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Patricia de la Torre A.
5. Las constituciones políticas
Durante la etapa 1932-1972, se promulgaron cuatro Constituciones Políticas como resultado del elevado
nivel de inestabilidad política: revoluciones y golpes de Estado.
La Asamblea Constituyente convocada en 1938 por el general Alberto Enríquez, que
designó presidente de la República a Aurelio Mosquera Narváez, no llegó a ser promulgada;
su fecha de vigencia fue del 2 de diciembre de 1938 al 15 de noviembre de 1939. Según Núñez
(2001: 297), esta Constitución afectaba grandes intereses oligárquicos y del capital extranjero.
Por ejemplo, prohibía que fueran candidatos a la presidencia los abogados de compañías
extranjeras, lo cual parecía casi una dedicatoria contra el jefe liberal Carlos Arroyo del Río. Por
ello, el mando liberal buscó impedir la promulgación de esa carta política y disolver la Constituyente
(Núñez, 2011: 297).
Esta constitución quería sentar los precedentes del futuro, especialmente en cuanto se refiere a la legislación social, dando
una orientación positiva a la vida de nuestro país; pero, desgraciadamente, a los pocos días de haberse aprobado esta Carta
Política, una nueva dictadura revivió la Constitución de 1906, ya caduca para la época, con todos los remiendos que con el
tiempo se habían hecho (Icaza, 2013: 246-247).
Posteriormente, la Revolución de La Gloriosa —que derrocó a Arroyo del Río— propició la convocatoria
a la Asamblea Constituyente de 1944-1945, «formada por una mayoría de izquierda […] que se
empeñó en redactar una Constitución progresista, a tono con los anhelos nacionales» (Núñez, 2011:
301). Bajo esta CP, el Estado reconoció el castellano como idioma oficial del Ecuador, y el quichua y
las demás lenguas aborígenes como elementos de la cultura (CP 1945, Art. 5).
Respecto al sufragio, se garantizó la representación de las minorías y, además, se creó el Tribunal
Superior Electoral formado por: un ministro de la Corte Suprema de Justicia, un miembro del
Tribunal de Garantías Constitucionales, dos ciudadanos elegidos por el Congreso y tres representantes
de las tendencias políticas, nombrados en la forma fijada por la ley: uno por los partidos políticos
de derecha, uno por los del centro y uno por los de izquierda (CP 1945, Art. 21). Los miembros
del Tribunal Superior Electoral, con excepción del ministro representante de la Corte Suprema y del
vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, no podían ser los ministros de cualquier religión y
los miembros de comunidades religiosas (CP 1945, Art. 26).
Igualmente a nivel seccional, en provincias, cantones y parroquias, se establecieron organismos
auxiliares subordinados al Tribunal Superior Electoral. En ellos tuvieron representación las tendencias
políticas y, en sus respectivas jurisdicciones, las municipalidades y los consejos provinciales
y parroquiales.
La mayor innovación de esta CP, dentro de la Función Judicial, fue la de instaurar la defensa de
las comunidades indígenas y los trabajadores de escasos recursos económicos; para estos sectores
se establecieron procuradores pagados por el Estado y nombrados por las respectivas Cortes Superiores,
previa terna de las correspondientes organizaciones (CP 1945, Art. 95).
En cuanto al Régimen Administrativo, se conservó la organización del territorio en provincias,
cantones y parroquias, con sus respectivas autoridades: gobernador, jefe político y teniente político.
Sin embargo, por vez primera, el poder público dedicó atención preferente a la defensa y progreso
del archipiélago de Galápagos y las provincias fronterizas del Oriente; para ello se asignaron fondos
especiales del presupuesto del Estado (CP 1945, Art. 98).
Los Consejos Provinciales, que venían funcionando desde años atrás, tenían como objetivos
fundamentales vigorizar las provincias, impulsar su progreso y vincularlas con los organismos centrales
(CP 1945, Art. 99). Además, dos o más consejeros provinciales podían unirse, transitoria o permanentemente,
para alcanzar objetivos comunes o regionales (CP 1945, Art. 101). Respecto a los
Municipios, cuyas rentas excedieran del límite fijado por la ley, se estableció la figura del alcalde para
dirigir la gestión municipal (CP 1945, Art. 103).
Ahora bien, a nivel cantonal y parroquial, las autoridades y las instituciones sufrieron algunos
cambios:
Con el propósito de crear un ambiente propicio al bienestar colectivo y solucionar los problemas
de la vida urbana, cada Concejo Cantonal estaba obligado a tener un plan estable de urbanización,
que debía someterse al desarrollo de las poblaciones. La Ley de Régimen Municipal determinaría
la forma de las expropiaciones necesarias para estos fines. Además, se crearía un organismo
técnico de carácter nacional para coordinar estos planes (CP 1945, Art. 104).