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Patricia de la Torre A.
Respecto a los Municipios, la CP de 1897 les asignó funciones similares a las de la Constitución
de 1884:
Para la administración de los intereses nacionales habrá Municipalidades. La ley determinará
su organización y atribuciones en todo lo concerniente a la educación e instrucción de los habitantes
de la localidad; policía; mejoras materiales; creación, recaudación, manejo e inversión de las rentas;
fomento de los establecimientos públicos, y más objetos que deba atender (CP 1897, Art. 122).
En esta Constitución, se declaró a la República como católica, pero con libertad de cultos; los
ciudadanos eran los mayores de 18 años que sabían leer y escribir, ya no era necesario estar casado.
Se abolió la pena de muerte. Además, se declaró que las creencias religiosas no importaban para
el ejercicio de los derechos políticos y civiles (CP 1897, Art. 13). A nadie se le podía exigir servicios
no impuestos por la ley; y, en ningún caso, los artesanos y jornaleros podían ser obligados a trabajar
sino en virtud de contrato (CP 1897, Art. 23). La enseñanza era libre; en consecuencia, cualquiera
podía fundar establecimientos de educación e instrucción, sujetándose a las leyes respectivas. La
enseñanza primaria era gratuita y obligatoria, sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus
hijos la que tuvieren a bien. Dicha enseñanza y la de artes y oficios, eran costeadas con los fondos
públicos (CP 1897, Art. 36).
En la relación entre el poder central y el poder local, sus formas de administración y organización
propias, no hubo mayores novedades. Se mantuvo el articulado de la CP de 1884.
Finalmente, la Asamblea —reunida en Quito— promulgó, el 23 de diciembre de 1906, una
Constitución Política que estableció la separación definitiva de Iglesia y Estado, quitándole el control
de la educación. Esta CP fue la segunda que se redactó en el período liberal.
En lo referente a las garantías nacionales, se estipuló que la enseñanza era libre, sin más restricciones
que las señaladas en las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y la costeada por las Municipalidades
eran esencialmente seglares y laicas. La enseñanza primaria y la de artes y oficios eran
gratuitas y, además, la primera era obligatoria; sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus
hijos la enseñanza que a bien tuvieren. Ni el Estado ni las Municipalidades subvencionaban ni auxiliaban,
en forma alguna, otras enseñanzas que no fueren la oficial y la municipal (CP 1906, Art. 16).
No se reconocieron empleos hereditarios, privilegios ni fueros personales. Se prohibió la fundación
de mayorazgos y toda clase de vinculaciones que estorbaran la libre transmisión de la propiedad
(CP 1906, Art. 18).
Por otra parte, se introdujo un fuerte cambio administrativo en cuanto al régimen seccional y
se les asignó a los Municipios cierto grado de autonomía respecto a otros poderes; pues decía que
estos, en el ejercicio de sus funciones privativas, eran absolutamente independientes de los otros
poderes, pero sin contrariar en ningún caso las leyes generales del país. Así, sus miembros eran responsables
por los abusos que cometieran, colectiva o individualmente, ante los jueces competentes
respectivos (CP 1906, Art. 114).
Cabe resaltar que esta Constitución incluyó, por vez primera, la protección a la «raza indígena»,
por parte de los poderes públicos, en orden a su mejoramiento en la vida social y la toma de medidas
eficaces y conducentes para impedir los abusos del concertaje (CP 1906, Art. 128).
En definitiva, las Constituciones liberales de 1897 y 1906: separaron al Estado y a la Iglesia;
confiscaron bienes al clero; establecieron la educación laica y prohibieron la participación de los
sacerdotes en la política (Vela A., 2008: 416).
Sintetizando, se puede decir que la institucionalización del régimen interno ecuatoriano y los
avances en materia constitucional de esta época fueron los siguientes:
• Consolidación de la división territorial en provincias, cantones y parroquias.
• Municipalización de los cantones.
• Establecimiento de autoridades de representación directa del Ejecutivo a nivel local.
• Establecimiento de la jerarquía gobernador, jefe político y teniente político, como autoridades seccionales
de representación del Ejecutivo.
• La educación, instrucción de los habitantes de la localidad; policía; mejoras materiales; creación, recaudación,
manejo e inversión de las rentas y fomento de los establecimientos públicos pasaron a depender de
las entidades seccionales.
• El poder público empezó a tomar medidas para la protección de los indígenas y la eliminación del concertaje.
Corte Suprema» (CP 1897, Art. 123).