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LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 155
Respecto a las formas de participación democrática, esta CP instauró la consulta popular, en
donde el Presidente de la República, los ciudadanos y los organismos de régimen seccional podían
convocarla en determinados casos. 170 Los ciudadanos, por otra parte, también tenían derecho a
resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección,
por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo (CP 2008, Art. 109).
En lo que concierne a la Función Pública, la Administración Pública fue descentralizada y desconcentrada.
Los derechos y obligaciones de los servidores públicos se regularon de acuerdo a
la ley. Tanto el ingreso como el ascenso dentro del servicio civil y la carrera administrativa, se hizo
mediante concursos de méritos y de oposición. Solo por excepción, los servidores públicos fueron
sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción (CP 1998, Art. 124).
Por otro lado, en el Régimen Administrativo Seccional, la división territorial en provincias, cantones
y parroquias se conservó. El Estado impulsó la descentralización y desconcentración de las
entidades seccionales, para ello el Gobierno elaboró un plan anual que debía dar a conocer al
Congreso (disposiciones transitorias, 32). El _Gobierno central transfirió las funciones, atribuciones,
competencias, responsabilidades y recursos a las mismas entidades. 171
Dentro del Régimen Seccional Dependiente, el gobernador junto a la Presidencia, coordinó las
políticas del gobierno en cada provincia.
Los gobiernos seccionales autónomos eran ejercidos por los consejos provinciales, los concejos
municipales, las juntas parroquiales y los organismos determinados por la ley para la administración
de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas (CP 1998, Art. 228). Los
gobiernos seccionales autónomos generaban sus propios recursos financieros y participaban de las
rentas del Estado, de conformidad con los principios de solidaridad y equidad (CP 1998, Art. 231).
Igualmente, los gobiernos seccionales autónomos, en cuyas circunscripciones territoriales se explotaban
e industrializaban recursos naturales no renovables, tenían derecho a participar de las rentas
del Estado. La ley regulaba esta participación (CP 1998, Art. 251).
El consejo provincial representó a la provincia y fue dirigido por el prefecto provincial (CP 1998,
Art. 233). Los municipios representaron a los cantones y su gobierno estaba a cargo del concejo
municipal y el alcalde (CP 1998, Art. 234), quien representó la máxima autoridad del cantón. Las
parroquias continuaron representadas por las juntas parroquiales (CP 1998, Art. 234). Los gobiernos
seccionales autónomos participaron conjuntamente con la Presidencia en el sistema nacional
de planificación, el cual creó un organismo técnico que estableció los objetivos nacionales permanentes
en términos sociales y económicos (CP 1998, Art. 254-55).
5.3. La Constitución Política de 2008
Durante la presidencia de Rafael Correa, se instauró en Montecristi-Manabí, por el período 2007-
2008, en honor al ex presidente del Ecuador Eloy Alfaro, una Asamblea Nacional Constituyente para
redactar la CP de 2008, la cual fue aprobada en septiembre del mismo año mediante un referéndum
constitucional.
La CP 2008 desplazó la CP de 1998 y definió la separación de los poderes del Gobierno ecuatoriano
en cinco ramas; conservó los tres poderes tradicionales establecidos: la Función Legislativa
170 «La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes. El voto en la
consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la Constitución y en la ley» (CP 2008, Art. 103). «El Presidente de la República podrá
convocar a consulta popular en los siguientes casos: 1. Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Artículo 283. 2. Cuando, a su juicio, se
trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior» (CP 2008, Art. 104). «Los ciudadanos
en goce de derechos políticos y que representen el 8% del padrón electoral nacional, podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque
a consulta popular en asuntos de trascendental importancia para el país, que no sean reformas constitucionales» (CP 2008, Art. 105). «Cuando
existan circunstancias de carácter trascendental atinentes a su comunidad, que justifiquen el pronunciamiento popular, los organismos del régimen
seccional, con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán resolver que se convoque a consulta popular a los ciudadanos
de la correspondiente circunscripción territorial. Podrán, asimismo, solicitar que se convoque a consulta popular, los ciudadanos en goce de derechos
políticos y que representen por lo menos el 20% del número de empadronados en la correspondiente circunscripción» (CP 2008, Art. 106).
171 «El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación
ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. El gobierno central transferirá progresivamente
funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional.
Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente» (CP 1998, Art. 225). «Las competencias del
gobierno central podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales,
la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y convenios internacionales
expresamente excluyan. En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes,
ni transferencia de recursos, sin la de competencias. La descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y tenga capacidad
operativa para asumirla» (CP 1998, Art. 226).