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Patricia de la Torre A.
del mismo, comprendido dentro de los grados determinados (CP 1929, Art. 75). El Poder Ejecutivo no
podía someter al Congreso ningún presupuesto nacional cuyos egresos no estuvieran equilibrados con
los ingresos (CP 1929, Art. 101). Si resultaba algún déficit en la liquidación definitiva del presupuesto anual,
el Presidente de la República debía presentar al Congreso un mensaje especial explicando las causas del
déficit, acompañando al mensaje los documentos justificativos correspondientes (CP 1929, Art. 114).
Respecto al manejo institucional, por vez primera en la historia del Ecuador, se creó el Ministerio
Público; bajo la suprema dirección del Gobierno, por el Procurador General de la Nación, por los fiscales
de los tribunales de Justicia y por los demás funcionarios que designe la ley. Sin embargo, las funciones
y atribuciones de esta institución no quedaron especificadas (CP 1929, Art. 134).
En lo que se refiere al Régimen Administrativo Interior, el territorio ecuatoriano mantuvo su división
político-administrativa en provincias, cantones y parroquias, eliminando al gobernador de la provincia de
Pichincha, pero conservando al jefe político en los cantones y al teniente político en las parroquias (CP
1929, Art. 138). Se instauraron, además, Concejos Provinciales en cada capital de provincia, cuyas atribuciones
fueron:
• Formular el reglamento, según el cual debe ejercer sus atribuciones, y someterlo a la aprobación del Consejo
de Estado;
• Elegir al Senador a que se refiere el N. o 1 del Artículo 33 de la Constitución;
• Ejercer las atribuciones que le confieran la Ley de Elecciones y la de Régimen Municipal;
• Vigilar las obras públicas provinciales, cantonales y parroquiales;
• Coordinar la acción municipal en forma que esta tenga mayor eficacia y redunde en beneficio de toda la
provincia;
• Informar al Congreso y al Poder Ejecutivo acerca de las necesidades y mejoras de la respectiva sección; y
• Ejercer las demás atribuciones que le concedan las leyes, para el cumplimiento de los fines precedentes
(CP 129, Art. 139).
Los Concejos Provinciales adquirieron un sólido poder político-administrativo, pues vigilaban las obras
públicas en los tres niveles seccionales. Pero también debían rendir cuentas e informar de las necesidades
de las secciones al Congreso y al Poder Ejecutivo. La administración de los intereses locales, estuvo
a cargo de las Municipalidades, que eran autónomas en el ejercicio de sus funciones e independientes
de los otros Poderes Públicos, dentro de la Constitución y de las leyes generales del Estado. Sus miembros
eran responsables ante los jueces respectivos por los abusos que cometieran, colectiva o individualmente
(CP 1929, Art. 140-141).
Por otra parte, el archipiélago de Colón y las provincias de la región Oriental, eran gobernados por
leyes y reglamentos especiales. La ley relativa al régimen de las provincias de la región Oriental determinaría,
en lo posible, la manera de hacer efectivas para sus habitantes indígenas las garantías constitucionales.
La propiedad de estos, si tuvieren establecimientos fijos o se agruparen en poblaciones, sería
especialmente respetada (CP 1929, Art. 143-144).
En cuanto a las garantías constitucionales, se incorporó el recurso de Habeas Corpus (CP 1929,
Art. 151-158). Se concedió el voto a la mujer (CP 1929, Art. 13); incluso, se estableció que el Estado tenía
la obligación de dispensarle atención preferente, tendiendo a su liberación económica y que velaría, de
modo especial, por su educación profesional técnica, capacitándola, entre otras posibilidades, para que
pueda tomar parte activa en la Administración Pública (CP 1929, Art. 168).
Si bien los primeros pasos para la construcción del ferrocarril empezaron con García Moreno (1861-
1875) y se concretaron posteriormente con Eloy Alfaro (1896-1911), fue con la CP de 1929 que se instauró
una norma constitucional que determinó la continuidad de la construcción del ferrocarril, a partir de
la aprobación de los empréstitos parciales autorizados por la Asamblea. Bastaba la aprobación del Consejo
de Estado para que el Poder Ejecutivo llevara a ejecución los empréstitos parciales, cuya contratación
fuera autorizada por la Asamblea en Leyes de 8, 9 y 14, de enero de aquel año; para las obras del
ferrocarril de Puerto Bolívar a Río Amarillo y de la carretera de este punto a la ciudad de Loja, del saneamiento
de Guayaquil, el ferrocarril de Sibambe a Cuenca y del ferrocarril de Quito a Esmeraldas (CP 1929,
disposiciones transitorias 8).
Finalmente, si bien esta CP encauzó institucionalmente a la Revolución Juliana de 1925, al mismo
tiempo se desvirtuaron sus fines. No obstante, se sentaron las bases de la actual administración pública
nacional, que implicó la formación de nuevas redes estatales mediante nuevas organizaciones, es decir,
una política pública nacional.