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Patricia de la Torre A.
Para dar solución a este problema, en el año 2010, el Presidente Rafael Correa, en ejercicio de
la facultad del artículo 134 (numeral 2) y la Disposición Transitoria 16ta de la Constitución de la República,
remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de «Ley de Fijación de los Límites Territoriales»,
para ser tramitado al interior de la comisión respectiva.152
Este proyecto fue tramitado por la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos,
Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, mediante un proceso de socialización,
que propendió a la resolución de dichos conflictos mediante la utilización de mecanismos
como la negociación directa y la mediación territorial: arbitraje, consulta popular y resolución institucional
(Asamblea Nacional, 2011: 1-4). La Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos resultó
aprobada por el órgano legislativo y se publicó en el RO 934 (suplemento) el 16 de abril de 2013.
Resumiendo, tanto el proceso de delimitación del territorio externo del Estado ecuatoriano
como la delimitación interna entre provincias, cantones y parroquias, evidenciaron la falta de visión
estatal por generar procesos de integración nacional y reconocimientos identitarios.
2. Inestabilidad política e institucional
En palabras de Paz y Miño (2000), los gobiernos de esta etapa, similares a las administraciones plutocráticas
de inicios del siglo XX, estuvieron caracterizados por una preferencia al sector privado,
acompañados de una institucionalización de los partidos que generaron una «clase política», cuyas
prácticas e intereses inmediatistas excluyeron a la población y provocaron una crisis financiera y
estatal.
2.1. Lo privado-local versus lo público-nacional
En estas dos décadas y media de crisis, la confrontación entre los intereses privados de corte
local y los intereses públicos-nacionales empezó su curso apenas iniciado el gobierno de Osvaldo
Hurtado (1981-1984). Por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y las
mafias políticas y económicas del Ecuador, en 1983, el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió
el rol de deudor de elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas; por lo que contrató
créditos en el exterior, directamente con la banca privada internacional, destinados a liquidar los
pagarés (CAIC, s. f.).
El BCE asumió también la deuda externa privada, en el proceso denominado «Sucretización»,
que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano, por un monto acumulado de 4462 millones
de dólares. Los beneficios otorgados al sector privado fueron ampliados en 1984 y 1985, por disposiciones
de la Junta Monetaria, sin autorización legal del Ejecutivo. La falta de control fue una puerta
abierta para que pudieran sucretizarse créditos ficticios y créditos irrecuperables (CAIC, s. f.).
Políticamente débil e ideológicamente proclive a defender los intereses de la burguesía, el
Gobierno de Hurtado se allanó a las presiones nacionales e internacionales y decretó en 1983 la
sucretización de la deuda externa privada. El Banco Central asumió el pago en dólares de esa
deuda, debiendo cobrarla en sucres a los deudores locales, a tres años plazo y con condiciones
financieras muy favorables a estos (Núñez, 2011: 338).
Con este incidente político se constató la fuerte injerencia económica de la banca privada. La
sucretización de la deuda permitió a estas entidades con fines de lucro pagar sus deudas en sucres,
mientras el Estado asumió dichas obligaciones financieras con los acreedores internacionales en
dólares. No obstante, «los recursos no venían a Ecuador sino que se quedaban en la banca acreedora
para el pago de los contratos anteriores. No hubo contabilización en el Banco Central de estos
pagos en el exterior» (CAIC, s. f.). El perjuicio para el Estado fue de unos 1488 millones de dólares
(Tamayo, 2008: 9).
Tal desfase en la política económica ecuatoriana trajo secuelas socioeconómicas en la
población: devaluación de la moneda, alza de los precios en los combustibles, pasajes y víveres
(Tamayo, 2008: 8).
De acuerdo a Tamayo (2008: 7), la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), desde el principio,
contó con el apoyo financiero y político de los propietarios de los grandes medios de difusión,
152 A esa fecha, de los 423 tramos de límites intercantonales e interprovinciales, 225 estaban definidos jurídicamente y 209 tramos estaban indefinidos,
es decir, alrededor del 49% del total. Asimismo, existían cerca de 40 casos controversiales y de ellos 11 casos podían ser considerados conflictivos
por la indefinición de límites o de pertenencia (Asamblea Nacional, 2011: 6).