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LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 157
abren en todos los niveles de gobierno;175 por ejemplo, en las sesiones de los gobiernos autónomos
descentralizados, además de ser públicas, se crea el mecanismo de la silla vacía, en donde se
ubica un representante ciudadano con el fin de que participe en el debate y en la toma de decisiones
(CP 2008, Art. 101). Los ecuatorianos domiciliados en el extranjero no quedan excluidos de este
sistema participativo, pues estos pueden presentar sus propuestas a través de los medios constitucionales
(CP 2008, Art. 102).
La iniciativa popular normativa para la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante
la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa, debe contar con el respaldo
de un número no inferior al 0,25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción
correspondiente. Quienes proponen la iniciativa popular participan, mediante representantes,
en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tiene un plazo de 180 días para
tratar la propuesta (CP 2008, Art. 103).
Cabe destacar que en esta CP, se otorga un espacio para tratar la Justicia Indígena, en donde
se reconoce el uso de normas y procedimientos de derecho propio de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, las cuales pueden hacer uso de sus mecanismos siempre y cuando no
sean contrarios a los de la Constitución o atenten los derechos humanos reconocidos internacionalmente
(CP 2008, Art. 171).
La organización político interna del Ecuador no se altera en lo que respecta a la división en provincias,
cantones y parroquias. Sin embargo, se reconoce la existencia de regímenes especiales,
como es el caso de los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones
territoriales indígenas y pluriculturales (CP 2008, Art. 242). En el mismo sentido, se habilita
la posibilidad de que dos o más provincias con ciertos requisitos formen regiones autónomas
(CP 2008, Art. 244-245).
Por un lado, los cantones pueden constituir un distrito metropolitano dependiendo del
número de habitantes en relación a la población nacional. Para su conformación como distritos,
estos deben seguir el mismo procedimiento para la conformación de las regiones. Además,
los cantones ubicados dentro de una franja fronteriza gozan de un trato especial (CP 2008, Art.
247-249).
Por otro lado, el territorio de las provincias amazónicas recibe una atención diferente debido al
ecosistema necesario que representa para el equilibrio ambiental del planeta, se lo concibe como
una circunscripción territorial especial (CP 2008, Art. 250).
Los gobiernos autónomos descentralizados comprenden a las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.
Estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera (CP 2008, Art. 238).
La organización y las autoridades en las provincias, cantones y parroquias no se modifican profundamente;
pues cada región cuenta con un consejo regional y un gobernador. Cada provincia tiene
un consejo provincial, integrado por un prefecto y un viceprefecto; y cada cantón tiene un concejo
cantonal, integrado por un alcalde o una alcaldesa.
Los distritos metropolitanos autónomos tienen un concejo, en donde el alcalde o la alcaldesa
constituyen la máxima autoridad; y en las parroquias rurales se establece una junta parroquial, en
donde el vocal más votado es quien lo maneja. Es importante mencionar que las autoridades de la
gobernación territorial y de las alcaldías metropolitanas son miembros de un gabinete territorial de
consulta, el cual es convocado por la Presidencia en determinado tiempo (CP 2008, Art. 254-257).
En lo que se refiere a las competencias, cada organización territorial tiene sus propias tareas (ver
Anexo 51).
En casos excepcionales, se interviene en las competencias de cada gobierno. Solo la ley determina
estas situaciones (CP 2008, Art. 268).
Los gobiernos autónomos descentralizados generan sus propios recursos financieros y participan
de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y
de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente
de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria» (CP 2008, Art. 95).
175 «En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos»
(CP 2008, Art. 100).