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Patricia de la Torre A.
Gráfico 6.- Territorio de la Gran Colombia (1822-1830)
Fuente: «Fuerzas Armadas de Latinoamérica». Foro Militar General. Acceso: mayo 9, 2013.
http://www.militar.org.ua/foro/fuerzas-armadas-de-venezuela-archivo-t17004-1890.html
3.2. La organización del Estado-Cerebro Nacional Ecuatoriano: Siglo XIX
Desde una perspectiva marxista, Silvia Vega (1991: 11-16) se opone a la generalizada idea de que
en los primeros años de la República hubo un predominio de la anarquía. Esta autora plantea que,
a partir de 1835, momento en el que los grupos dominantes, terratenientes criollos, pactaron la unidad
del territorio, comenzó a esbozarse un Estado centralizado y autoritario (Vega, 1991: 13; Ayala,
1988: 111). Cabe recalcar que dicha argumentación se refería a un Estado ubicado imaginariamente
en la capital Quito, como el símbolo del poder político. Al parecer, esta sugerente hipótesis coincide
con los lineamientos de la formación del Estado esbozados años atrás por Agustín Cueva (1987:
40), para quien: «la posibilidad de conformación de Estados nacionales verdaderamente unificados
y relativamente estables en América Latina varió en función directa de la existencia de una burguesía
orgánica de envergadura nacional».
Vega (1991: 13) asume que sí existió una clase, si bien no burguesa, pero ya con un «nivel de
conciencia de clase alcanzado por los terratenientes…» y que, además, tenía un proyecto nacional.
Esta aseveración se pondría en duda porque justamente lo que la presente investigación comprueba
es que lo nacional ha sido un tema poco relevante para dichas élites, por su misma condición
de clase privatista y local. No obstante, esta hipótesis nos servirá para resaltar los diversos proyectos
de Estado, de las élites en disputa. Al decir élites y no clase terrateniente, como correspondería
en justicia, con la hipótesis original de Vega, no la estamos falseando; más bien se trata de entender
que, dentro de la clase terrateniente coexistían varios grupos diferenciados, básicamente, por su
pertenencia regional y/o corporativa.
La Constitución de 1830, la primera de la República independiente, señaló al Estado ecuatoriano
como «unitario». Sin embargo, la división político-administrativa —en departamentos, provincias,
cantones y parroquias— implicó un federalismo de facto (Maiguashca, 1994: 361). Esa división
política concedió al Estado central «casi exclusivamente la dirección de las relaciones exteriores y el
control de algunas contribuciones» (Ayala, 1988: 53); es decir que el poder del Estado era muy limitado
así como su legitimidad. Este fue el contexto jurídico con el que el primer gobierno, del presidente
Flores, tuvo que lidiar en su afán centralista.
Los Ministros del Interior de Flores, encargados del gobierno de lo local, vieron en este escaso
poder del ejecutivo central, una limitación a la «expansión y afianzamiento de la autoridad del Estado»
(Maiguashca, 1994: 361). Eso explica por qué montaron una campaña para eliminar los departamentos,
aduciendo que estos eran instancias que limitaban el poder central en su proyecto integracionista.
Como era de esperarse, bajo la marcada autonomía en la que vivían las regiones, unidades
sociales y demográficas, representadas y administradas políticamente por los Departamentos, se