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Patricia de la Torre A.
El seguro social, que tiene como fin proteger al asegurado y a su familia en casos de enfermedad, maternidad, invalidez,
vejez, viudez, orfandad, desocupación y demás contingencias de la vida y que se extenderá al mayor número posible de
habitantes del país. Se sostendrá con el aporte equitativo del Estado, de los patronos y de los mismos asegurados. El seguro
social es derecho irrenunciable de los trabajadores, inclusive de los empleados públicos. (CP-1945, art. 149)
Como se precisó anteriormente, durante estos años los sectores trabajadores cobraron importancia
para el gobierno central, el resultado de ello fueron estas innovaciones constitucionales que, en
algunos casos, respondían a las demandas planteadas desde inicios del siglo XX.
Por otro lado, se prohibieron los monopolios y sólo el Estado podía establecerlos mediante
ley para exclusivo interés nacional, mas no estaba facultado para traspasarlos a particulares ni
a compañías extranjeras o nacionales, se fomentó también el establecimiento de montes de piedad
y las instituciones de crédito popular con el fin de mejorar el comercio y la Industria en el país.
Respecto al trabajo en la función pública, el Estado garantizó su entrada según el mérito y la
capacidad. Se estableció la carrera administrativa y se prohibió la remoción de los empleados públicos
sin causa legal.
Posteriormente, tras la segunda presidencia del caudillo José María Velasco Ibarra, se promulgó
la CP de 1946 que entre sus innovaciones constitucionales puso énfasis en la Economía,
por esta razón se creó el Consejo Nacional de Economía para el estudio de los problemas económicos
y orientación de las finanzas del país, su forma de organización y funcionamiento eran
determinados por la ley (CP-1946, art. 79). Medidas emergentes en el ámbito económico eran
consultadas a este organismo, estableciendo así una mejor y más eficaz planificación en asuntos
financieros:
Para dictar Decreto Leyes de Emergencia en el orden económico, el Presidente de la República acudirá al Consejo Nacional
de Economía para que este Organismo indique las medidas que deban adoptarse a fin de normalizar la situación, o para
que determine sobre las que el Ejecutivo propusiere (CP-1946, art. 80).
Respecto al Régimen Seccional, prevaleció la división del territorio en provincias, cantones y parroquias,
cada una con sus autoridades e instituciones. Sin embargo, a diferencia de la anterior constitución,
la CP de 1946 reconoció cierta autonomía, inclusive económica, en los Consejos Provinciales
y en los Municipios:
El Estado garantiza la relativa autonomía de las Provincias, de acuerdo con la Ley. Para la distribución de los egresos
fiscales en dos servicios y obras públicas especiales de las Provincias, se tomarán en cuenta sus necesidades,
la capacidad productora y la distribución de todas y cada una de ellas. La Ley determinará todo lo relacionado
con las Provincias, para el cumplimiento de sus fines económicos y administrativos. (CP-1946, art. 126)
Las Municipalidades son autónomas e independientes de las otras funciones públicas, conforme a lo dispuesto por la Constitución
y las leyes. La Ley determinará sus atribuciones y deberes, y podrá establecer, dentro de las normas constitucionales, distintos
regímenes, atendiendo a la población, recursos económicos e importancia de cada Cantón. Los miembros de las Municipalidades
serán responsables ante los Jueces respectivos por los abusos que cometan colectiva o individualmente. (CP-1946, art. 128)
Ninguna ley posterior podrá privar, en todo ni en parte, a los Municipios, del derecho que tienen sobre el producto del
impuesto a la propiedad urbana. La Ley fijará los impuestos y rentas específicas, de manera que quede garantizada su autonomía
económica. (CP-1946, art. 129)
Tras la Junta Militar de 1963-1966 y la emisión de la Reforma Agraria en 1964, la CP de 1967 se preocupó
por la organización y administración del territorio, tomando en cuenta la estructura de la tierra
con el fin de distribuirla de manera justa y equitativa. El Estado tenía el deber de corregir los defectos
de la estructura agraria, a fin de lograr la justa distribución de la tierra, la más eficaz utilización
del suelo, la expansión de la economía nacional y el mejoramiento de nivel de vida del campesino.
Con tal objeto promovía y ejecutaba planes de reforma agraria, conciliando los intereses de la justicia
social y el desarrollo económico del país, y eliminando las formas precarias de tenencia de la
tierra. El propietario de predios agrarios estaba obligado a explotarlos racionalmente y a asumir la
responsabilidad y dirección personal de la explotación. La extensión máxima y la mínima de la propiedad
agraria eran determinadas por la ley (CP-1967, art. 51).
En el mismo sentido, se instauró una ley para las tierras baldías y abandonadas, en la cual se dictaminó
que serían bienes del Estado las tierras que carecieran de dueño y las que, teniendo dueño, permanecieran
abandonadas más de ocho años consecutivos sin causa legal. Este dominio era imprescriptible,
pero las tierras podían adjudicarse a los particulares con fines de reforma agraria y colonización. Pertenecían
asimismo al Estado: el zócalo y la plataforma submarinos, los minerales y más substancias que
constituían depósitos o concreciones de composición diversa de la del suelo. Este dominio era también