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Patricia de la Torre A.
Otros organismos del Estado fueron el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio
Público, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de
Compañías y la Junta Nacional de Planificación y Coordinación.
La CP de 1967 conservó la división territorial en provincias, cantones y parroquias. Sin embargo,
se añadió dentro de las parroquias a las Juntas Parroquiales:
En cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial, cuyos miembros serán elegidos por votación popular y directa. Estas
Juntas vigilarán los servicios públicos parroquiales, determinarán obras que interesen a la parroquia y controlarán los fondos
destinados a las obras de su jurisdicción. Tales Juntas elegirán de su seno un presidente. (CP-1967, art. 243)
Se aseguró también la autonomía de los Consejos Provinciales y Municipales y de las Juntas
Parroquiales.
La autonomía que esta Constitución garantiza a los Consejos Provinciales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales,
tanto en lo económico como en lo administrativo, no obsta a su obligación de sujetarse al Plan General de Desarrollo
(CP-1967, art. 245).
Solo por esta vez, los Presidentes de los Consejos Provinciales desempeñaron las funciones del Prefecto,
quienes duraron al igual que los Alcaldes y Consejeros hasta las próximas elecciones:
Los Presidentes de los Consejos Provinciales elegidos de su seno, desempeñarán las funciones de Prefectos, quienes, al
igual que los consejeros, concejales y alcaldes, durarán hasta ser reemplazados mediante las elecciones que se efectuarán
de acuerdo con las normas legales pertinentes. Al consejero que pase a desempeñar la Prefectura lo reemplazará el respectivo
suplente (CP-1967, Disposición Transitoria 9ª).
Finalmente, el presupuesto correspondiente a cada entidad seccional se sujetaba a las necesidades
y obras que cada una de estas necesitaba o poseía. Se instauró también el sistema de rentas
básicas y la facultad legislativa de los Consejos provinciales y Municipalidades por medio de
ordenanzas.
Las obras y servicios públicos nacionales, provinciales y cantonales eran atendidos respectivamente
por el Estado, por el Consejo Provincial y por el Concejo Municipal; para ello, los fondos públicos
se distribuían considerando la capacidad productiva de las correspondientes circunscripciones,
sus necesidades y su coordinación con las exigencias nacionales. Anualmente, previo estudio realizado
por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación (JUNAPLA), el Congreso Nacional distribuía
los fondos públicos según la norma establecida, y esta distribución se tomaba en cuenta para
elaborar el Presupuesto General del Estado.
En dicho Presupuesto se asignaban anualmente a la Municipalidad de Quito fondos suficientes
para atender sus necesidades de Capital del Estado. Para garantizar la autonomía económica
de la provincia y respetando las actuales participaciones en favor de otras entidades, se establecieron
las rentas básicas que ninguna ley posterior podía privar total ni parcialmente: 1) el 10% del
impuesto a la renta en cada provincia, para su Consejo Provincial, 2) impuesto a la propiedad urbana
y el impuesto a las ventas finales que se realicen dentro de cada cantón, para su respectivo Concejo,
3) impuesto predial rústico para las respectivas parroquias rurales. Si los recaudadores del Tesoro
Nacional o las oficinas dependientes de éste cobrasen las rentas antes puntualizadas, las entregarán
a las entidades correspondientes en un plazo que no excederá de treinta días (CP-1967, art. 246). La
facultad legislativa de los Consejos Provinciales y de las Municipalidades se manifestaba en ordenanzas
(CP-1967, art. 247).
No solo los órganos pertenecientes al régimen seccional gozaron de autonomía y estabilidad,
sino también algunas instituciones como la Caja Nacional del Seguro Social, el Banco Central del
Ecuador, el Banco Nacional de Fomento y las personas jurídicas semipúblicas. Se garantizó la
descentralización administrativa y económica de las Juntas de Beneficencia, de las Corporaciones
de Fomento Económico regional y provincial y otras entidades de finalidad social o pública
(CP-1967, art. 256).
Para finalizar, cabe realizar una breve síntesis de los avances jurídicos de las constituciones
presentadas:
• Los trabajadores pasaron al amparo del Estado que prohibió su explotación sin la firma de un contrato previo.
Se les otorgó varios derechos laborales. Llegaron a poseer seguro social.
• Se crearon varias instituciones y organismos con el fin de ejercer un mayor control por parte del Estado,
pese a que en algunos casos no especificaron directamente las atribuciones de éstos.