español - Global Water Partnership

4.4 Marco jurídico e institucional
Para dar cabida a una multiplicidad de grupos es esencial crear unos mecanismos jurídicos que permitan una
representación más eficaz de la comunidad. Los mecanismos jurídicos más importantes para conseguir la
participación del público en ese proceso son:
• Derecho a la información: Implantación de un sistema de información regular, preciso, de amplio
alcance y oportuno
• Derecho a participar: Disposiciones jurídicas que aseguren la participación de todos los interesados
• Responsabilización: Establecimiento de una línea de responsabilidades para los organismos de gestión
de crecidas y atenuación de sus efectos y para la comunidad, así como para los demás interesados
• Transparencia: Garantizar la transparencia de todos los procesos y decisiones
El concepto de GIC conlleva una coordinación activa entre diversos grupos interesados. El intercambio
de información y los contactos en red están considerados como uno de los factores principales en la
eficacia y estabilidad del proceso, y para prever y gestionar conflictos y mejorar la colaboración entre
jurisdicciones y sectores. A tal fin se necesita un marco institucional propicio que facilite, y no obstaculice,
una coordinación, cooperación y colaboración eficaces entre jurisdicciones, departamentos, instituciones,
disciplinas, usuarios y usos. El marco institucional define los cometidos de todos los interesados en la GIC,
y ofrece un mecanismo de coordinación entre organizaciones e instituciones. Como tal, debería facilitar una
perspectiva multidisciplinaria de la gestión de crecidas, tener capacidad para definir responsabilidades, y ser
suficientemente flexible para dar cabida al aprendizaje por la práctica.
4.4.1 Marco jurídico armonizado 53
En el marco de la GIC, las políticas de gestión de crecidas y atenuación de sus efectos, que dependen en
gran medida de un impulso basado en la adopción de los principios de la GIC, deberían tener presentes el
medio ambiente natural y las necesidades y actitudes sociales existentes. Tanto las políticas como el marco
jurídico deberían estar estrechamente vinculados al programa nacional de desarrollo y estar basados en
la idea de sostenibilidad social, económica y ecológica. El proceso participativo puede institucionalizarse
mediante políticas y reglamentaciones apropiadas, asegurando con ello su sostenibilidad y su utilización a
gran escala. Las disposiciones sobre participación comunitaria suelen limitarse a la obligación de revelar,
informar y educar respecto a los riesgos que amenazan a la comunidad. La participación de la comunidad en
la planificación de la preparación es un elemento implícito, pero rara vez ha sido legislada.
En el contexto de la gestión integrada de crecidas existen varios marcos jurídicos que pueden desempeñar
un papel en la participación del público:
• Leyes sobre el agua y sobre cursos de agua
• Leyes sobre gestión de desastres
• Leyes sobre planificación de los usos de la tierra que reglamenten el desarrollo
• Ordenanzas regionales y municipales que obliguen al cumplimiento de normas de edificación y de seguridad
• Leyes sobre gestión de recursos naturales y protección del medio ambiente
• Decretos específicos relativos a la libertad de información
Los marcos jurídicos que estipulan las necesidades para la gestión de desastres y atenuación de sus
efectos definen y legitiman los cometidos y responsabilidades de los organismos gubernamentales
58
Aspectos sociales y participación de los interesados en la gestión integrada de crecidas