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de una relación de dependencia laboral privada o empresarial,
como por ejemplo la perpetuidad en el puesto de trabajo (se
habla incluso, aún en vetusta terminología decimonónica, que
la desigualdad con el cruel mundo real de la empresa debiera
desterrar, de “tomar posesión de la plaza” de funcionario) o la
ausencia de una amenaza de despido. Por ello, el CGPJ, en su
informe al Anteproyecto de 2008, manifiestaba que "las
peculiaridades de la relación laboral en la función pública
hacen aconsejable que el tipo penal tenga elementos
diferentes de los del acoso laboral fuera de las
Administraciones Públicas. Efectivamente, esta clase de
comportamientos en el ámbito de la función pública no son
fácilmente subsumibles en el concepto jurídico penal
de acoso laboral, puesto que el requisito de la reiteración de
la conducta hostil se desdibuja notablemente debido a que los
actos de acoso pueden materializarse en un solo acto
administrativo de efectos permanentes. Por eso, se sugiere
que el elemento de la reiteración sea sustituido en el ámbito
de la función pública por «la permanencia de sus efectos»,
que deben ser reveladores de un proceso de grave
hostigamiento, incluso si han existido resoluciones
administrativas consentidas o infracciones no penales
prescritas”. La ley ha primado el principio de igualdad (art. 14
de la Constitución) y no ha atendido a esta distinción 16 .
16 En cuanto, en fin, al Estatuto Básico del Empleado Público, cabe
decir que integra en esta denominación tanto a los funcionarios de
las AA. PP. como al personal de las mismas contratado conforme a
la legislación laboral, porque entiende, según palabras de su
Exposición de Motivos, que "si bien por imperativo constitucional no
puede ser este (último) el régimen general del empleo público en
nuestro país, ni existen razones que justifiquen hoy una extensión
relevante de la contratación laboral en el sector público, no debe
desconocerse que un porcentaje significativo de los empleados
públicos tienen la condición de personal laboral, conforme a la
legislación vigente", añadiendo que "la flexibilidad que este régimen
legal introduce en el empleo público y su mayor proximidad a los
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