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Patricia de la Torre A.
Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estaban obligadas
a la rendición social de cuentas. Para lo cual se estableció un sistema autónomo de evaluación
y acreditación, que funcionó en forma independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo
Nacional de Educación Superior (CP 1998, Art. 79).
Finalmente, respecto a los pueblos indígenas y negros, el Estado les garantizó y otorgó los
siguientes derechos:
• Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político
y económico;
• Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, inalienables, inembargables e indivisibles,
salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública;
• Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley;
• Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se
hallen en sus tierras;
• Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que
se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que
esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socioambientales
que les causen;
• Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural;
• Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio
de la autoridad;
• Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe;
• A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de
los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto
de vista de aquella;
• Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas
y sociales, y un adecuado financiamiento del Estado;
• Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley (CP 1998, Art. 48).
El Estado también protegió el derecho de la población a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable:
• La preservación del medioambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad
del patrimonio genético del país.
• La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el
manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades
públicas y privadas.
• El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de
la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados
internacionales (CP 1998, Art. 86).
La ley tipificó las infracciones y determinó los procedimientos para establecer responsabilidades
administrativas, civiles y penales, que correspondían a las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medioambiente.
Asimismo, toda decisión estatal que podía afectar al medioambiente debía contar previamente
con los criterios de la comunidad, para lo cual esta sería debidamente informada. La ley
garantizaba su participación. El Estado tomó medidas orientadas a la consecución de los siguientes
objetivos:
• Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas
no contaminantes.
• Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas.
• Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medioambiente, la experimentación, el
uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados (CP 1998, Arts. 87, 88, 89).
Pese a las intenciones en materia de derechos individuales y colectivos y de protección al medioambiente
y de sanciones promovidas desde el Estado, esta CP estipuló constitucionalmente el maridaje
entre la banca privada y las instituciones estatales. Así, en la disposición 42 de las disposiciones
transitorias dice:
Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras
y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución,
el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones
financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales
depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación (CP 1998).