cn09-056 dictamen que se emite en relación a la consulta ... - AVPD

decisión sobre si se tiene derecho o no a la información y a los datos solicitados
corresponde al propio ayuntamiento, tal como se establece en el punto 3 anterior
que es quien debe valorar la concurrencia de los requisitos exigidos,
independientemente de si formalmente se cumplimenta o no tal formulario.
Por otra, y como también se ha dejado dicho más arriba, el marco general señalado
debe ser objeto de aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias
concurrentes en cada uno de ellos. Así entre dichas circunstancias que deben ser
tenidas en cuenta puede encontrarse la referida al sector o la materia en relación a
la cual se solicite la documentación o información, de tal manera que tal motivación
no sea necesaria o se reduzca a la cita de la normativa que habilita el acceso a la
documentación (como por ejemplo la de medio ambiente o urbanismo).
En definitiva y como conclusión a cuanto se lleva dicho sobre este punto, la decisión
sobre el acceso a la documentación solicitada no puede hacerse depender del
formulario, sino de la concurrencia o no de los requisitos exigidos para tal acceso,
concurrencia cuya valoración corresponde en exclusiva al propio Ayuntamiento
atendiendo a las circunstancias concretas concurrentes en cada supuesto entre las
cuales también se encontrara la materia o sector sobre la que recae la solicitud de
información o documentación.
IV
Por último, respecto a la expresión señalada en la consulta (y lo mismo cabría decir
respeto a la que consta en el formulario referida al deber de sigilo), ya ha tenido
oportunidad esta Agencia en el Dictamen 34/2008, de 19 de septiembre, de señalar
que
Desde luego ha de considerarse una buena práctica la firma de tal “compromiso”
como medio de visualización por parte de los miembros de las Corporaciones
Locales de la creciente importancia que el derecho fundamental a la protección de
datos va ocupando en la sociedad actual y como forma de sensibilizar a dichos
miembros en la necesidad de garantizar éste como un derecho fundamental más
que es.
Pero más allá de tal visualización y/o sensibilización ninguna consecuencia jurídica
arrastra la firma (o la no firma) de tal “compromiso”, ni respecto a los miembros que
no lo firman ni respecto a la corporación cuando lo firmen. Es decir, ni el hecho de
que se firme tal compromiso liberaría en todo caso de responsabilidad a la
corporación para el caso de que ésta realice tratamientos inadecuados, ni el no
firmarlo, evidentemente, haría que la responsabilidad recaiga automáticamente
sobre el miembro de la corporación.
En definitiva, la firma o no de dicho compromiso no altera el régimen de
responsabilidades que, en su caso y desde la perspectiva del derecho fundamental a
la protección de datos de carácter personal, pudieran corresponder bien a los
miembros individuales de la corporación bien a la propia corporación, debiendo
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