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El nuevo artículo se sitúa en el Título VII del Libro II del CP:
"De las torturas y otros delitos contra la integridad moral", lo
que supone que el bien jurídico protegido, por tanto, es la
integridad moral, entendido como el expresamente protegido
por el art. 15 de la Constitución Española y diferenciado de
otros valores como la integridad física o el honor, e incluso el
derecho a la vida, aunque algunos autores han defendido la
consideración del acoso laboral, como un delito con diversidad
de bienes jurídicos a los que atacar, que puede afectar a
varios derechos fundamentales, a la dignidad (art. 10 CE), la
igualdad (art. 14 CE), o al derecho al honor, a la intimidad
personal y a la propia imagen (art. 18 CE), pero esto es
incorrecto doctrinalmente, pues los efectos conectados
causalmente al acoso —lesiones, coacciones, daños, etc.—
serían constitutivos de otros delitos añadidos y castigados con
arreglo al concurso de delitos, sin que supongan una
alteración o adición de bienes jurídicos protegidos.
En la reforma, como podemos comprobar, se añade un
segundo párrafo al apdo. 1 del art. 173, con la siguiente
redacción: "Con la misma pena serán castigados los que, en
el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra
otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin
llegar a constituir trato degradante, supongan
grave acoso contra la víctima".
Como en cualquier reforma legislativa, máxime en el ámbito
penal, siempre es ilustrativa la lectura de su preámbulo. En lo
que se refiere al delito que nos ocupa, se trata en el epígrafe
XI del preámbulo como "hostigamiento psicológico u hostil en
el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que
humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave
ofensa a la dignidad".
El tipo penal pretende igualar todo tipo de ataques a la
integridad moral en el trabajo, cualquiera que sea el marco en
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