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Patricia de la Torre A.
En ambos tratados se defendieron los intereses de los territorios disputados, es decir, las garantías
económicas que cada país desarrollaba en las zonas consideradas mutuas, especialmente, los
accesos a los ríos navegables.71 Como resultado de este fallido acuerdo, en 1894 se firmó un convenio
adicional de arbitraje que incluyó la participación de Colombia, pues sus derechos fluviales
habían sido afectados en los tratados firmados entre Ecuador y Perú previamente. En el marco de
este último llamado al diálogo, de carácter tripartito, prevaleció la tentativa de reconocer el arbitraje
real en la posesión territorial correspondiente a cada Estado.
La intención de instalar un orden jurídico de corte colonial, en el contexto de la República, significó
la ausencia de una normativa estatal moderna-republicana. En este sentido, la acción diplomática
del gobierno ecuatoriano cedió su soberanía frente al Estado español y a las pretensiones de
sus pares regionales. La disputa por espacios geográficos fue una constante política, militar y diplomática
en el proceso de formación de los Estados latinoamericanos, en los cuales, al parecer, aún
conservaba cierta legitimidad la autoridad del monarca español.
La continuidad de este hecho indica la supervivencia estructural de las formas de organización
territorial instauradas en la Colonia, frente a las nacientes nociones de delimitación espacial del
Estado ecuatoriano moderno. 72 La constante trayectoria de pérdida territorial se basó en las fallidas
relaciones internacionales con los países limítrofes.
1.2. Límites territoriales nacionales
En el período 1875-1895, el proceso de delimitación interna del territorio del Estado ecuatoriano presentó
importantes modificaciones:
En 1878, bajo el poder pleno de la novena Asamblea Constituyente, se emitió una nueva Ley de
División Territorial que suprimió las provincias de Oriente y Galápagos, tal y como habían sido introducidas
en ley de 1861, elevándolas a la categoría de regiones. En 1880, por decreto legislativo, se
produjo la creación de las provincias de Azogues y Veintimilla (Carchi), desmembraciones territoriales
de las provincias de Azuay e Imbabura, respectivamente. En 1882, por iniciativa del pueblo de
Zaruma, se creó por fuera de la ley estatal la provincia de El Oro, adjudicándose cantones de Loja y
Guayas. Finalmente, la emisión de la Ley de División Territorial, expedida por la Convención Nacional
de 1884, ratificó todas estas incorporaciones territoriales, añadiendo Bolívar, desmembración de la
provincia de Los Ríos y décimo quinta del Estado ecuatoriano (ver Anexo 20).
Estas innovaciones en materia territorial fueron el resultado de un crecimiento productivo, que
empezó a generarse debido a la producción de cacao, especialmente en la Costa —zona húmedotropical—;
pues la región Sierra, a decir de Meza (2007), atravesó un proceso más lento en la creación
de jurisdicciones político-administrativas. 73 La provincialización promovida por el Estado ecuatoriano
respondió al objetivo de delimitar y controlar las zonas productivas del país, es decir, de
administrar públicamente sus recursos naturales.
En términos concretos, el Ecuador de esta etapa se conformó por las siguientes delimitaciones y
demarcaciones territoriales: 16 provincias, 55 cantones, 56 parroquias urbanas, 299 parroquias rurales
y 5 pueblos del Oriente: Ávila, Coca, Loreto y Tena en el cantón Napo; y Pacayacu en el cantón Canelos.
La región Sierra abarcaba el mayor número de parroquias rurales con un total de 221, seguida por la
Costa con 71 y el Oriente con 7. Asimismo, la mayor concentración de parroquias urbanas se ubicaba en
la región Sierra con 39, seguida de la Costa con 16 y el Oriente, únicamente, con la parroquia de Canelos.
71 «En esta cuestión de límites y sin averiguar quién posee mayor derecho, el Perú tiene adquiridos intereses muy valiosos que no desea perder […]
Estos grandes intereses peruanos están representados esencialmente en estas tres poblaciones peruanas: Tumbes, Jaén e Iquitos […] El Art XVIII
asegura la libre navegación de los ríos comunes y el XIV y XV equiparan a las embarcaciones ecuatorianas con las peruanas, y viceversa, en cuanto
a los impuestos de transito los dos artículos siguientes facultan a aquellas para comerciar, sujetándose a los derechos fiscales establecidos. El XVIII
impone a los dos países obligaciones de justicia respecto de los indios de las regiones orientales» (Tobar y Luna, 1994: 164).
72 «Los límites de los estados Hispano-americanos son los de las respectivas circunscripciones coloniales; y que las modificaciones que hacia el
gobierno español para la mayor administración de una provincia o partido no implicaba la separación de mando» (Ibíd.: 160).
73 «Desde 1861 a 1897 se multiplicaron considerablemente las jurisdicciones político-administrativas, y en particular las parroquias rurales, siendo
un fenómeno revelador del desarrollo económico y social que experimentaron básicamente tres zonas: la primera, correspondiente a los sectores
húmedo-tropicales que se constituyeron en los primeros productores de cacao, como son los contiguos a: Babahoyo, Machala, Chone y Santana; la
segunda, que se la podría caracterizar como la portuaria del litoral manabita, constituida por los sectores de Bahía, Manta, Machalilla y Manglar alto,
desde donde se exportaban el cacao de Chone y los productos de las cosechas provenientes del litoral interior (nuez de tagua, lana de ceibo, látex,
madera de balsa, etc.); por último la tercera, conformada por áreas costaneras contiguas a las vías que unían el puerto de Guayaquil con Manabí y la
Sierra, donde se desarrollaron los arrozales y a partir de l890, las grandes plantaciones de caña, equipadas con molinos industriales» (Meza, 2007).