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LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 59
opusieron a esa penetración estatal. Este momento nos da cuenta de una primera característica de
las relaciones entre lo local y lo central: la disputa entre esos dos poderes en términos de autonomía.
Según el deseo de los Ministros de lo Interior de Flores, la Constitución de 1835 abolió los
Departamentos y, con ello, la provincia pasó a ser la principal unidad territorial. No obstante, la
vigencia real de los primeros no fue eliminada de la escena sino hasta 1883. Pese a que los gobernadores
(provinciales) estuvieron sometidos a la autoridad del Ejecutivo, la mayoría de asuntos públicos
quedaron bajo jurisdicción real a nivel departamental; para lo cual las élites regionales se organizaron
políticamente y condicionaron la acción de los gobernadores bajo compromisos regionales.
Por su parte, Vicente Rocafuerte, quien gobernó desde el 8 de agosto de 1835 al 31 de enero de
1839, mantuvo el mismo espíritu autoritario y vertical en la formación del poder central. Dio cabida
a un ordenamiento jerárquico de los gobiernos seccionales, pues para este presidente «había que
forjar un Estado en una sociedad deshecha de la que daba la impresión de que hubieran desaparecido
los poderes intermediarios entre el Estado y el pueblo…» (Demélas y Saint-Geours, 198: 118).
Para clarificar este intento, podemos señalar que Rocafuerte se opuso a la elección de los
gobernadores porque:
…el pueblo, o por mejor decir, los oligarcas que han usurpado su poder, los nombran, y este nombramiento que puede
deber a la intriga, los pone en un estado de competencia con el Gobierno Supremo, cuyas órdenes eluden impunemente
(Vega, 1991: 71).
No solo en función del proyecto de Estado nacional republicano se intentó sistemáticamente designar
a los gobernadores, sino también en alusión a doctrinas igualitarias que atravesaron los debates
políticos del siglo. De hecho, encontramos la misma lógica en Rocafuerte, cuando se opuso a la
reforma de la ley del 18 de agosto de 1835, sobre la elección de alcaldes municipales en los cantones
donde no había concejos. La reforma daba potestad a los poderes locales para designar autoridades
(alcaldes municipales, suplentes, síndicos y tenientes parroquiales); mientras que el presidente
Rocafuerte propugnaba el nombramiento de esas autoridades desde el gobierno central. Con
estas características y decisiones políticas, el cerebro republicano-cortical empezaba a imponerse
al cerebro colonial-límbico.
En su segunda administración, «discípulo del centralismo bolivariano, Flores consideró que el
municipio no tenía razón de existencia por ser un rezago de la colonia» (Maiguashca, 1994: 366).
En la Constitución conocida como la Carta de la Esclavitud de 1843, Flores logró uno de sus más
caros anhelos: abolir los municipios. Esta Constitución intentó plasmar en la realidad el proyecto de
Estado unitario, por lo que se ganó el rechazo general de una población que legitimaba el carácter
descentralizado de las instituciones. Flores transformó a la provincia en la institución mediadora
entre centro (poder central) y periferia (poderes locales); mientras que, bajo los presupuestos de su
primer mandato, hizo que los gobernadores de provincia, así como los corregidores municipales y
los tenientes parroquiales, tuvieran la calidad de «agentes directos y naturales del Poder Ejecutivo»
y, por tanto, fueran designados por el Jefe de Estado o por el Ministro de lo Interior.
Se estableció así un régimen vertical en la relación de lo central y lo local. Pero hay que entender,
además, que esta fuerte tendencia de construir lo nacional de los primeros gobiernos de la
República respondió también a la grave problemática de articulación territorial y a la constante crisis
de hegemonía (Vega, 1991: 13). De allí que el nombramiento y/o elección de las autoridades fuera
una fuente constante de conflicto entre los poderes locales y el poder central del Estado.
Más adelante, nos encontramos con que la Revolución Marcista no fue solo una expresión
nacionalista de una élite en formación contra Flores, sino también un «levantamiento […] localista,
popular y republicano» (Van Aken, 1989: 196-201). Si esto es así, debemos aceptar la hipótesis de
Maiguashca para quien «la abolición del municipio no fue bien recibida y fue una de las razones de
la Revolución Marcista en 1845» (Maiguashca, 1994: 367).
La posible evidencia de esta afirmación es la direccionalidad con la que los marcistas intentaron
gobernar la relación del poder central con el local. Básicamente, propusieron desmantelar el unitarismo
vertical de Flores; para ello tomaron nuevas medidas, tales como el restablecimiento de los municipios
y, no contentos con ello, ampliaron la institución al nivel cantonal (antes habían existido solo municipalidades
provinciales). Además, contemplaron una provincia menos sujeta al Ejecutivo central. Con
ello, los marcistas presuponían haber cumplido un principio que orientó el levantamiento contra Flores.
Bajo el período marcista, hubo un elemento que vigorizó aun más los poderes locales: la articulación
e incorporación de las economías regionales a la economía mundial. La mejoría de las rentas