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INTRODUCCIÓN
El pasado 27 de octubre de 2010 el Tribunal de Cuentas del
Reino de España adoptaba una Resolución decisiva para el
funcionamiento de las Administraciones Públicas, que en el
transcurso de los últimos años se han visto sometidas a la
indiscutible obligación de dar cumplimiento a numerosas
sentencias de los Tribunales, por las que muchos trabajadores
de las empresas de servicios contratadas por la
Administración, por las condiciones en las que se desarrollaba
la actividad contratada, acabaron por convertirse en personal
laboral de las respectivas administraciones públicas
contratantes.
Ello ha supuesto un grave detrimento y alteración para el
funcionamiento armónico de la Función Pública, que como
señala la doctrina administrativa, constituye una garantía de
primer orden en la conformación del Estado de Derecho. De
ahí, que no pueda ésta, por su valor, quedar sometida a las
alteraciones determinadas por el erróneo funcionamiento de
los propios departamentos administrativos. Este anómalo
funcionamiento se ha debido a causas diversas, tales como el
crecimiento cuasi incontrolado que han experimentado el
sector público español en los últimos tiempos, la insuficiencia
de medios personales para atender las actividades propias y
las competencias asumidas por la Administración, la urgencia
en la contratación personal especializado en determinadas
áreas.
TRATAMIENTO JURIDICO DE LA CUESTIÓN
Las distintas consideraciones que la situación descrita merece,
con especial referencia a las soluciones aportadas por la
Jurisprudencia, pueden desglosarse según sigue:
A) Régimen Jurídico y principios informadores
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