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LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 151
incluyente, solidaria y equitativa. Nosotros buscamos el buen vivir, el sumak kawsay, el desarrollo equitativo, el bienestar
común, la libertad basada en la justicia, la paz (Corre, 2009: 4-6).
Finalmente, la concepción de memoria histórica también está presente:
Cuando hace medio milenio los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se conocen como América, encontraron
un paraíso donde los seres humanos vivían armónicamente con la naturaleza. Por miles de años, tribus, pueblos y civilizaciones
fueron construyendo un mundo en el que la Pacha Mama, la madre tierra era respetada, porque era la madre primaria,
la madre de todas las madres. Tres siglos de conquista y de colonia marcaron para siempre a los hombres y a la tierra
americana. (Correa, 2007: 28).
Al analizar a los cinco presidentes y constructores del Estado nacional, identificamos características
en sus personas que permiten a quienes lo observan relacionarlos como padres y héroes. Esta
asociación se da a un nivel profundo e incuestionable de manera racional. Un nivel psíquico de esta
clase no es contrastable sociopolíticamente, en tanto sucede en las particularidades. Pero es observable
y se puede reflexionar a nivel colectivo. Las cualidades de los constructores del Estado nacional
se originan en la proyección de las necesidades psíquicas de un colectivo, así como también en
las características inmanentes a la personalidad del líder.
5. Las Constituciones Políticas
5.1. La Constitución Política de 1979
Con el último Gobierno Militar de los años setenta se expidió la Constitución de 1979, con la cual se
pretendió sentar las bases de un Estado Progresista.
La CP de 1979 estipuló que el Estado ecuatoriano rechazaba toda forma de colonialismo, neocolonialismo
y de discriminación o segregación racial, reconociendo el derecho a los pueblos a liberarse
de estos sistemas opresivos (CP 1979, Art. 4). Respecto a los derechos, deberes y garantías
de las personas, estableció la igualdad ante ley, se prohibió toda discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, filiación, opiniones políticas, origen social, posición económica o nacimiento.
La mujer, cualquiera fuera su estado civil, tenía iguales derechos y oportunidades que el
hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y familiar, especialmente en lo civil, político,
económico, social y cultural. En el ámbito religioso, se respetó la libertad de culto y de conciencia,
en forma individual o colectiva, en público o privado (CP 1979, Art. 19).
El mismo artículo garantizó también la libertad de trabajo, comercio e industria; ninguna persona
podía ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo excepciones previstas en la ley;
además, garantizó la libertad de contratación con el objetivo de mantener equidad en las relaciones
contractuales. Por otro lado, en el artículo 20, se obligó al Estado y más entidades del sector público
a pagar indemnizaciones a sus trabajadores por perjuicios que causaren sobre ellos.
El seguro social era un derecho irrenunciable de los trabajadores, pues tenía como objetivo proteger
al asegurado y la de su familia en caso de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y
desocupación. Se procuró extenderlo a toda la población. Se financió con el aporte equitativo del
Estado, de los empleadores y de los asegurados (CP 1979, Art. 29).
Respecto a la instrucción pública, se estableció como un deber primordial del Estado, se la
definió como laica y gratuita y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. El artículo 27
sostenía: «La educación tiene un sentido moral, histórico y social y estimula el desarrollo de la capacidad
crítica del educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de
una auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y comunitaria».
Un elemento innovador de ese artículo fue que en las escuelas establecidas en las zonas de
predominante población indígena, se utilizó, además del castellano, el quichua o la lengua aborigen
respectiva. El Estado formuló y llevó a cabo planes para erradicar el analfabetismo. Se garantizó,
además, la estabilidad y la justa remuneración de los educadores en todos los niveles.
Las Universidades, por otra parte, gozaron de autonomía; ni el Ejecutivo, ni cualquier otra autoridad
o funcionario podía reorganizarlas o clausurarlas, total o parcialmente, ni privarlas de sus rentas o asignaciones
presupuestarias; se regían por sus propios estatutos (CP 1979, Art. 28). Para asegurar el cumplimiento
de los fines, funciones y autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, el Estado creó e
incrementó el patrimonio universitario y politécnico. Sus recintos eran inviolables. No podían ser allanados.