Monografía Tabaco - Plan Nacional sobre drogas

nes y servicios. Contiene medidas liberalizadoras
para aumentar la competencia
del mercado de tabacos y, flexibilizar los
requisitos exigidos a los distribuidores
mayoristas.
– Real Decreto 1079/2002 de 18 de octubre,
por el que se regulan los contenidos
máximos de nicotina, alquitrán y
monóxido de carbono de los cigarrillos,
el etiquetado de los productos del tabaco,
así como las medidas relativas a ingredientes
y denominaciones de los productos
del tabaco. Regula los contenidos
máximos de alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono, así como su medición; el
etiquetado, que debe especificar los contenidos
en alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono; y las advertencias sanitarias.
Prohíbe el tabaco de uso oral, a excepción
de los productos de fumar y mascar;
así como la utilización de nombres, marcas,
imágenes u otros signos que den la
impresión que un determinado producto
de tabaco es menos nocivo que otros
(por ejemplo, “light” o “mild”).
– Orden SCO/127/2004 de 22 de enero,
por la que se desarrollan los artículos 4
y 6 del Real decreto1079/2002, de 18
de octubre. Define las obligaciones, en
cuanto a contenido y etiquetaje de fabricantes,
importadores y marquistas; define
las características de los laboratorios
autorizados para realizar la verificación de
los productos de tabaco; crea el registro
de laboratorios autorizados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, y señala
deberá realizar la difusión pública de los
resultados.
A pesar de que, en su mayoría, estas leyes
constituyen progresos positivos, globalmente,
la legislación española para el control del
tabaquismo mantiene todavía varios puntos
débiles. Los principales retos en este
ámbito son: la regulación de la fiscalidad
(incremento); la prohibición de la publicidad
y las estrategias de promoción del tabaco;
la regulación de la asistencia a fumadores
para el tratamiento de la dependencia al
tabaco (incluida la financiación de tratamiento
farmacológico indicado); así como la
monitorización y el seguimiento de diversas
previsiones legales, especialmente en lo
referido a los ámbitos de publicidad, regalo y
venta de cigarrillos sueltos a menores, y en
lo que atañe al consumo en espacios públicos.
Finalmente, entre las debilidades en
materia legal, cabe señalar problemas en la
disponibilidad de mecanismos y recursos de
monitorización y control de la aplicación de
la legislación referida al consumo de tabaco
en lugares públicos cerrados (centros de las
administraciones públicas, centros sanitarios,
centros escolares, etc.), salvo en medios de
transporte y gasolineras, incluso en los centros
sanitarios existen todavía situaciones
de incumplimiento que no están siendo
seguidas adecuadamente y de acuerdo a lo
establecido por la legislación vigente.
Legislación de ámbito autonómico. A
parte de otras estrategias educativas, asistenciales
y de sensibilización, emprendidas
en muchas CC.AA., en el ámbito legal, casi
todas los gobiernos de las Comunidades y
Ciudades Autónomas que integran nuestro
país, han desarrollado sus propias regulaciones
sobre prevención y control del tabaquismo
(ver Tabla 1). En su mayoría, se trata de
medidas que refuerzan y, en algunos casos
amplían, la legislación nacional.
Protección de fumadores y no fumadores
La política de prevención y control del
tabaquismo debe garantizar la protección de
toda la población frente a la amenaza que
plantea el tabaco, tanto para la salud de las
personas que fuman como para las que no
lo hacen. Por ello debe contemplar medidas
de protección frente al Aire Contaminado
por Humo de Tabaco (ACHT), y medidas de
información a los consumidores.
Protección de la población frente al
ACHT: medidas de regulación del consumo.
En comparación con la mayoría de
países europeos, España fue un país pionero
en la aprobación de una legislación reguladora
del aire contaminado por humo de
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Condicionantes del consumo de tabaco en España