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112 Patricia de la Torre A. del mismo, comprendido dentro de los grados determinados (CP 1929, Art. 75). El Poder Ejecutivo no podía someter al Congreso ningún presupuesto nacional cuyos egresos no estuvieran equilibrados con los ingresos (CP 1929, Art. 101). Si resultaba algún déficit en la liquidación definitiva del presupuesto anual, el Presidente de la República debía presentar al Congreso un mensaje especial explicando las causas del déficit, acompañando al mensaje los documentos justificativos correspondientes (CP 1929, Art. 114). Respecto al manejo institucional, por vez primera en la historia del Ecuador, se creó el Ministerio Público; bajo la suprema dirección del Gobierno, por el Procurador General de la Nación, por los fiscales de los tribunales de Justicia y por los demás funcionarios que designe la ley. Sin embargo, las funciones y atribuciones de esta institución no quedaron especificadas (CP 1929, Art. 134). En lo que se refiere al Régimen Administrativo Interior, el territorio ecuatoriano mantuvo su división político-administrativa en provincias, cantones y parroquias, eliminando al gobernador de la provincia de Pichincha, pero conservando al jefe político en los cantones y al teniente político en las parroquias (CP 1929, Art. 138). Se instauraron, además, Concejos Provinciales en cada capital de provincia, cuyas atribuciones fueron: • Formular el reglamento, según el cual debe ejercer sus atribuciones, y someterlo a la aprobación del Consejo de Estado; • Elegir al Senador a que se refiere el N. o 1 del Artículo 33 de la Constitución; • Ejercer las atribuciones que le confieran la Ley de Elecciones y la de Régimen Municipal; • Vigilar las obras públicas provinciales, cantonales y parroquiales; • Coordinar la acción municipal en forma que esta tenga mayor eficacia y redunde en beneficio de toda la provincia; • Informar al Congreso y al Poder Ejecutivo acerca de las necesidades y mejoras de la respectiva sección; y • Ejercer las demás atribuciones que le concedan las leyes, para el cumplimiento de los fines precedentes (CP 129, Art. 139). Los Concejos Provinciales adquirieron un sólido poder político-administrativo, pues vigilaban las obras públicas en los tres niveles seccionales. Pero también debían rendir cuentas e informar de las necesidades de las secciones al Congreso y al Poder Ejecutivo. La administración de los intereses locales, estuvo a cargo de las Municipalidades, que eran autónomas en el ejercicio de sus funciones e independientes de los otros Poderes Públicos, dentro de la Constitución y de las leyes generales del Estado. Sus miembros eran responsables ante los jueces respectivos por los abusos que cometieran, colectiva o individualmente (CP 1929, Art. 140-141). Por otra parte, el archipiélago de Colón y las provincias de la región Oriental, eran gobernados por leyes y reglamentos especiales. La ley relativa al régimen de las provincias de la región Oriental determinaría, en lo posible, la manera de hacer efectivas para sus habitantes indígenas las garantías constitucionales. La propiedad de estos, si tuvieren establecimientos fijos o se agruparen en poblaciones, sería especialmente respetada (CP 1929, Art. 143-144). En cuanto a las garantías constitucionales, se incorporó el recurso de Habeas Corpus (CP 1929, Art. 151-158). Se concedió el voto a la mujer (CP 1929, Art. 13); incluso, se estableció que el Estado tenía la obligación de dispensarle atención preferente, tendiendo a su liberación económica y que velaría, de modo especial, por su educación profesional técnica, capacitándola, entre otras posibilidades, para que pueda tomar parte activa en la Administración Pública (CP 1929, Art. 168). Si bien los primeros pasos para la construcción del ferrocarril empezaron con García Moreno (1861- 1875) y se concretaron posteriormente con Eloy Alfaro (1896-1911), fue con la CP de 1929 que se instauró una norma constitucional que determinó la continuidad de la construcción del ferrocarril, a partir de la aprobación de los empréstitos parciales autorizados por la Asamblea. Bastaba la aprobación del Consejo de Estado para que el Poder Ejecutivo llevara a ejecución los empréstitos parciales, cuya contratación fuera autorizada por la Asamblea en Leyes de 8, 9 y 14, de enero de aquel año; para las obras del ferrocarril de Puerto Bolívar a Río Amarillo y de la carretera de este punto a la ciudad de Loja, del saneamiento de Guayaquil, el ferrocarril de Sibambe a Cuenca y del ferrocarril de Quito a Esmeraldas (CP 1929, disposiciones transitorias 8). Finalmente, si bien esta CP encauzó institucionalmente a la Revolución Juliana de 1925, al mismo tiempo se desvirtuaron sus fines. No obstante, se sentaron las bases de la actual administración pública nacional, que implicó la formación de nuevas redes estatales mediante nuevas organizaciones, es decir, una política pública nacional.
LOS CONSTRUCTORES DEL ESTADO NACIONAL 1830-2010 113 6. Reflexiones conclusivas El Ecuador de inicios de siglo XX era un país que no solo había cedido frente a las pretensiones expansionistas de sus países vecinos, sino, también, al arbitraje de potencias extranjeras. Era un país carente de soberanía. En cuanto a la delimitación del territorio interno, la administración central tuvo ligeras intenciones en delimitar y controlar la región Amazónica; el proceso de provincialización y cantonización fue parte de esta iniciativa. El siglo XX también configuró el consorcio de intereses entre la banca, principalmente guayaquileña, y los intereses del Estado. La estructura estatal era vista como el espacio donde podían desplegarse libremente las intenciones económicas de los sectores más influyentes del país. Esta estrecha dependencia debilitó el proceso de formación del Estado ecuatoriano. Los partidos políticos, más que ideologías, representaban los vínculos patrimoniales entre las instituciones bancarias y sus intenciones de ocupar el solio presidencial. La prensa local fue un actor activo en estos sucesos. El descontento y malestar en las clases trabajadoras fue el resultado de la agobiante crisis inducida por los abusos de la oligarquía local, enquistada en el poder estatal nacional. El país carecía de una institución de control y regulación de la política y la economía. Isidro Ayora apareció en el punto más alto de la crisis, con el objetivo de recuperar el equilibrio frente al desorden, provocado por las fuertes instituciones bancarias y la impericia de la estructura estatal en ejercer control sobre ellas. Con mano dura y represiva, colocó en orden al país. Esto fue posible gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas; su papel político era sinónimo de estabilidad ante toda la sociedad, pero era aparente porque al interior las divisiones internas eran producto del grado de funcionalidad a los poderes de las élites. Con Ayora, se instauran nítidamente estos árbitros en la incipiente y precaria democracia ecuatoriana.
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El Ecuador de inicios de siglo XX era un país que no solo había cedido frente a las pretensiones<br />
expansionistas de sus países vecinos, sino, también, al arbitraje de potencias extranjeras. Era un<br />
país carente de soberanía. En cuanto a la delimitación del territorio interno, la administración central<br />
tuvo ligeras intenciones en delimitar y controlar la región Amazónica; el proceso de provincialización<br />
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El siglo XX también configuró el consorcio de intereses entre la banca, principalmente guayaquileña,<br />
y los intereses del Estado. La estructura estatal era vista como el espacio donde podían<br />
desplegarse libremente las intenciones económicas de los sectores más influyentes del país. Esta<br />
estrecha dependencia debilitó el proceso de formación del Estado ecuatoriano.<br />
Los partidos políticos, más que ideologías, representaban los vínculos patrimoniales entre las<br />
instituciones bancarias y sus intenciones de ocupar el solio presidencial. La prensa local fue un actor<br />
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agobiante crisis inducida por los abusos de la oligarquía local, enquistada en el poder estatal nacional.<br />
El país carecía de una institución de control y regulación de la política y la economía.<br />
Isidro Ayora apareció en el punto más alto de la crisis, con el objetivo de recuperar el equilibrio<br />
frente al desorden, provocado por las fuertes instituciones bancarias y la impericia de la estructura<br />
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posible gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas; su papel político era sinónimo de estabilidad ante<br />
toda la sociedad, pero era aparente porque al interior las divisiones internas eran producto del grado<br />
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incipiente y precaria democracia ecuatoriana.
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