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En cualquier caso, parece que la única solución posible a la
laguna, legal y práctica, sobre cómo potenciar la formación
del trabajador en misión en el puesto de trabajo y sobre la
utilización de las medidas de protección frente a los nuevos
riesgos surgidos una vez ha iniciado su prestación de
servicios pasa por la interpretación sistemática de los
artículos aplicables de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 216/1999 y este nuevo
párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley 14/1994, de donde se
deriva que la empresa usuaria no sólo debe informar de los
hipotéticos nuevos riesgos que surjan, sino que debe formar
a los trabajadores cedidos por la ETT, igual que forma a los
propios, en punto a la utilización de los mecanismos de
protección y prevención que entregue a dichos trabajadores
para paliar esos nuevos riesgos.
Para reforzar la realidad de esta formación por parte de la
ETT, el art. 12 de la Ley 14/1994, apartado 2, estableció que
“las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a
destinar anualmente el 1 por 100 de la masa salarial a la
formación de los trabajadores contratados para ser cedidos a
empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de
cotizar por formación profesional”. Por otro lado, los
Convenios colectivos estatal y catalán incrementaron esta
cuantía con un 0,25% para prestar especial atención a la
formación en materia de prevención de riesgos y salud
laboral.
Parece oportuno también trae aquí el V Convenio colectivo
estatal de empresas de trabajo temporal que, como en otras
cuestiones que hemos analizado, ya se adelantó a lo que
ahora son novedades de la Ley 35/2010. Dicho Convenio, en
su artículo 50 (Prevención de riesgos laborales) establece en
su párrafo tercero que “de conformidad con el art. 4 del Real
Decreto 216/1999, la empresa usuaria instruirá al trabajador
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