográfica.
Cabe destacar que tanto el art. 40 como el art. 41 ET,
permitían acudir a la movilidad geográfica o a la modificación
sustancial por razones económicas, técnicas, organizativas o
de producción, y la definición de tales causas era idéntica.
Este extremo ha sido también objeto de una nueva redacción
con la reforma, lo que no ha ocurrido en el ámbito de la
movilidad geográfica, rompiendo así la equiparación entre
ambos preceptos, sin que tal vez esta situación responda a
una reflexión en tal sentido sino a un descuido del legislador.
Por tanto y recapitulando, la reforma en este caso afecta a la
duración del periodo de consultas, la previsión de la falta de
representación de los trabajadores, y la posibilidad de
sustitución de estas consultas por la remisión a la mediación o
arbitraje.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDI-
CIONES DE TRABAJO.
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