cn09-056 dictamen que se emite en relación a la consulta ... - AVPD

Así, no está de más recordar que la propia Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos prevé la posibilidad de limitaciones a dicho derecho, interesando en este
momento la prevista en el artículo 13.1 de la misma, a cuyo tenor
“Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance
de las obligaciones y los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6, en
el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11, y en los artículos 12 y 21
cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguarda de:
6.- una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque
solo sea ocasionalmente con el ejercicio de la autoridad pública en los casos
previstos en las letras c), d) y e).”
Volviendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también se ocupa ésta de
la definición de dichos límites. Así, tiene éste reiteradamente establecido que
“Igualmente es doctrina de este Tribunal que «el derecho a la intimidad no es
absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo
ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte
que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin
legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea
respetuoso con el contenido esencial del derecho» (SSTC 57/1994, F. 6, y
143/1994, F. 6, por todas).”
La propia STC 292/2000 antes citada, en el mismo sentido, establece que
“El derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales
(artículo 6 LOPD) no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos
a terceros, pues constituye una facultad específica que también forma parte del
contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto,
la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines
distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser
compatibles con éstos (artículo 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso
que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe
limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por
tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por Ley,
pues el derecho fundamental a la protección de datos personales no admite
otros límites.”
Así definidos los contornos de ambos derechos fundamentales, y a la vista del
artículo 11.2 a) de la LOPD, de acuerdo con el cual no será preciso el
consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter
personal cuando la cesión esté autorizada en una Ley, puede llegarse a la
conclusión de que el artículo 77 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (LBRL), constituye la norma legal que autoriza la cesión de
datos a los concejales de los Ayuntamientos, sin que por lo tanto, con carácter
general, dicha comunicación de datos sea contraria al derecho fundamental previsto
en el artículo 18.4, respecto a aquellas personas titulares de los datos que serán
objeto de cesión.
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