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Patricia de la Torre A.
El aparecimiento y auge de la banca privada constituyó la máxima expresión de ausencia de
regulación por parte del Estado ecuatoriano sobre los intereses privados. Pues fue a finales del siglo
XIX que estas empresas se anclaron a las estructuras económicas y políticas del país, para en el
siglo XX dar rienda suelta al predominio de sus intereses desde el Estado.
3.3. La anomia
Ahora bien, la coexistencia de los tres cerebros políticos: inca, colonial y republicano; el enfrentamiento
de lo tradicional con lo moderno; la no aceptación de la obediencia y aplicación a la ley
del Estado; la ratificación de la vigencia de una ley natural con bases privadas y locales crearon un
ambiente caótico, disperso, que no solo resistió a los intentos de regulación por parte del gobierno
central, sino que engendró una cultura reformista y opuesta a la vigencia de la regulación y control
del Estado nacional: la anomia.
La anomia, en el cerebro político del Ecuador, se presenta como la comunicación entre los tres
cerebros que conviven al interior del Estado ecuatoriano y con sus redes microscópicas sociales.
Este lenguaje que funge como el mecanismo fundamental de interacción da cuenta de que cada uno
de los tres subsistemas estatales funciona de manera cerrada con el propósito de autoconservarse,
con base en una lógica propia; por ejemplo, las formas de organización comunitarias indígenas
frente a la apropiación indiscriminada de grandes extensiones comunales por parte de los terratenientes,
ambas estructuras apelan al derecho legítimo configurado y garantizado en la formación de
su propio sistema y entorno históricos. Sin embargo, en la comunicación intersistémica —abierta—,
se presenta un diálogo no sintonizado entre estos tres cerebros estatales, precisamente, porque su
cualidad conservadora de componentes ejerce una resistencia mayor. Así, los rasgos observables
de la anomia, tanto a nivel estructural como individual y grupal, se contrapusieron a las acciones
concretas del proceso de construcción del Estado nacional y, con él, los pactos políticos expresados
en las cartas constitucionales que no son sino la ley a ser obedecida.
Los proyectos políticos centralistas presentes en la etapa formativa del Estado ecuatoriano
tuvieron su correlato histórico en las prácticas sociales que se institucionalizaron en un entorno
carente de normas nacionales. Este anti-orden se desplegó como una amenaza constante al sistema
político, mediante la toma efectiva del poder y las pretensiones de cada fracción política. Como cita
Waldmann (2003: 18-20), las condiciones de existencia de los primeros Estados latinoamericanos no
favorecieron a un ambiente de orden y legalidad.
Entre las principales prácticas que se institucionalizaron en este entorno, cabe resaltar: los intereses
privados por sobre los intereses públicos; los altos niveles de exclusión social y política; la
desobediencia civil de las formas legales e institucionales; la interiorización de la noción de autonomía
local; la resistencia a la centralización; y el poder político-administrativo en el control de los
recursos materiales, a través de formas totalitarias, como la encomienda o la hacienda.
La institucionalidad vigente en el sistema republicano tuvo fuertes raíces incaicas y coloniales
que, frente al proceso de formación del Estado, no hicieron sino mostrar diversas fases de resistencia
al cambio. El desconocimiento de los Jefes de Estado y, por ende, de los proyectos políticos
que habían puesto en marcha, fue el resultado del clima de desintegración social provocado por las
tendencias centrífugas económicas, políticas y sociales a la hora de la fundación de la República.
Varios años de ausencia de ley y orden, en las estructuras del poder político y administrativo,
recrearon entornos de desorden generalizado e inestabilidad política; por citar algunos momentos:
las frecuentes demandas de autonomía, la sucesión de gobiernos mediante extraños acuerdos políticos,
golpes de Estado, rebeliones internas, guerras con países vecinos y varios proyectos constitucionales
en curso, dieron como resultado una cultura política conflictiva, caótica, crítica.
Este panorama puede ser calificado de crónicamente caótico, en donde el orden es relativo, no
sujeto a leyes nacionales y con elementos propios de interrelación social. Así, para el cerebro político
nacional republicano, esta situación es sinónimo de desorden. Para las comunidades indígenas,
sus propios códigos no son caóticos, es el Estado republicano quien debería ser parte de su lógica.
A su vez el sistema colonial, que corría la suerte de ser un nexo entre ambos subsistemas, impone
el suyo propio apelando a una adaptación de lo nacional a lo local. El mantenimiento de un sistema
de esta naturaleza da gracias a la anomia que equivale a desorden.
Pero es singular decir que el desorden tiene una lógica interna que mantiene en orden las
condiciones mínimas para la coexistencia de estos tres cerebros políticos, con diferentes grados
de desarrollo. Desorden que apela al alto nivel de complejidad, no solo por el orden constituyéndose
en la vida del cerebro político nacional, sino simultáneamente en el mismo desorden. El orden