qMmZFc

LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 129
inalienable e imprescriptible, pero podían otorgarse concesiones para la racional exploración y explotación
de tales minerales o sustancias, con arreglo a la ley (CP-1967, art. 55).
Respecto al trabajo, el Estado garantizó la protección al trabajo agrícola y la seguridad
del campesino, la defensa y promoción del artesanado, como también las demás modalidades
especiales del trabajo (CP-1967, art. 64). Se continuó con la modalidad del contrato para ejercer
un trabajo y nadie pudo ser obligado a trabajar por fuera de esta norma; respecto a la remuneración
del trabajo, este era inembargable, a menos que se tratara del pago de pensiones alimenticias.
El trabajador contó también con un Seguro Social que le permitió protegerse contra
cualquier riesgo.
Se prohibió desempeñar simultáneamente dos cargos públicos –pluriempleo–, sin embargo,
quedaban excluidos de esta norma los profesores de las universidades, de las escuelas politécnicas,
de los planteles de enseñanza secundaria, los telegrafistas y radiotelegrafistas. Asimismo, se
prohibió el nepotismo en la Administración Pública, Función Judicial, instituciones semipúblicas y el
enriquecimiento ilícito, pues al tomar posesión de sus cargos y al retirarse de ellos, los funcionarios
y empleados públicos debían declarar juramentadamente sus bienes. Se reprimió el enriquecimiento
ilícito en el ejercicio de las funciones públicas (CP-1967, art. 78).
En el sector económico, el Estado promovió la creación y el desarrollo de cooperativas para el
mejoramiento de la economía popular, sin menoscabo de la libertad individual ni de la autonomía.
El Estado promovía su creación y desarrollo y la ley suministraba los necesarios elementos técnicos,
administrativos y económicos (CP-1967, art. 87). Por otra parte, también se reguló el abuso de
poder económico por parte de uniones o agrupaciones de empresas que dominaban los mercados
nacionales, eliminaban la competencia o aumentaban arbitrariamente los lucros (CP-1967, art. 89).
En tema de planificación estatal, los planes eran obligatorios, indicativos y orientadores:
Los planes a que se refiere este Capítulo una vez aprobados en la forma establecida por la Constitución, tendrán carácter
obligatorio para el sector público, indicativo y orientador para el privado (CP-1967, art. 96).
En el presupuesto del Estado se puso énfasis en las obras públicas y en los planes de desarrollo. Se
destinó también presupuesto a la educación y a la defensa nacional.
El Presupuesto del Estado se dictará anualmente, y se destinará a la atención de dos servicios
públicos y a la ejecución de programas de desarrollo económico y social (CP-1967, art. 154).
En el Presupuesto se atenderá de preferencia a la educación pública y a la defensa nacional. Se destinará a la educación
no menos del treinta por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Para ello, se incrementarán anualmente las partidas
correspondientes, de manera que en cinco años contados desde la vigencia de esta Constitución se llegue al indicado porcentaje.
Las partidas de Educación no podrán destinarse a otro objeto, salvo el caso de calamidad pública y lo determinado
en el ordinal 5 del Artículo 186 (CP-1967, art. 157).
En el régimen tributario se exigió el establecimiento y pago de impuestos. En el caso del Estado, las
Municipalidades y los Consejos Provinciales, estos podían dejar determinadas rentas en garantía.
Pignoración de rentas públicas: El Estado, las Municipalidades y los Consejos Provinciales podrán comprometer determinadas
rentas en garantía de sus obligaciones, pero en ningún caso cederán al acreedor el derecho a recaudar la renta afectada
(CP-1967, art. 101).
En lo que se refiere al sufragio y su administración la CP de 1967 creó varios organismos para su
desempeño. Sufragio: 1) Tribunal Supremo Electoral, 2) Tribunales Electorales Provinciales y 3) Juntas
Electorales Parroquiales. Administración del sufragio: 1) Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, para el otorgamiento de cédulas y elaboración de los registros correspondientes
(CP-1967, art. 107).
En el ámbito judicial se instauraron los Tribunales de lo Contencioso y el Tribunal Fiscal. Los
primeros con sede en Quito y de jurisdicción en todo el territorio nacional, conocían y decidían
de las cuestiones contencioso-administrativas y contencioso-tributarias. La ley fijaba el número de
Salas y magistrados, determinaba asimismo la organización y funcionamiento (CP-1967, art. 213).
El segundo, por su parte, conocía y decidía de las cuestiones contencioso-tributarias, inclusive las
aduaneras y las que nacieran de la violación de sus leyes tributarias; también, las impugnaciones a
las resoluciones de la Contraloría que establecían responsabilidad económica en materia fiscal, en
la gestión económica estatal, municipal, o de otras instituciones sometidas al control y juzgamiento
de aquella, y las demás cuestiones atribuidas por la ley (CP-1967, art. 216).