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Patricia de la Torre A.
Durante el año de 1988, se había suscrito un convenio entre la CONAIE y el Ministerio de Educación
y Cultura (Convenio MEC-CONAIE), para que las organizaciones indígenas llevasen a cabo
la educación bilingüe y bicultural. Un año más tarde, el 9 de mayo de 1989, en el Acuerdo de Sarayacu
se había planteado la demanda integral de los pueblos respecto al malestar de la comunidad
por el carácter ofensivo de las empresas petroleras. El Estado aparecía como responsable de la
agravante situación en el Oriente ecuatoriano, pero el gobierno de Borja parecía interesado en buscar
soluciones.
Las petroleras han saqueado los recursos sin considerar que los territorios Amazónicos son posesiones históricas de nuestros
pueblos […] el Estado aparece como único responsable de estas acciones que invariablemente han conducido a la
expropiación (CONAIE-FEPE, 1991: 4).
El primer levantamiento convocó a cientos de miles de indígenas que bloquearon vías, se tomaron
las calles y plazas, dejando al país aislado y a la Policía desbordada. Los indígenas se presentaron
ante la sociedad civil y las fuerzas del orden como un ente colectivo, de objetivos comunes y de
conciencia de grupo, para demandar al gobierno de Rodrigo Borja la solución de los conflictos de
tierras y el rechazo a la segregación. Sus objetivos consistían en el reconocimiento de sus territorios
étnicos, para restaurar los lazos de la identidad indígena y promover un Estado Plurinacional.
Con la presidencia de Durán Ballén se agudizó la conflictividad laboral, conducida por el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT), que radicalizó las reivindicaciones agrarias y medioambientales de
organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (Ortiz,
2011). Este era el resultado esperado del Plan de Modernización —privatización— del Estado. El
vicepresidente Dahik fue acusado de peculado y huyó al extranjero.
En vehemente oposición al «loco que ama», Abdalá Bucaram, la ciudadanía expresó su malestar
desde el 5 de febrero de 1997, «en forma de marchas de protesta, desfiles de denuncia con banderas
nacionales enlutadas y cacerolas vacías, cierre de vías y caminos en los sectores rurales y
activas manifestaciones estudiantiles […] Se calcula que dos millones de habitantes urbanos y otros
tres de campesinos participaron en esa masiva protesta popular, que provocó muertos y herido»
(Núñez, 2011: 348-349).
La actuación de los militares en el derrocamiento de Mahuad fue insigne, pues fueron los agentes
catalizadores del orden social, tras los enfrentamientos políticos que amenazaron con desarmar
al país. Se conformó entonces un Gobierno Popular integrado por: el Presidente de la CONAIE,
Antonio Vargas, Carlos Solórzano Constantine y Lucio Gutiérrez, que «cedió su lugar al general Carlos
Mendoza, jefe del Comando Conjunto, quien, a la madrugada del 22 de enero, entregó el poder
al Vicepresidente de Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano» (Núñez, 2011: 358).
Finalmente, se produjo otro golpe de Estado, que esta vez tuvo como protagonista a la sociedad
civil. Durante ocho días, desde el miércoles 13 hasta el miércoles 20 de abril de 2005, la democracia
bajó a las calles, a las plazas y a las ondas de la radio. Se produjeron movilizaciones masivas,
encuentros de pequeños grupos, asambleas, cacerolazos (Unda, 2005: 129-130); tras el amplio
descontento que había provocado entre la sociedad civil y el enfrentamiento armado con las fuerzas
del orden, el coronel Lucio Gutiérrez fue destituido, cerrando la etapa que pasaría a la historia como
«la larga noche neoliberal».
3. Crisis económica
3.1. Neoliberalismo, salvataje bancario y dolarización
El retorno a la democracia inició con la conclusión de una etapa de ferviente auge económico
debido a las exportaciones del petróleo, que había permitido el desarrollo de infraestructura, educación
y salud; además de un proceso urbano, que había dinamizado las relaciones sociales, sobre todo,
en las zonas rurales. Sin embargo, la caída del precio del petróleo en el mercado exterior y los limitantes
comerciales que impuso la banca internacional provocaron recesiones económicas, restringiendo
a Ecuador los créditos exteriores y ahondado en la deuda interna del país (Hurtado, 2011: 1-14).
Por otra parte, los problemas bélicos con el Perú, las catástrofes naturales: inundaciones, terremotos,
que afectaron al Ecuador generaron gastos no planificados, implicando para el Estado costosas
pérdidas. Pues se perjudicó la producción nacional, en especial, la agrícola; los caminos y vías
fueron destruidos obstaculizando el comercio interno; y las sequías provocaron una elevación en los